Previsible naufragio de la causa “Time Warp”

La hiperactividad del fiscal Federico Delgado tuvo secuelas. Fue apartado del caso hace un año y ahora podría tener que afrontar las consecuencias de su precipitación.



En abril del 2016 cinco jóvenes fallecieron en la fiesta electrónica Time Warp, en la ciudad de Buenos Aires, por consumir una variedad de éxtasis conocida como“superman”.
El triste suceso generó hiperactividad judicial y la posición del fiscal Federico Delgado sobre lo acontecido fue inflexible: apuntó contra los organizadores del evento y pidió la elevación a juicio en tiempo récord.
El agente no fue el único apresurado. A 30 días del hecho, el juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al abogado Víctor Stinfale; al presidente de la firma Dell Producciones; a los apoderados de la empresa; al responsable de los accesos al evento y al asesor artístico, como coautores de comercio de estupefacientes agravado y abandono de personas seguido de muerte. Poco después, las privaciones de libertad se revocaron y se modificó la calificación legal.
En marzo del 2017, la investigación quedó estancada, ya que la Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a la recusación presentada por Stinfale y apartó a Delgado, al entender que no procedió con objetividad y que se precipitó al reclamar el debate oral mientras había medidas de prueba pendientes.
Además de enrostrarle desinterés por el descubrimiento de la verdad, el tribunal subrayó su poca capacidad para ajustarse al trámite del expediente y su indiferencia hacia otras partes del proceso.
En tanto, la semana pasada, el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a Delgado a declarar porque, presuntamente, difundió datos sensibles de la causa mientras estaba bajo secreto de sumario. Sin embargo, el magistrado suspendió la indagatoria – que iba a concretarse el 19 de junio- a raíz del pedido de nulidad presentado por el letrado del funcionario y de la recusación que promovió en su contra, por parcialidad manifiesta.
Si De Giorgi rechaza los planteos de la defensa, la Cámara definirá la situación.
Sin fiscal ni juez (Casanello también fue apartado), las actuaciones están paralizadas, una circunstancia previsible, ya que desde el comienzo de la pesquisa los investigadores dejaron de lado una variable central: la decisión que tomaron los adultos involucrados, que ingirieron las drogas que acabaron con sus vidas de manera voluntaria, luego de adquirirlas por un precio.
Aunque es muy probable que los daños hubieran sido menores (o inexistentes) con mayores controles y previsiones por parte de los organizadores del evento y de las autoridades gubernamentales, la Justicia, la política y la prensa partieron de la premisa de que todo se trató de un plan criminal y trabajaron casi exclusivamente en esa dirección.
Le necesidad de los dirigentes, de los funcionarios judiciales y de los periodistas de legitimarse ante el público –especialmente, el de las clases medias y altas- llevó a que abordaran el triste suceso sin tomar en cuenta las acciones privadas de las víctimas y las consecuencias de sus actos.
Todos pidieron que cayeran cabezas y más control del Estado, pero no sopesaron los costos económicos y sociales y, fundamentalmente, el impacto de sus reclamos en la esfera de las libertades individuales.
Cabe recordar que una medida cuestionable que se dictó a poco de comenzar la instrucción fue el allanamiento de las oficinas de la agencia de viajes cordobesa “Próxima Estación”.
Casanello justificó la orden porque uno de los fallecidos vivía en Córdoba.
Más de 100 personas viajaron desde la ciudad para asistir a la fiesta y uno de los objetivos del juez fue acceder al listado de pasajeros. Por eso se secuestraron documentos, agendas, notebooks y elementos de archivos de datos vinculados a la gente que se trasladó a Buenos Aires
Si se toma en cuenta que la principal hipótesis de los ex investigadores es que la droga que ocasionó los decesos se compró y se consumió dentro de la Time Warp y que no se detectó ningún hilo conductor entre las víctimas, cuesta entender qué fundamento tuvo semejante avance sobre la privacidad de ciudadanos sin relación con los hechos investigados.



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