Se rebela la tropa de Justicia Legítima

Hasta los funcionarios que tuvieron alto perfil se desmarcan. El mes pasado, el fiscal Córdoba propició que Báez siga detenido en la megacausa conocida como “la ruta del dinero K”. Ahora, la agente Ávila, impulsora de la carátula “desparición forzada” en el caso Maldonado, plantea que los allegados del artesano pudieron entorpecer su búsqueda.



Cuando trascendió que Abel Córdoba, integrante Justicia Legítima, sería el fiscal en la megacausa por corrupción conocida como “la ruta del dinero K” y tendría que llevar adelante la acusación ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) en contra del presunto socio de la ex familia presidencial, los funcionarios que vienen denunciando que la actuación del grupo en la esfera judicial es ilegal manifestaron su preocupación.
Córdoba tuvo alto perfil dentro del colectivo fundado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. Fue fiscal en varios juicios por lesa, encabezó la Procuración contra la Violencia Institucional y en mayo del 2016, poco después de que su colega Carlos Gonella renunciara a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, ya procesado por su desempeño en los primeros pasos de la instrucción de la pesquisa en contra del empresario patagónico, recibió el premio Rodolfo Walsh, entregado por la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata.
En la misma línea que varios de sus compañeros de militancia, en reiteradas ocasiones Córdoba propaló sus afinidades ideológicas. En el 2013 fue reclutado por el programa ultra cristinista “678” para criticar la sentencia de la jueza María Servini que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. En esa oportunidad, opinó que el decisorio era el intento de instaurar “un protectorado judicial sobre el pueblo”. En tanto, sobre la Corte, espetó que “no aseguraba un fallo ajustado a derecho” por “las conductas en términos políticos” del Alto Cuerpo, en referencia a las causas que resolvió en sentido adverso para las intenciones de la gestión K.
Sin embargo, a principios de abril propició el rechazo del pedido de libertad de Báez y recomendó prorrogar un año su prisión preventiva. El TOF 4 decidió que siga preso siguiendo el criterio del fiscal, quien planteó que las condiciones que condujeron a dictar la medida, el peligro de fuga y el riesgo de obstrucción a la investigación continuaban vigentes.
Antes, el tribunal rechazó el pedido de Báez para que Córdoba fuera apartado, fundado en que es “cercano” a la ex procuradora y que fue nombrado en un destino -Neuquén- y trasladado a dedo ante el TOF 4; es decir, en virtud del modus operandi que Gils Carbó desplegó para proteger los intereses del kirchnersimo y que, entre otras derivaciones, terminó llevando a Gonella, quien no tenía antecedentes académicos ni nada escrito sobre criminalidad económica, a la Procelac.
La influencia de Justicia Legítima se desvaneció y dejó sin blindaje a la parte de la tropa que le debe explicaciones al Poder Judicial. Paralelamente, el ocaso del grupo le dio margen de maniobra a otros simpatizantes.
Al caso de Córdoba se suma el de la fiscal de Esquel Silvina Ávila, la funcionaria que en agosto del año pasado propició -y logró- que el juez Guido Otranto recaratulara el expediente “Maldonado”, que pasó de averiguación de paradero a desaparición forzada.
Poco después de ese cambio, mientras se organizaban marchas en todo el país en reclamo de avances en la pesquisa, Ávila le envió un informe al Ministerio de Justicia indicando que no había motivos para afirmar que el joven estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad y que carecía de pruebas para conectar a la Gendarmería con el caso.
Además, describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en su localización y admitió que “no fue fácil” recolectar elementos probatorios. En otro tramo del escrito reconoció que el procedimiento desplegado para averiguar si cruzó el Río Chubut el 1 de agosto se frustró por “razones ajenas a la autoridad”, ante la “férrea resistencia” de la comunidad mapuche a permitir que los perros lo revisaran, por tratarse de “territorio sagrado”.
En suma, la entonces subordinada de Gils Carbó no apuntaló la única hipótesis que el kirchnerismo plateaba como posible.
En diciembre, ya con Eduardo Casal al mando de la Procuración, la fiscal subrogante y miembro de Justicia Legítima le reclamó sin éxito al nuevo magistrado de la causa, Gustavo Lleral, que la nominara como muerte dudosa, porque no hay pruebas para sostener la figura de la desaparición forzada, que requiere privación de la libertad, participación del Estado y ocultamiento de la víctima o negativa a dar información sobre la suerte de la persona.
Ahora, apeló la resolución de Lleral que ordena destruir las grabaciones de la intervención de los celulares de Sergio Maldonado, Claudia Pilquiman (la madre de Lucas Naiman Pilquiman), Ariel Garzi (amigo del artesano) y Marcela Anarda Stocovaz (vinculada a la comunidad mapuche).
La investigadora apuntó al círculo del tatuador y solicitó que el material se resguarde.
Tal como insinuó el año pasado en su informe a la cartera de Justicia, sostiene que hubo un plan para entorpecer la búsqueda de Santiago y valora que las grabaciones son vitales porque se trata de denunciados por brindar testimonios y pistas falsos y que, por ello, podrían ser fundamentales para desentrañar cómo se desarrolló la operación, si la hubo.
Asimismo, alega que el grupo “ubicó” rastros y recordó que Sergio Maldonado acudió a la casa donde había estado viviendo su hermano, en El Bolsón, para sacar objetos personales sin avisarle a la Justicia, mientras la policía lo rastreaba.



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