El laberinto de la economía suma el capítulo de las tarifas

Desde el 25 de abril hasta hoy la sensación general no es que la situación se superó y mejorará sino que hay una percepción de que lo peor puede estar por venir. Hace un mes los problemas que se venían marcando en el plano económico tuvieron su emergente cambiario y se produjo una devaluación abrupta.

Por Gabriela Origlia

Mientras el Gobierno sigue analizando por dónde vendrá el ajuste –hasta ahora hay planteos, reuniones y proyectos de achique administrativo pero nada concreto- el Senado se encaminaba al cierre de esta edición a aprobar un cambio en la política tarifaria que empuja el déficit fiscal a 3,3%. Aunque el presidente Mauricio Macri ya anunció que lo vetará es una muestra de cómo funciona la política en Argentina.
Hasta ahora todos los acuerdos a los que llegaron el oficialismo y el peronismo no implicaron ajuste; el único que fue en ese sentido fue el de la reforma (a medias) del sistema previsional y terminó en escándalo con alto costo político para todos.
bsolutamente irresponsable” desde el punto de vista fiscal la iniciativa que retrotrae las tarifas a noviembre y las actualiza en función de la evolución salarial. El oficialismo hizo varios intentos y fue y volvió sobre sus pasos, hasta que terminó proponiendo parte de lo que algunos gobernadores le habían sugerido: bajar IVA sobre servicios y compartir el costo fiscal. El senador Miguel Angel Pichetto los despachó con un “es tarde”.
Hace un mes los problemas que se venían marcando en el plano económico tuvieron su emergente cambiario y se produjo una devaluación abrupta. El contexto internacional terminó de complicar el frente interno y, en lo político, empezaron a exteriorizarse las tensiones internas en Cambiemos y del oficialismo con la oposición.
Desde el 25 de abril hasta hoy la sensación general no es que la situación se superó y mejorará sino que hay una percepción de que lo peor puede estar por venir. Y, ya se sabe, que en la economía –como en cualquier otro ámbito de la vida- las profecías suelen autocumplirse.
La historia argentina tiene varios registros acerca de que cuando el ajuste no se hace de manera ordenada lo termina realizando la devaluación y la inflación con la consecuencia de un impacto social más profundo y con respuestas más desordenadas por parte del Estado.
El sociólogo Alejandro Katz remarca que el valor de la deliberación y de la democracia fuera de la hora del voto a veces no termina de ser aceptado por el Gobierno: “Designa ministros de la Corte Suprema por decreto y después acepta que es mejor que se debata; fija un plan de tarifas por decreto y media hora después acepta que la audiencia pública es mejor. En vez de media hora después debería hacerlo media hora antes”.
En esa línea, aconseja reforzar una conversación pública sobre temas críticos y no echar mano a esa herramienta cuando el agua empieza a subir. Katz apunta que el rol de los pronósticos en el accionar de la gente cobra importancia por la “incertidumbre que provoca no saber qué hará el otro”.
Lo cierto es que hoy, a un mes del inicio de las turbulencias económicas-financieras-políticas, la sociedad no tiene un pronóstico claro de qué piensa hacer el Gobierno. “Recortar el déficit” es un enunciado no una hoja de ruta; los cómo siguen en duda y entonces las miradas giran hacia el Fondo Monetario Internacional con el temor de que la decisión final esté en manos de ese organismo.
Hubo pronósticos de economistas –a los que desde el Gobierno calificaron de “plateístas”- que sí se dieron: el atraso cambiario como ancla de la inflación no funcionó y la reducción del rojo fiscal sólo por vía del corte de subsidios no alcanzó.
Respecto de las tarifas, en su momento Martín Lousteau propuso que la suba fuera cada trimestre se mire la inflación, y se suba un 6% más el gas y un 8% la electricidad. Con ese procedimiento en ocho años se resolvía el problema. El oficialismo entendió que más rápido era mejor –es el único ámbito donde no aplicó el gradualismo- y lo que era una solución se convirtió en un problema, no por la ley que aprobará el Senado sino por el impacto en la actividad y por el desgaste político.