Conflicto Epec – Luz y Fuerza: Provincia amansa al gremio (¿y lo lleva a la Nación?)

Epec anunció, el pasado lunes, la desvinculación de cinco de sus empleados por haber tomado parte en las agresiones contra en vehículo oficial que transportaba al presidente y al gerente general de la empresa. El gremio, ya sin capacidad de reacción, ensayó ayer una tímida respuesta.

Por Felipe Osman

La empresa estatal a cargo de la energía y el gremio de Luz y Fuerza siguen sumando nuevos episodios al enfrentamiento que sostienen de hace ya casi tres meses –las primeras danzas y contradanzas empezaron el 11 de abril- cuando la compañía decidió denunciar el convenio colectivo lucifurcista, por considerarlo anacrónico y obsoleto, y entender que buena parte de los excesivos costos y la deficiente marcha de Epec encuentra su causa en él.
Y el último capítulo de la contienda muestra una tendencia que se sostiene: la Provincia aparece, cada vez más, como la actora dominante en el conflicto, y como la parte que mejor ha sabido administrarlo, tanto en sus tiempos como en su intensidad. Este lunes, el directorio de Epec resolvió desvincular a cinco empleados que el pasado primero de junio apedrearon el auto en el que viajaban Luis Giovine y Claudio Puértolas, presidente y gerente general de la compañía, respectivamente, cuando llegaban a una audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en uno de sus tantos infructuosos intentos por reconducir el conflicto.
Pero entonces el gremio tenía otros planes, y prefería dilatar las negociaciones todo lo posible para maximizar la efectividad de su principal elemento de presión: demorar las mediciones de consumos domiciliarios hasta producir un desbalance tal en las cuentas de la compañía que, debilitada, diera su brazo a torcer, retrocediendo no sólo en sus intenciones de renegociar el convenio, sino también anulando las resoluciones tomadas por el directorio para eficientizar su funcionamiento.
Paradójicamente, el gremio logró llevar a la empresa a una serie situación de inestabilidad financiera, pero no rentabilizar esta debilidad que, muy lejos de sus predicciones, terminó volviéndose en su contra.
El Panal no acudió, como hasta hace muy poco solía hacerlo, en auxilio de Epec. Y el gremio, acostumbrado a que sus demandas sean atendidas siempre –aún con recursos de la Provincia, cuando los de la empresa no fueran suficientes- vio como su estrategia se volvía en su contra.
Epec anunció que retrasaría el pago de los salarios, las Bonificaciones Anuales por Eficiencia y el aguinaldo. Ante esto, la conducción del sindicato -que ya había atizado a la tropa- no pudo menos que anunciar la mayor medida de coerción con la que cuenta, y fue a un paro por tiempo indeterminado que terminó bajando “gratis”, sin que fueran satisfechas ninguna de sus demandas.
El sindicato desenfundó su arma más fuerte y tuvo que volver a enfundarla. Mostró, entre exaltaciones a la “lucha” y a la “histórica rebeldía” de la que se siente dueño, que encorsetado por la Ley de Servicios Esenciales sus “poder de fuego” ya no es el de antes. Administró mal el conflicto. No supo llevar los tiempos. Y la Provincia (y Epec) supo resistir sus embates hasta que el gremio, sólo, se desarmó.
Los cinco empleados desvinculados de la empresa (Juan Domingo Altamirano, Ulises Vladimir Montoya, Mario Enrique Sariago, Luis Eduardo Calderón y Cristian Luis Uguolini), acostumbrados a que el gremio respalde cualquier accionar que provenga de sus afiliados, seguramente buscarán ahora una respuesta en él, pero se encontraran con un sindicato debilitado, que ya no despierta el mismo fervor entre sus bases, a las que ha llevado a una batalla que viene perdiendo, y obligado a financiar la derrota con sus recibos de sueldo, que se han vuelto más flacos con tantos días de paro.
En la Asamblea General celebrada ayer, la única respuesta del gremio a las medidas adoptadas por el directorio fue declarar su “repudio y rechazo” a las cesantías. Bastante poco. Pero aún así, para no defraudar, dejó algunas afirmaciones realmente desopilantes. Entre ellas, “exigir” al gobernador Juan Schiaretti -cuyo vehículo fue recientemente apedreado durante una protesta del gremio- que “respete la paz social”, e instruir a los trabajadores de la empresa que se desempeñen en bajo la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones a incumplir sus deberes y rechazar las instrucciones de sus superiores, por no estar de acuerdo con la designación del nuevo responsable del área. Cabe destacar que tal designación es una facultad privativa del Directorio.
En estas condiciones, con el gremio “amansado”, la Provincia estudia la posibilidad de declinar la competencia del Ministerio de Trabajo Provincial, consintiendo en que se avoquen a arbitrar la renegociación del convenio las autoridades Nacionales. Pero con la parte gruesa del trabajo ya hecho.



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