Abogados locales pegados en la trama “Maldonado”

El Ministerio de Seguridad reclama precisiones sobre el accionar de los letrados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. Ambos intentaron levantar su perfil profesional durante la instrucción del caso y se trasladaron a la Patagonia alegando que integraban la APDH, pero fueron desmentidos por el organismo.



Las dudas sobre las verdaderas motivaciones de los familiares, allegados y “militantes” de la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago Maldonado no son nuevas. Ya mientras se intentaba dar con el paradero del joven, la fiscal de caso, Silvina Ávila, apuntó a su entorno y habló de escasa cooperación.
La funcionaria reconoció ese cuadro poco después de propiciar y conseguir que el primer juez de la causa, Guido Otranto, recaratulara el expediente como DF. Lo hizo en el informe que le remitió al Ministerio de Justicia, en el cual indicó que no había razones para afirmar que Maldonado estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad y que carecía de pruebas para conectar a la Gendarmería Nacional con el caso.
En la misma oportunidad describió un escenario de poca colaboración por parte de los principales interesados en la localización del artesano y admitió que no fue fácil recolectar elementos probatorios.
En tanto, admitió que el procedimiento desplegado para averiguar si cruzó el Río Chubut el 1 de agosto se frustró por la resistencia de la comunidad mapuche a permitir que los perros lo revisaran. Cabe recordar que la urgencia por encontrar al joven cedió ante la importancia de respetar un “territorio sagrado” y que las querellas no objetaron la postura de los pobladores del lugar.
En suma, la entonces subordinada de Alejandra Gils Carbó y miembro de Justicia Legítima no apuntaló la única hipótesis que el kirchnerismo y sus aliados plateaban como posible. No obstante, el tenor del documento que elaboró la agente de Esquel no generó interés en los sectores que explotaron la penosa situación en la previa de las elecciones legislativas, y las marchas y reclamos siguieron organizándose bajo la consigna “El Estado es responsable”.
Sobre el final del año, ya con Eduardo Casal encabezando la Procuración, la subrogante le reclamó sin éxito a Lleral que nominara el expediente como muerte dudosa, argumentando que no había pruebas para sostener la figura de la desaparición forzada.
En tanto, el mes pasado apeló el fallo del magistrado que ordena destruir las grabaciones obtenidas por la intervención de los celulares de Sergio Maldonado; de Claudia Pilquiman (la madre del “Testigo E”); de Ariel Garzi (amigo del artesano) y de una militante vinculada a la comunidad mapuche.
Sin medias tintas, la investigadora apuntó al entorno del tatuador. Planteó que hubo un plan para entorpecer su búsqueda y subrayó que el material debe resguardarse porque se trata de denunciados por dar testimonios y pistas falsos que podrían ser fundamentales para desentrañar cómo se desarrolló la operación, si la hubo.
También criticó al juez y objetó que las grabaciones no estuvieran a su disposición. “No se sabe si la reticencia del magistrado responde a que perdió los discos compactos o a que no quiere que esta parte acceda a la prueba. Cualquiera de esas situaciones demostraría irregularidades de gravedad institucional”, disparó.
En la sospechosa trama “Maldonado” figuran dos letrados cordobeses vinculados al kirchnerismo que intentaron levantaron su perfil profesional durante la instrucción del caso y que, en su momento, se presentaron en la Patagonia como integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), una pertenencia que el organismo a nivel nacional desmintió.
Se trata de Fernando Cabaleiro y de Carlos González Quintana. Pertenecen a la ONG Naturaleza de Derecho y son asesores de la Comunidad Cannábica de Córdoba. Ambos fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad, que le reclamó al juez Lleral que brinde precisiones sobre su comportamiento.
Los abogados ya estaban en la mira de la Ávila. En los registros que la fiscal busca blindar Cabaleiro fue grabado conversando con el amigo del Maldonado, Garzi, sobre los pormenores de su testimonio. Uno de los puntos críticos se relaciona con el estado del río y demostraría que los mapuches, los letrados y los patrocinantes de la familia Maldonado sabían que era profundo.
Asimismo, el material en cuestión acreditaría que no tuvieron contacto directo con el “Testigo E” (la última persona en ver con vida a Santiago), tal como declararon en el informe que enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que otros hablaban por el joven.
Las afirmaciones de los abogados ante la comisión, narrando hechos de suma gravedad supuestamente cometidos por el Estado y dando por probado que Maldonado fue víctima de un delito de lesa humanidad, implicaron el dictado de cautelares que si bien fueron levantadas en enero de 2018 tuvieron repercusión nacional e internacional
El panorama para los abogados es complejo, ya que generaron enormes gastos operativos al entregar información no veraz y demorar la marcha de la pesquisa.



1 Comentario

  1. ¡Estos bogas chantas se va a tener que fumar un «fassso» y pensar como van a pasar sus futuros dìas! ¡Ah, esperemos que no se olviden de mencionar a uno de los que sería su asesor mas encumbrado, Horacio Verbitsky. La declaración de Gonzalez Quintana no habrìa tenido tanta repercusión MUNDIAL sino no hubiese mediado la participación del Perro y de sus «asociados», Telesur incluida y hasta PODEMOS España.

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