Dictamen contra el aborto de la Academia Nacional de Derecho

Ante el debate abierto por la existencia de proyectos de ley tendientes a la despenalización del aborto, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba se ha sentido en la necesidad de pronunciarse sobre cuestiones que los legisladores deberían tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan trascendente.



Por Daniel Gentile

Ante el debate abierto por la existencia de proyectos de ley tendientes a la despenalización del aborto, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba se ha sentido en la necesidad de pronunciarse sobre cuestiones que los legisladores deberían tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan trascendente.
En primer lugar, nos recuerdan los académicos que a partir de la reforma de 1994 el orden constitucional argentino reconoce de manera explícita y categórica que el niño por nacer es una persona humana y, como tal, goza de todos los derechos fundamentales que el bloque de constitucionalidad reconoce a todos los habitantes de la nación. Ello es así por imperio del artículo 2 de la ley 23.849, en cuanto dispone que “con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”.
El constituyente reformador –añade el documento de la Academia- no hizo otra cosa que incorporar al texto de la Constitución formal un principio jurídico que ya estaba presente desde hacía más de un siglo en la constitución real. En efecto, el reconocimiento completo e integrativo de la persona física, capaz de subsumir en forma unitaria la vida humana en sí misma considerada y sin solución de continuidad desde la fecundación hasta la muerte, es un mérito del derecho privado latinoamericano del siglo XIX. Dalmacio Vélez Sársfield la transformó en ley escrita en su código civil, cuyo texto se mantiene en el artículo 19 del actual código civil y comercial.
Remarca la Academia que no se puede, sin atentar contra la dignidad humana, legitimar la privación de la vida de un niño por nacer, invocando como “intereses preponderantes” la autonomía personal o la libre disposición del propio cuerpo, cuando lo que confronta con esos intereses de la madre es nada menos que la vida de una persona.
El dictamen de los juristas se apoya también en aportes de las ciencias médicas. En ese sentido, se nos recuerda que la Academia Nacional de Medicina ha sostenido que el embrión humano es un todo singular, constitutivamente distinto de la madre y dotado de una autonomía propia, y que el cigoto se desarrolla enteramente por virtud propia, en cuanto su actividad molecular y celular son guiadas por la información de su propio genoma. Por ello, puede considerarse como una verdad científica de evidencia universal, que existe un único, exclusivo, indivisible, continuo e ininterrumpido proceso vital que comienza en la fecundación y concluye con la muerte, sin que medien diferencias esenciales según el estado de evolución del mismo en las diversas etapas de su desarrollo existencial. En consecuencia, privilegiar de cualquier modo otro derecho o interés por sobre los del niño por nacer, en especial su derecho a vivir, será una afrenta a la Constitución que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe interpretarse armonizando sus normas de manera que no se destruyan entre ellas, y evitando que la tutela de un derecho implique la supresión lisa y llana de otro.
Como la Academia de Derecho de Córdoba no es ajena a la problemática a la que los proyectos de despenalización del aborto pretenden dar respuesta, nos dice que la solución que se ajusta a la Constitución es dar acabado cumplimiento al mandato del inciso 23 del art. 75 de la C.N., estableciendo el régimen de seguridad social especial e integral que proteja al niño y brinde a su madre toda la asistencia de cualquier naturaleza que sea necesaria. Esa norma –concluye el pronunciamiento- es claramente aplicable a todos estos casos, porque cada vez que estemos ante una madre que piensa en la posibilidad de abortar, estaremos también ante un niño en situación de desamparo.
Algunas reflexiones merece este dictamen. En primer lugar, es una clara exhortación a las personas investidas de la calidad de legisladores, recordándoles que lo que está en sus manos es algo más que una ley. Son millones de vidas. Tienen en estos días nuestros congresistas el poder, que parece sobrehumano, de decidir quién tiene derecho a vivir y quién no.
Los académicos, por otra parte, han apuntado al centro de lo que parece ser el argumento más poderoso de los abortistas, que sostienen que el embrión no es persona sino a partir de un momento que arbitrariamente, sin base científica alguna, han fijado.
Por eso, el documento de la Academia subraya que “existe un único, exclusivo, indivisible, continuo e ininterrumpido proceso vital que comienza en la fecundación y concluye al momento de la muerte, sin que medien diferencias esenciales según el estado de evolución del mismo en las diversas etapas de su desarrollo existencial.”
Nuestros juristas además están reclamando rigor y coherencia intelectual a la hora de decidir. Un dictamen como el que han producido, tan meduloso, con tan profundos y estrictos fundamentos legales y científicos, tiene la apariencia de una amonestación dirigida a algunos legisladores que a la hora de los discursos proclaman sin reservas la condición de persona del niño en gestación, pero por motivos que se ignoran no coronan la alocución con un rechazo al proyecto abortista.
Se vive un desagradable clima de politización del debate, en el peor de los sentidos. Se respira un aire parecido a la resignación entre algunos que han defendido la vida, y ahora parecen convencidos de que, un poco más tarde o más temprano, la despenalización será ley, sólo porque ya lo es en otros países y la ola inexorablemente nos llegará. En ese ambiente en el que un proyecto que decidirá vidas parece haberse convertido en una moneda de cambio en la bolsa de valores de la política, la Academia de Derecho de Córdoba se ha puesto seria y propone con su pronunciamiento aportar una cuota de racionalidad al debate de una ley demasiado grave.



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