Avanza la causa local por lavado contra Moyano

La hipótesis que se analiza en los tribunales federales de Córdoba es que Camioneros, con la firma de su líder, sobrefacturó una operación inmobiliaria en La Falda. El fiscal sostiene que se simularon y aumentaron los valores reales para desviar fondos del sindicato y “reciclar ganancias ilícitas” valiéndose del mercado inmobiliario.



El último día del mes, Hugo Moyano tendrá que venir a declarar a Córdoba, en el marco de una de las causas por presunto lavado de activos que se instruyen actualmente en su contra.
Moyano fue imputado en diciembre del año pasado por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, por maniobras irregulares en la compra de cinco inmueble en La Falda, en el 2013.
Ahora, el juez Alejandro Sánchez Freytes lo citó a indagatoria junto al dirigente Paulo Villegas.
La hipótesis que se analiza en el caso es que el Sindicato de Choferes de Camiones, con la firma de Moyano como apoderado, sobrefacturó la operación, ya que abonó seis millones de pesos por terrenos que antes fueron adquiridos por otra persona por poco más de 300 mil pesos.
La diferencia de precios fue denunciada a principios del 2014 por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), tras ser alertada por por el Registro de la Propiedad provincial. Meses más tarde, la UIF participó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por entonces a cargo de Carlos Gonella.
En febrero del 2015, el expediente llegó a la Fiscalía Federal Número 2, que puso en marcha la pesquisa en contra del dirigente, por la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.
Cuando incriminó al gremialista, el fiscal sostuvo que los coimputados Carlos Mesías, Jorge Cappucchio y Enrique Mariñansky integraron una compañía para para favorecer a Moyano y a Villegas “simulando y aumentando los valores reales” de los bienes, con el fin de desviar fondos del sindicato y “reciclar ganancias ilícitas” valiéndose del mercado inmobiliario.
Previsiblemente, horas después de que trascendiera la decisión de Sánchez Freytes, Pablo Moyano responsabilizó al Gobierno nacional. “Todo esto responde a una maniobra llevada adelante por el presidente Macri contra nuestra organización gremial”, aseguró el hijo del jefe de los camioneros.
Además, mientras organiza un paro general previsto para la primera quincena de junio, dijo que el juez avanzó porque el sector no apoya la reforma laboral, rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no aceptar el 15 por ciento en las paritarias.
Más allá del descargo de Moyano Junior, lo cierto es que su situación y la de su padre ante la Justicia es compleja.
En enero, la Procelac, actualmente a cargo del cordobés Gabriel Pérez Barberá, los denunció por evasión impositiva y lavado de dinero, un planteo que quedó radicado ante el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo.
Entre otras medidas, pidió que se investigue a la firma mandante del correo OCA, que tiene sede en Uruguay, y que se certifiquen una serie de causas en las cuales se investiga a los Moyano, para conseguir más datos.
El planteo se basó en un informe de la UIF con nuevas operaciones vinculadas a OCA y en la exposición que hizo la diputada Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, en el 2010.
Pérez Barbera señaló que hay “una notable confusión de patrimonios” como producto de operaciones de sociedades vinculadas al sindicato que lideran los Moyano, lo que dificulta determinar fehacientemente el origen de los fondos involucrados.
En febrero, mientras el caso radicado en Córdoba se activaba y luego de la marcha en Buenos Aires que Camioneros protagonizó junto a partidos de izquierda, organizaciones sociales y piqueteras y el kirchnerismo, entre otros espacios, la fiscal federal de Quilmes Silvia Caballo imputó al líder del gremio por lavado vía negocios vinculados al club Independiente, que preside desde hace cuatro años. Pablo Moyano también fue de la partida.
Antes, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale había dictado la prisión preventiva de Pablo “Bebote” Alvarez y de Noray Nakis, ex vicepresidente de Independiente, como integrantes de una asociación ilícita. También ordenó el encarcelamiento cautelar del custodio de Hugo Moyano, Roberto “Polaco” Petrov.
Ese proceso comenzó a raíz de la denuncia de Juan Manuel Lugones, subsecretario del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien adujo que tomó conocimiento de distintos delitos cometidos por la barra brava de Independiente.
Al declarar, el barra “Bebote” Álvareze, entre otras acusaciones, sostuvo que los Moyano usaban al club para “lavar y blanquear dinero” y que asociaban a todos los integrantes del sindicato para manipular las elecciones en la institución.
La pesquisa avanzó y se detectaron millonarias transferencias de fondos de Independiente a ACONRA, la constructora de la familia Moyano. Sólo desde el gremio de Camioneros, la UIF alertó sobre envíos de partidas por 95 millones de pesos, un monto que representa el 75 por ciento de los ingresos de la firma.
Recientemente, una investigación por maniobras extorsivas sobre empresarios del transporte por el otorgamiento de habilitaciones para choferes se sumó al elenco de procesos que involucran a Moyano.
Ayer, una división de la superindendencia de Investigaciones Federales de la policía allanó la sede central del Sindicato de Camioneros, ubicada en el barrio porteño de Constitución.
El procedimiento se concretó a partir de un exhorto librado por el juzgado de garantías Número 1 de Moreno, a cargo de Adriana Julián, y se sumó a otro, realizado hace unos días en la sede San Miguel, el el cual se incautaron 130 mil dólares y más de 300 mil pesos de una caja fuerte.



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