Aumento del boleto: polémico, pero con buen “timing”

Bloques opositores interpusieron ayer un amparo ante la Justicia cuestionando el aumento del boleto y la delegación de facultades que habilitó al intendente a realizarla por decreto. La presentación, de dudosa efectividad, probablemente haya estado más destinada a buscar impacto electoral. Pero la delegación cumplió su objetivo: casi nadie habla del tema.



Por Felipe Osman

Ediles del bloque Vamos, Fuerza de la Gente, Unión por Córdoba y Pensando en Córdoba interpusieron ayer una acción de amparo en Tribunales I, con la intención de frenar el aumento del boleto de transporte que Ramón Mestre concedió el viernes -por decreto- a las prestadoras, y que empezó a regir desde el domingo.
La presentación, que difícilmente hubiera podido cuestionar la actualización tarifaria, por estar prevista en el contrato que vincula a las empresas con la Municipalidad ante una suba en los costos superior al 10 por ciento, está dirigida contra la delegación que el Concejo Deliberante hizo a favor del intendente, para que éste pudiera decidir por decreto las actualizaciones.
Esta delegación fue sancionada por el Legislativo municipal en noviembre del año pasado, conjuntamente con el anterior aumento del boleto. En tal oportunidad, se introdujo en el artículo 17 de la ordenanza 12.726 la posibilidad de que el Ejecutivo dispusiera nuevas “adecuaciones” de la tarifa, y “por el término de un año” desde su sanción.
Pero, ¿por qué buscar una delegación del Concejo para otorgar el aumento del boleto, cuando pocos (o casi nulos) cuestionamientos pudieran haber sido planteados por la oposición al estar las actualizaciones tarifarias contempladas en el contrato?
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la delegación se dio en noviembre del año pasado, cuando Mestre (en parte, por su propia impericia) no gozaba del beneficio que otorga la “cláusula de gobernabilidad”, a saber, de “la mitad más una de las bancas” en el Concejo. Por su propia impericia, decimos, por dar una banca, por ejemplo, a Laura Sesma, que más temprano que tarde decidió inaugurar su bloque unipersonal (si se permite el oxímoron) Socialdemócrata, condicionando al oficialismo en cada votación.
Recuérdese, por ejemplo, la votación en la que fueron aprobados los pliegos licitatorios del servicio de recolección. En tal oportunidad Sesma no quiso acompañar al oficialismo, y terminó condicionando su voto favorable a que el resto de la bancada consintiera en respaldar su proyecto de marco regulatorio para la prestación del servicio.
Pero las desventuras de Sesma no son los únicos condicionamientos que Juntos por Córdoba tiene en su bancada, también deben tenerse en cuenta la permanente tensión entre mestristas y nicolacistas en el Concejo e, incluso, algunas desavenencias con los ediles que el Pro llevó al interbloque.
La delegación, entonces, no buscaría tanto eludir las negociaciones con extraños, sino más bien con los propios.
Por otro lado, actualizar la tarifa por decreto permite al intendente esquivar el tratamiento del asunto en el Concejo, en donde la oposición buscaría rentabilizar al máximo la antipatía que despierta entre los vecinos un proyecto del Ejecutivo para aumentar el precio del boleto.
Pero principalmente, la delegación dio un beneficio central a Mestre: le permitió manejar los tiempos. Y lo hizo bien. El anuncio del aumento llegó en la tarde del viernes pasado. Después de eso: el fin de semana, la continuación del paro de Luz y Fuerza (previamente anunciado), y una semana cuya atención pública estaría (casi) privativamente abocada a la votación del proyecto de legalización del aborto en Diputados, este miércoles, y, más aún, al comienzo del Campeonato Mundial de futbol.

Amparo
La acción de amparo que los concejales opositores llevaron a la Justicia se funda, principalmente, en el artículo 67 de la Carta Orgánica, que prohíbe la delegación de funciones legislativas en el Departamento Ejecutivo. Sin embargo, a continuación la norma estable que tal delegación podrá darse en “materias determinadas de administración (…) con plazo fijado para su ejercicio”.
El artículo cuestionado (17 de la ordenanza 12.726) dispone que la delegación es específica para disponer actualizaciones en la tarifa del transporte, y que sólo podrá ser ejercida en el término de un año a partir de su sanción.
Al margen de lo que la Justicia pueda resolver, la inconstitucionalidad de la delegación no parece –cuanto menos- evidente. Sin embargo, más allá del efecto jurídico que los concejales opositores esperen del recurso, el anuncio de su interposición parece haber sido el único rédito político posible de obtener. Y la única vía –aunque no muy eficiente- de alcanzar un espacio de visibilidad pública desde el cual atacar al aumento del boleto que, aunque fue desprolijo, Mestre polémico con buen “timing”.



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