Fallo judicial mejoraría cuota cordobesa en Diputados

La Cámara Nacional Electoral se expidió en una acción de amparo iniciada por el legislador Aurelio García Elorrio, mandando al Congreso a actualizar la distribución de bancas en la Cámara Baja.

La Cámara Nacional Electoral dio su visto bueno a un recurso de amparo que exige al Congreso de la Nación modificar la distribución de las bancas de diputados nacionales entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acción judicial fue iniciada en diciembre de 2016 por el legislador provincial Aurelio García Elorrio, principal referente del partido Encuentro Vecinal Córdoba, en los tribunales federales con asiento en nuestra ciudad, pero fue desestimada por el juez Ricardo Bustos Fierro en marzo del año pasado.
García Elorrio decidió entonces apelar a la Cámara, y los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Concuera le dieron la razón. A diferencia de Bustos Fierros, los camaristas entendieron que el legislador sí tiene legitimidad para realizar el planteo, en su carácter de ciudadano cordobés cuya representación se ve perjudicada en la Cámara Baja.
El fallo cuida de no intervenir en la función legislativa, y se limita a “poner en conocimiento de la presente al Congreso de la Nación, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”.
A pesar de ello, la sentencia judicial significa un claro mensaje para los legisladores, al respecto de una discusión que ha sido evitada en numerosas ocasiones, en general por razones “políticamente correctas” y para evitar costos en la opinión pública.

Siete a uno
El diseño constitucional del Poder Legislativo establece características distintivas para cada cámara del Congreso: mientras en el Senado todas las provincias tienen el mismo poder de decisión, con tres votos cada una, en Diputados todos los ciudadanos del país, sin importar su residencia, deberían tener la misma influencia en las decisiones.
Por ello, la distribución de las bancas entre las provincias debería hacerse con un criterio proporcional a la población, de modo que cada escaño represente a una misma cantidad de habitantes. La constitución prescribe al respecto que “el número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
La última vez que se realizó una actualización de la representación fue al inicio de la democracia, tras lo cual se realizaron ya tres censos nacionales, obviados en materia electoral. En aquel momento, el presidente de facto Reynaldo Bignone dispuso que la distribución se haría a razón de “uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500”, agregando además tres diputados para cada distrito y estableciendo un piso de cinco bancas por provincia.
Estas reglas distorsionan la representación, la cual se agrava con el pasar del tiempo, a medida que se modifican las poblaciones de cada provincia y la cantidad de escaños se mantiene fija. Por ejemplo, hoy Córdoba tiene 18 diputados, con una población de más 3,3 millones de habitantes (un diputado cada 183.826 habitantes), mientras que Tierra del Fuego tiene cinco escaños para sus 127 mil habitantes (una banca cada 25.441 personas). Esto implica que con su voto, cada fueguino tiene un poder de influencia en las leyes que se sancionan equivalente al de siete cordobeses.
Sólo con aplicar la “ley Bignone” a las poblaciones actuales, Córdoba pasaría de 18 a 24 bancas, Santa Fe, de 19 a 23, y la provincia de Buenos Aires, de 70 a 100 escaños. Mientras tanto, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja y Catamarca mantendrían sus cinco bancas actuales cada una.
En el Congreso existen hoy dos proyectos de ley vigentes que pretenden dar solución a esta problemática, iniciados respectivamente por la radical Carla Carrizo, miembro del bloque Evolución Radical que preside Martín Lousteau, y por el trotskista Nicolás del Caño, quien volvió a presentar un proyecto de su camarada del PTS, la exdiputada Myriam Bergman.
En octubre del 2016, la última vez que el tema se discutió en la Cámara fue de manera sorpresiva, puesto que no estaba en el temario del día. Dirigentes del Pro empezaron a contactar diputados de los distintos bloques mientras en el recinto se trataba la reforma política, con el objetivo de construir una mayoría transversal que actualizase la distribución de bancas.
El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, presintió que la medida le traería críticas al oficialismo, en relación a un presunto aumento del “gasto” de la política sin legitimación previa. Por ello, uniformó a la bancada radical y logró frenar la actualización.