Vega-Caputo no arrancó y ya tiene los números en rojo

Proyectaría pérdidas por cuatro millones de pesos mensuales

Por Yanina Passero
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El primer día de octubre de 2018 marcaría un antes y un después en la historia de experimentos, soluciones parciales y fracasos que rodearon el servicio de higiene urbana de las últimas dos décadas. El intendente Ramón Mestre formó parte de ese periplo. Sin embargo, la semana pasada, anunció la concesión de la recolección mecanizada de residuos a Lusa, Tosa-Cotreco y Vega-Caputo, por un plazo de ocho años, extensible a 10.
El responsable del Palacio 6 de Julio ponderó el final feliz de su gestión en el rubro. Destacó la rebaja de 375 millones de pesos de la oferta original presentada por las interesadas, dos de ellas conocidas por los vecinos desde 2012, cuando la estatal Crese tercerizó la prestación. Tampoco pudo disimular su alivio: logró lo que sus antecesores no pudieron o prefirieron evitar.
Luis Juez renovó a Cliba el contrato de manera directa y su ex compañero de fórmula, Daniel Giacomino, cuando recaló en el despacho principal municipalizó el servicio al 100%. Mestre apostaba a la privatización, idea que cambió a fuerza de porrazos. El Esop –ente municipal- tiene bajo su órbita el barrido manual; también el predio de enterramiento de Piedras Blancas hasta que la Justicia determine si pueden iniciarse las obras en el terreno expropiado por la Provincia entre las rutas 5 y 36. A la espera se encuentra Cormecor, ente intermunicipal, y las empresas que ganaron la licitación para la instalación de la planta y el tratamiento de los desperdicios.
¿Fin de la historia? No. El secretario de Economía de la Municipalidad, Hugo Romero, está a las corridas. Aún existen algunos cabos sueltos que exigen un buen estado físico al funcionario mestrista. La reestructuración del servicio con el pase de empleados es uno de ellos: Cotreco tomará 390; Lusa 400 y a Vega-Caputo pasarán dos centenas. El pago de la última cuota de indemnizaciones al personal es otro elemento que encabeza la lista de “pendientes”.
La agenda de tareas se completa con un ¿error? de cálculo que obliga al staff municipal a mantener la guardia alta. Sucede que la UTE asociada al empresario amigo del presidente Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, calculó la propuesta económica tomando como referencia el convenio colectivo de Camioneros y no el del Surrbac. Hasta allí, noticia vieja.
Trascendió de fuentes inobjetables que es actualmente tema de conversación entre la nueva prestadora en el microcentro y el Ejecutivo municipal. A la oferta confeccionada con precios vencidos por la avanzada de la inflación, los de octubre de 2017, se suma el “gasto extra” que implicará a Vega-Caputo las condiciones laborales de la plaza a la que desembarcaría.
En términos simples, la unión empresaria ofertó 70 mil pesos por empleado, mientras que las dos competidoras, 100 mil pesos. Los montos incluyen sueldos, impuestos, seguros, cargas sociales, entre otras responsabilidades patronales. En porcentajes, 32% menos que Lusa y un 33% menos que Tosa-Cotreco.
Se da por descontado que la Municipalidad exigirá que se respete la oferta y que el Surrbac, bajo ninguna circunstancia, permitirá la aplicación de condiciones que no sean las que emanan de su convenio. Trascendió que Vega-Caputo proyectaría una pérdida de cuatro millones de pesos mensuales en este contexto.
¿Amenaza con abandonar la plaza? Esta hipótesis puede parecer tan apresurada como descabellada, por ahora. Si la participación de Vega-Caputo se asociaba con una estrategia del Ejecutivo para regular el precio de Lusa y Cotreco, la conjetura quedó vacía de sentido cuando sorteó cada una de las exigencias del proceso licitatorio y Mestre justificó la participación de tres compañías como una claro estímulo a la competencia. No obstante, con toda seguridad puede inferirse que un debut con números en rojo huele a problemas.



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