El fin de la hegemonía lucifuercista

La crisis desatada por el fin de los subsidios dispuesto por el gobierno nacional fue el pretexto que eligió Juan Schiaretti para terminar con este galimatías.



Por Pablo Esteban Dávila

Luz y Fuerza ha defendido, históricamente, una EPEC endogámica. Su muletilla preferida –“una empresa estatal e integrada”- es una jeringonza que, traducida, significa que los dueños son los gremialistas, no la Provincia de Córdoba.
No debería inferirse una voluntad capitalista detrás de este ánimo apropiador. Los lucifuercistas sólo son propietarios de las ganancias, no de los quebrantos. Son los empresarios de la plata dulce, ajenos por completo a las tribulaciones que impone la adecuada comprensión de los costos. Si EPEC pierde plata, alguien tiene que poner la diferencia. Socializar sus pérdidas entre todos los cordobeses es un doctorado que se aprende en la praxis del sindicato.
El gran problema de esta forma de pensar no es sólo la evidente hipocresía que encierra sino que, por añadidura, es tremendamente onerosa. Mantener la empresa ficticia que sueñan sus trabajadores es imposible, especialmente cuando parte de sus inconsistencias pasan por privilegios laborales de corte medioeval y un sistemático rechazo a la innovación y a la productividad. Esta es una falla tectónica que atraviesa toda su organización y que la condiciona gravemente desde lo financiero.
A modo de justificativo, el gremio insiste con que el gran problema de EPEC es que está mal administrada. Sin esta rémora, se asegura, todo iría viento en popa. El argumento remite al mito russoniano del buen salvaje, sugiriendo que todo lo malo pasa por la política y que la pureza de intenciones sólo es posible de hallar entre sus trabajadores, por definición inocentes de cualquier pecado.
Como todo mito, no sólo es falso, sino que también es indemostrable. Desde 1983 el sindicato repite la misma cosa, como si existiera una conjura universal contra la empresa. Además, el sesgo antipolítico del discurso evidencia un claro desdén por la voluntad popular y los programas de gobierno votados en elecciones libres o en la Legislatura. Sólo ellos saben lo que conviene hacer; en el fondo, se sienten tecnócratas liberados de rendir ningún examen por sus recomendaciones.
Desde el retorno de la democracia, sólo José Manuel de la Sota se atrevió a mencionar las palabras prohibidas por el índex sindical: incorporación de capital privado al negocio eléctrico para hacerlo más eficiente. Sin embargo, el asunto no pasó de un amague. Con el turbulento fin de la convertibilidad cualquier iniciativa privatista se tornó imposible, y fue común observar cómo los mismos peronistas que, en otras jurisdicciones, habían privatizado sus empresas eléctricas, las volvían a estatizar aduciendo los pretextos más extravagantes.
Este telón ideológico mantuvo temas tan centrales como la modernización o los costos aletargados durante muchos años. Luz y Fuerza se valió, precisamente, de esta modorra conceptual para continuar comportándose como el Tío Rico de EPEC, disfrutando las mieles de un convenio colectivo insostenible. Su hegemonía se hizo tan absurda, tan desproporcionada, que hasta se dio el lujo de imponer uno de sus delegados -el hijo de Agustín Tosco, Héctor- como gerente de informática y comunicaciones de la empresa, un caso digno de Harvard.
Un orden de cosas semejante era insostenible, y cualquiera podía darse cuenta. Pero políticos y dirigentes en general callaban ante el temor del caos. Los lucifuercistas nunca se caracterizaron por su razonabilidad o solidaridad pública, especialmente cuando sienten amenazada la propiedad que ostentan de facto. Ponerle el cascabel al gato significaba, en los hechos, tentar al destino y perder el brazo en el intento.
La crisis desatada por el fin de los subsidios dispuesto por el gobierno nacional fue el pretexto que eligió Juan Schiaretti para terminar con este galimatías. Denunció el convenio colectivo y avanzó sobre aspectos que durante mucho tiempo se consideraron tabúes. En el medio, el gremio amenazó, le arrojó piedras y agredió a los funcionarios de la empresa. También se disparó a los pies: al negarse a realizar la “toma de estado” (o, en español, la lectura de los consumos en los medidores), habilitó la excusa perfecta para el Directorio decidiera no abonar sus salarios en tiempo y forma.
Dispuesta a llegar al fondo, la Provincia obró con una mezcla de determinación y prudencia. Desactivó las protestas de las regionales del interior y aisló a los combativos sindicalistas de la ciudad de Córdoba. Reemplazó a Tosco por el ingeniero Luis Balbuena (un experto de amplia experiencia en el sector privado) y amenazó con cesantear a quince empleados por la apropiación de las claves informáticas de la empresa, secuestradas a modo de protesta por aquel desplazamiento. A pesar de que la sangre no llegó al río -Tosco fue restituido a una gerencia de Comunicaciones sin gran importancia y las sanciones fueron dejadas sin efecto- el Panal se salió con la suya. No sólo ganó una pulseada clave, sino que, además, habilitó la posibilidad de la tele medición de los consumos eléctricos, una tecnología que permitirá ahorrar dinero, brindar nuevos servicios e incrementar la eficiencia del ciclo de facturación.
Pero, quizá, el principal logro haya sido el establecer la política de “si no recaudo no pago”. El gremio fue a la huelga y sus afiliados no midieron los consumos. En consecuencia, las facturas no pudieron ser enviadas en tiempo y forma y, previsiblemente, los usuarios dejaron de abonarlas. El resultado fue que, sin ingresos, la empresa incumplió con el pago de los sueldos. A diferencia de otras ocasiones, la Provincia se abstuvo de auxiliarla. “Pidan un préstamo al Banco de Córdoba”, sugirió Schiaretti. La plata de los impuestos no está para financiar la fiesta de Gabriel Suárez y sus seguidores.
Es una forma de pedagogía social. Luz y Fuerza padece un creciente aislamiento, determinado por el malhumor que provocan sus prebendas y el costo creciente de la energía. Los días de su indisputada hegemonía interna parecen estar llegando al final. La tierna imagen de indignados dirigentes gremiales planteando sus agravios al ministro Jorge Triacca es el símbolo de esta realidad. Cuesta creer que se les brinde más consuelo que una promesa genérica de ocuparse del tema. Como integrante del gabinete nacional, Triacca sabe perfectamente que los lucifuercistas son parte del problema, no de la solución. No hará nada que ponga en riesgo los avances del peronista preferido del presidente sobre el gremio, mucho menos reimplantar la vigencia obligatoria de un convenio tan desatinado como gravoso.



Dejar respuesta