Se abre el capítulo judicial en conflicto Epec-Luz y Fuerza

Acorralado ante la decisión de la empresa de tercerizar las tareas de medición, dejándolo sin armas para continuar su protesta, el sindicato lleva ahora la palea a los estrados judiciales. Más precisamente, a Tribunales II, denunciando una presunta “administración fraudulenta”.

Por Felipe Osman

La interminable pulseada que sostienen el sindicato lucifuercista y Epec finalmente ha desbordado los cauces naturales para su resolución. Más aún. A tal punto ha escalado la intensidad del conflicto, que las acusaciones que las partes se lanzan de una a otra trinchera ya ni siquiera tienen demasiado que ver con la cuestión principal -a saber, la reducción de costos o “eficientización” de la empresa-.Este asunto, otrora central, aparece ahora relegado a un segundo plano, dado que las mayores energías están destinadas a cuestionar a la contraparte, a mellar su credibilidad o, simplemente, a agredirla sin que esto conlleve a un fortalecimiento de la posición propia en la disputa.
Ante los anuncios que la compañía estatal realizó esta semana, informando que tercerizaría las tareas de medición de consumos domiciliarios para poder así realizar la facturación y salir del complicadísimo brete en que las medidas de fuerza dispuestas por el sindicato la ha metido, el gremio respondió iniciando una denuncia penal por presunta administración fraudulenta.
Al margen del sustento que puedan –o no- tener estas acusaciones, lo que sorprende es el timing del sindicato para interponerlas. A excepción de que por una (improbable) coincidencia se haya tomado conocimiento de estas supuestas irregularidades justo ahora, parecería lógico pensar que, o son meros artilugios para difamar a los integrantes del directorio o, peor aún, eran conocidos desde hace tiempo, pero no se revelaban para usarlos como un elemento de presión sobre la cúpula de la compañía.
E iguales consideraciones caben a la “contra denuncia” con la que minutos después la empresa respondió al gremio. Aunque, desde luego, los tiempos de la Justicia se encargaran de que, para cuando haya alguna certeza a cerca del basamento de estas acusaciones cruzadas, el conflicto ya sea, cuanto menos, historia reciente.
Lo que si apremia es el desbalance financiero de Epec. A fin de mes la empresa no solamente tiene que afrontar el pago de los salarios, sino también de los aguinaldos y de parte de las BAE aún no abonadas. Las BAE, o Bonificaciones Anuales por Eficiencia, son un concepto extra que los empleados de la compañía cobran, en teoría, por su superlativa “productividad”, aunque en realidad se pagan a (casi) todos los trabajadores, y llegan a representar hasta dos salarios, dependiendo la antigüedad del agente. Otra veleidad del convenio colectivo de Luz y Fuerza.
Pero la empresa ni siquiera ha podido aún realizar la facturación estimativa que el Ersep le autorizó implementar para percibir el pago de los servicios prestados durante el período abril-mayo. Sin fondos, la compañía no podrá enfrentar el pago de su “materia prima” (la energía eléctrica que compra al Sistema Nacional Interconectado), más salarios, aguinaldos y bonificaciones, y el conflicto volverá a recrudecer.
Buena parte de los empleados ha cobrado, según recibos, sueldos muchos más flacos de lo que acostumbran, principalmente, por los descuentos que conllevan los días de paro y el quite de las horas extra. Y a esto debe sumarse que, por los servicios prestados durante el mes de abril, la mayoría de la planta recibió exacciones por el pago del impuesto a las ganancias. Entre ellos, a 97 agentes llegaron recibos de sueldo por $1. Dos de ellos, pertenecientes a la conducción del gremio.
Por lo tanto, un nuevo pico de conflictividad dentro de la disputa parece próximo. Mucho más próximo que el devenir que las denuncias de ayer puedan tener en la Justicia. Y los mecanismos para resolver el problema deberán, del mismo modo, ser muchos más ágiles que los estrados judiciales.
Visto desde esta perspectiva, se advierte que estas acusaciones cruzadas son sólo sobreactuación. No causarán ningún efecto en el corto plazo. Y el corto plazo es el terreno en el cual esta disputa necesita encontrar solución.
Queda por destacar sólo un punto. En la conferencia de prensa que Suárez ofreció ayer, anunció que el paro, que era por tiempo indeterminado, tiene ahora fecha de vencimiento fijada para el próximo martes. No se entiende cómo en respuesta a lo que el gremio considera una agresión (tercerización de las mediciones, separación de Héctor Tosco de la gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones), se pone fecha de caducidad a una medida de fuerza lanzada por tiempo indeterminado. Menos aún, cómo logrará Suárez que sus representados consientan en levantar el paro sin que se haya logrado la más mínima concesión de parte de la Provincia.



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