Aborto: un debate federal, con costos provinciales

Esto sugiere que, pese a la despenalización del aborto en ciernes, buena parte del sector privado de la saludr rehuirá a comprometerse formalmente con el asunto, especialmente en el interior del país. Al menos por un tiempo, estas prácticas no serán bien vistas por una parte importante de sus pacientes.



Por Pablo Esteban Dávila

La media sanción de la ley de despenalización del aborto sigue dando qué hablar. El actual presidente provisorio de la Legislatura y virtual número dos de la provincia de Córdoba, Oscar González, descerrajó ayer declaraciones fuertes sobre el proyecto, totalmente alejadas del distrito de lo políticamente correcto.
González es una palabra autorizada. Más allá de su profesión de médico, fue ministro de salud y diputado nacional. Sus opiniones suelen abrir nuevas perspectivas enlos debates sobre los que muchos consideran que ya se ha dicho todo.
“No es una buena ley”, señaló ante los micrófonos de Cadena 3, afirmando que su génesis fue distraer a la opinión pública y que luego se fue de las manos del gobierno.“El resultado es un pésimo producto legislativo que tiene poco y nada y que tiene que trabajarse con la salud y la educación sexual”.
Sus cuestionamientos, contrariamente a otros que se escuchan, no tienen tanto que ver con el conflicto moral que atraviesa al tema sino con los costos ocultos que conlleva y quiénes deberán afrontarlos. Al respecto, González no duda en afirmar que el impacto será sentido, fundamentalmente, por las provincias, las verdaderas responsables de la salud pública en Argentina. Es un tema nacional, pero con costos -y no solamente económicos- federales.
Tiene razón. La Nación no tiene hospitales -salvo aquellos del tipo escuela, generalmente en manos de las universidades- por lo que serán las jurisdicciones provinciales las que deban cargar con el peso del procedimiento y de su financiación. Las intervenciones, por su parte, tienen una complejidad que deberá ser asumida en su debida magnitud, como cualquier práctica quirúrgica. Para ser seguras requerirán de anestesia general, internación y seguimiento posterior; de lo contrario -conforme la visión del exministro- “costará diferenciarlas de los abortos clandestinos”.
Esta preocupación, y siempre dejando de lado la reflexión moral, adquiere una resonancia mayor cuando se considera algunos aspectos del proyecto que prometen generar polémica.
Uno de ellos es la denominada “objeción de conciencia e ideario institucional”. Tal como está redactada la ley, sólo los médicos pueden argumentar una objeción de conciencia para practicar un aborto. Las instituciones no pueden hacerlo, dado que, técnicamente, no son sujetos humanos.
Sin embargo, la diferencia no es muy clara. Hay clínicas y hospitales fundadas por órdenes religiosas, y otras vinculadas a diferentes credos por diferentes ligámenes societarios. Aunque, en rigor, no pueda hablarse de una conciencia moral subjetiva para sociedades sin fines de lucro o comerciales, no es posible imaginarse a un hospital universitario católico admitiendo que la práctica del aborto en sus instalaciones, por más legal que fuera.
Esto no sólo aplica para nosocomios vinculados a alguna confesión, sino también para aquellos con determinada trayectoria profesional y empresaria. La semana pasada, por caso, el Hospital Privado Universitario de Córdoba alertó que “el proyecto prevé que el incumplimiento pueda derivar en condenas severas de cárcel para los directivos y remite expresamente a normas que establecen el cierre o clausura temporal o definitiva del establecimiento de salud”, y que “las instituciones de salud, creadas y llevadas adelante por personas que persiguen un bien compartido bajo valores comunes, también queremos elegir cómo curar y cuidar a los argentinos con la libertad que hemos tenido hasta ahora”.
La firmeza del hospital privado ha generado que otras clínicas digan lo mismo en muchas partes del país. En otras palabras, que no piensan subirse al “negocio” del aborto. Esto supone un reclamo cierto para que el Senado contemple la objeción de conciencia institucional, hoy prohibida expresamente por el texto que goza de media sanción.
Esto sugiere que, pese a la despenalización del aborto en ciernes, buena parte del sector privado de la saludr rehuirá a comprometerse formalmente con el asunto, especialmente en el interior del país. Al menos por un tiempo, estas prácticas no serán bien vistas por una parte importante de sus pacientes. Serán pocas las clínicas que admitirán públicamente, al menos desde el punto de vista institucional, que sus instalaciones se encuentran abiertas a las posibilidades que ofrecerá la ley.
Si, tal como parece, el sector privado se mostrara renuente, aún aceptando que podrían cobrar estas intervenciones, la demanda se volcará mayoritariamente sobre el sistema público, obligado por su naturaleza a acatar la legislación. Esto no sólo supondrá recursos en camas y equipos de salud, sino que, también, obligará a sus autoridades a establecer protocolos para atender a las pacientes que expresen su voluntad de abortar. El asunto podría reputarse como perteneciente a la jurisdicción de la más fría burocracia, pero no es tan así.
Tómese, a guisa de ejemplo, lo sucedido con el “aborto no punible”, actualmente establecido por el artículo 86, inciso 2 del Código Penal de la Nación. Es un aborto legal, al cual tiene derecho cualquier mujer que haya sido violada, conforme lo ha dispuesto la Corte Suprema. Sin embargo, el protocolo dictado hace tiempo por el Ministerio de Salud de la provincia se encuentra frenado por un amparo presentado por la ONG Portal de Belén desde 2012. Si esto ocurre con una norma que data de 1921… ¿podría imaginarse lo que sucederá cuando se intente hacer lo propio con la nueva ley?
Lloverán amparos. Esto es lo que ocurrirá. Ni el inevitable decreto reglamentario podrá detenerlos, ni quienes los patrocinen ni a las dudas generales sobre lo que sobrevendrá. Es posible que González se encuentre imaginando todo este escenario, cuyas principales batallas, y más allá de las escaramuzas iniciales, se dirimirán en los nosocomios provinciales y sus equipos de salud, algo difícilmente imaginado por los promotores de la ley ni, mucho menos, por el presidente de la Nación.
Al final será la Corte Suprema, el único legislador realmente inapelable que tiene el país, la que resuelva el asunto y con sus plazos. Pero mientras se substancie el proceso y se agoten todas las instancias, serán los gobernadores y sus ministros los que deberán ir poniendo la cara sobre las presiones que, de seguro, recibirán de uno y otro sector. Porque la ley existirá objetivamente y deberán cumplirla, pero también porque tendrán que afrontar los inevitables vacíos que contendrá y que no siempre serán fáciles de llenar con protocolos supuestamente asépticos y aplicables erga omnes.



Dejar respuesta