Sin una clara estrategia macrista, avanza temeraria ley anti-tarifas

Cuando se apruebe esta ley, decididamente irresponsable e inconstitucional, el presidente podrá mostrar un gesto de autoridad y señalar al peronismo como un factor de desestabilización. Estaría en su derecho. O, en lugar de ello, podría limitarse a vetarla y, por lo bajo, tratar de acordar un atajo institucional para evitar otra situación semejante.

Por Pablo Esteban Dávila

Lo intentó, pero no pudo. Al cabo de electrizantes jornadas de presiones explícitas y mensajes cruzados, el presidente Mauricio Macri no logró evitar que el mayoritario bloque peronista en el Senado de la Nación desactive el proyecto ya sancionado en Diputados, que pretende retrotraer los valores de las tarifas de la energía a fines de 2017 y reactualizarlos por el índice salarial.
Es un triste epílogo para la zigzagueante política ejecutada por la Casa Rosada para evitar el desenlace que tendrá este proyecto hoy, cuando los senadores se reúnan para, previsiblemente, aprobarlo.
Hay que retrotraerse un tiempo para ver el cuadro en su verdadera dimensión. A principios de este mes, los diputados peronistas, en todas sus versiones, se pusieron de acuerdo para presentar y aprobar un proyecto que limitase los incrementos tarifarios anunciados por el ministro Juan José Aranguren.
La primera reacción del gobierno fue asegurar que el presidente vetaría la ley si resultase aprobada, pero, consciente de que el costo político a pagar sería importante, se intentó posteriormente que los gobernadores opositores tratasen de desactivarlo antes de que llegara al hemiciclo.
Tanto Juan Manuel Urtubey como Juan Schiaretti fueron explícitos en sostener que la materia tarifaria es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo y que el Congreso no tiene la facultad para inmiscuirse en el asunto. El cordobés fue incluso más allá, advirtiendo a sus propios compañeros que el peronismo no debería caer en la tentación del cogobierno. No obstante, sus recomendaciones fueron en balde; el proyecto fue aprobado el 9 de mayo por una alianza ad hoc que incluyó al bloque de los K.
Los propios diputados de Unión por Córdoba acompañaron la iniciativa. Fue un gesto que algunos interpretaron como un motín contra el gobernador pero que, en realidad, se trató de una vendetta en represalia por ciertas jugadas políticas de Cambiemos que no resultaron del agrado del Centro Cívico. Fue notoria la falta de coordinación local con las necesidades del presidente en un momento tan aciago.
A pesar del desacople, Schiaretti intentó un salvataje. Propuso reducir el IVA a las facturas de energía por un año, habida cuenta que, debido al incremento anunciado, el gobierno recaudaría por este impuesto un monto mucho mayor que con el anterior esquema de precios. El costo fiscal sería próximo a cero y la situación de los consumidores se vería aliviada. Además, las propias provincias deberían aceptar parte del esfuerzo, ya que el IVA es coparticipable.
No parecía una mala idea, pero la Casa Rosada la rechazó de plano. “De aprobarse habrá veto”, se señaló una vez más. Palo y a la bolsa. Los gobernadores que acompañaban la propuesta cordobesa quedaron desautorizados ante la intransigencia de la Casa Rosada.
Pero, mientras esperaban el decurso de las cosas, las dudas carcomían a los operadores cambiemitas. ¿Por qué no aceptar la reducción del IVA a cambio de una pax política con el PJ “civilizado”? El costo resultaría infinitamente menor al que debería afrontarse si el proyecto de Diputados se convirtiese finalmente en ley.
Las dudas se transformaron en certezas y, a principios de la semana pasada, se convino en que el oficialismo presentaría una iniciativa en línea con lo sugerido y que el bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto la apoyaría. Todos comerían perdices, con la excepción, claro está, de los kirchneristas, que seguirían atragantándose con choripanes.
Sin embargo, el asunto se trabó. Las razones no son claras, pero en algún momento Pichetto hizo llegar el mensaje de que su bloque seguiría adelante con la idea original. Sin creer en lo que estaba escuchando, Macri tuvo un arranque colérico. Mediante un video llamó explícitamente a los senadores peronistas a no votar una ley inconstitucional y a demostrar “que existe un peronismo confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Kirchner”.
La rabieta debe de haber calado hondo en sus destinatarios, y no precisamente para bien. Probablemente haya profundizado el animus bellis de la bancada justicialista. El presidente jugó una carta temeraria que, aunque le haya conferido cierto aire de autoridad frente a la opinión pública, no logró su propósito. Es un hecho que Pichetto y Cristina se encaminan a votar juntos una ley diseñada para atacar la única política pública que el macrismo ha perseguido monolíticamente durante su gestión.
Debe destacarse que, luego de tantos meandros y a modo de una profecía autocumplida, al gobierno sólo le queda recurrir al veto para zafar del corsé próximo a serle impuesto, retrocediendo a su primera opciónluego de fatigar una serie de esfuerzos inorgánicos. Queda la sensación de que, con un poco más de cintura, el remedio schiarettista podría haber prosperado. Alguien llegó tarde a entender lo estrecho de las opciones disponibles.
Marcos Peña, el principal consejero político del presidente, podría extraer algunas lecciones de lo sucedido. La principales que el cenagal peronista puede tragarse a los exploradores diletantes. El gobierno pecó de amateurismo frente a un peligro que, al menos en sus inicios, no fue tomado con la debidaseriedad. Otra enseñanza es que los gobernadores no pueden pedirle todo el tiempo al Congreso que haga lo que el gobierno no puede. Pichetto desoyó a los mandatarios del justicialismo federal y priorizó su juego político. En su cálculo debe haber pesado más el riesgo de quedar desdibujado como opositor antes que su reputación como hombre de Estado. Quedar pegado excesivamente a Macri en este trance le hubiera proporcionado letra a Cristina Fernández, su rival en la cámara alta y principal opositora de Cambiemos.
Cuando se apruebe esta ley, decididamente irresponsable e inconstitucional, el presidente podrá mostrar un gesto de autoridad y señalar al peronismo como un factor de desestabilización. Estaría en su derecho. O, en lugar de ello, podría limitarse a vetarla y, por lo bajo, tratar de acordar un atajo institucional para evitar otra situación semejante. Tiene aliados tácitos dentro del PJ para explorar esta vía, pero le faltan jugadores políticos con volumen de juego. A Macri no le conviene poner la cara cada vez que un tema amenace con salirse de madre; debería tener a mano algunos fusibles que, por ahora, no aparecen. ¿Es momento de mostrar que la mesa política de Cambiemos es algo más que un cafetín dentro de la casa de gobierno? Definitivamente parece serlo.