UPC (con fugas) votó leyes anti privilegios de Luz y Fuerza

Pihen y Bustos, en contra; hubo abstenciones. Cambiemos, también dividido



El peronismo dio ayer en la Legislatura el paso que quería, al lograr la sanción de dos leyes para combatir históricos privilegios de los empleados de EPEC. La aprobación mostró disidencias en el oficialismo.
Los legisladores José Pihen e Ilda Bustos, de extracción gremial, votaron en contra, mientras que Ricardo Vissani y Emilia Eslava se abstuvieron en ambos proyectos, y Graciela Brarda en uno de ellos. Las fugas circunstanciales no alcanzaron a entorpecer el propósito del oficialismo de aprobar los proyectos enviados por el gobernador Juan Schiaretti el lunes pasado.
En Cambiemos, la mayoría optó por la abstención que habría sido dictada desde la central operativa de la alianza en Buenos Aires. Sin embargo, los legisladores juecistas y los radicales Miguel Nicolás y Hugo Capdevila votaron en contra. El abstencionismo es una forma suave de oponerse, y evidentemente el macrismo no quiere confrontar demasiado con el Panal.
El intercambio de argumentos en el debate fue el previsible: los peronistas acusaron a los legisladores de Cambiemos de no trabajar realmente por la baja de las tarifas de los servicios públicos, por oponerse a leyes que conducirán a la disminución de los costos de la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).
En tanto, los aliados cuestionaron que la Legislatura se aboque a reformar un convenio colectivo de trabajo, cuestión que, entienden, está fuera de su jurisdicción.
La ley que reduce bonificaciones a los empleados de EPEC por el uso del servicio pretende, según el oficialismo, establecer un principio de equidad con el resto de los usuarios.
Esta ley establece “que quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de energía, agua y saneamiento, mantendrán los mismos hasta los 150 kw/h y 25 m3, respectivamente, de consumo por mes, resultando de aplicación en relación al personal y funcionarios del sector público, en los términos de la Ley 9086, quedando incluidos el personal y directivos de los prestadores de servicios públicos, sean públicos o privados”.
La segunda ley sancionada es la que “propicia la eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5° de la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial”.

Carrió, contra extras en tarifas

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó ayer un proyecto de ley que prohíbe la inclusión de cargos extra en las facturas que corresponden a servicios públicos, y establece que solo podrán incluirse el IVA e Ingresos Brutos en caso que así corresponda en cada distrito.
La presentación del proyecto de Carrió se produce luego de que el martes la oposición en el Senado lograra emitir dictamen del proyecto de ley que retrotrae los valores de las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017, en tanto el oficialismo firmó otro dictamen para debatir un proyecto de ley que baja el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las boletas de electricidad, gas y agua para usuarios residenciales.
Por su parte, la iniciativa impulsada por Carrió establece que “queda expresamente prohibido incorporar en las constancias de facturación que las empresas prestatarias de servicios públicos brindan, cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado este según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación”.
La iniciativa, que reforma la ley de Defensa del Consumidor, fija que “los únicos impuestos que podrán incluirse en el detalle de facturación serán el IVA e Ingresos Brutos en caso de corresponder”.
También específica que “cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden el 75% por ciento el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación”.
En ese sentido, agrega que “para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación”.
“En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que la empresa demuestre lo contrario; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio”, indica la iniciativa.
En los fundamentos del proyecto se señala que se busca “proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios quiénes a través de distintas leyes y/u ordenanzas, que sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios”.



2 Comentarios

  1. MI GRAN GENERAL ” PARECE QUE SUS PREDICCIONES SE CUMPLEN DE MODO INEXORABLE AUN MAS ALLA DE LOS TIEMPOS ” AHORA TAL PARECE QUE ” PERONISTAS SOMOS TODOS . . . “

  2. Privilegios? Digan las cosas como son. Son derechos de los trabajadores de luz y fuerza que todos querrían y deberían tener… y es imposible saber si realmente se va a ahorrar algo cuando hace 5 años que Epec no presenta balances. Es una bomba de humo de los gobernantes que quieren hacer creer a la población que con estas medidas anticonstitucionales le van a rebajar la tarifa.
    y por otro lado sugiero a la editorial del diario que consulte a un buen abogado laboralista si la sanción de estas leyes son legales. Les puedo recomendar varios que van a contradecir este titulo insultante de privilegios

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