Sereno “pisa” intimación a Luz y Fuerza

La reunión entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato y la Epec finalizó sin grandes avances. El ministro Omar Sereno aún no dará participación a la Comisión Técnica de Garantías para que defina las dotaciones mínimas necesarias para brindar el servicio, pero le corrió vista para que siga la evolución del conflicto.



Por Felipe Osman

Los tres sindicatos lucifuercistas -de Córdoba, Villa María y Río Cuarto- acudieron ayer a la convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia para pactar un esquema de tareas que permita sostener una prestación del servicio acorde con las “garantías mínimas” establecidas por la Ley de Servicios Esenciales, dado el constante “estado de asamblea” que ha declarado en sindicato, sin atención a los usuarios.
El gremio cordobés ya había resuelto asistir a la audiencia con Sereno el lunes, mediante una Asamblea General Extraordinaria en la que, además, se decidió rechazar cualquier intento por discutir el convenio colectivo, por encontrarse la competencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia cuestionada por los sindicatos para entender en la renegociación de algunos puntos del convenio solicitada por la empresa.
Autoridades provinciales comunicaron que durante la reunión se anotició al sindicato de que las medidas de fuerza adoptadas comienzan a afectar la prestación del servicio en algunas áreas, y corrió vista de ello a la Comisión Técnica de Garantías creada por la ley, aunque aún no le solicitó la emisión un dictamen definiendo las dotaciones mínimas que el gremio debe afectar a la prestación, ni las modalidades en que el servicio debe ser prestado.
La Ley de Servicios Esenciales (10.461) es una nueva “arma” de la que el Ejecutivo provincial dispone para disciplinar a los sindicatos que, mediante la adopción de medidas de acción directa (paros o protestas) afecten la prestación de servicios considerados de carácter “esencial”, como lo es el suministro de energía eléctrica.
Ante la vulneración de las prestaciones mínimas planteadas por la norma, el Ministerio de Trabajo provincial puede dar participación a la Comisión Técnica de Garantías –órgano creado por la ley, y cuyos integrantes fueron recientemente designados por la Unicameral- para que ésta defina un esquema de trabajo contemplando la modalidad en que el servicio en cuestión debe ser prestado y las dotaciones de personal mínimas afectadas a su cumplimiento.
La negociación se reanudará el lunes próximo.

Servicios Esenciales
La Ley de Servicios Esenciales sancionada por la Legislatura a mediados del año pasado dispone en su artículo 1 que “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, seguridad, justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, (…) debe garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad”.
A su vez, el artículo 14 de la norma dispone que “…el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Trabajo de la Provincia), de la prestación de los servicios mínimos garantizados o de los pronunciamientos emitidos por la Comisión Técnica en ejercicio de sus facultades, será considerado falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas por la legislación laboral vigente…”, y el artículo 15, que “La falta de cumplimiento del deber de trabajar por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada falta grave y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales (…) que resulte aplicables”.
Según el convenio colectivo de Luz y Fuerza, una falta grave puede ser sancionada con el despido e, incluso, la exoneración del trabajador. Aquí radica la fuerza de coacción que esta ley otorga al Ejecutivo provincial para disciplinar a los sindicatos que no consientan en cumplir con la prestación de los servicios considerados esenciales por la norma. Resta por ver si este poder que la ley confiere será abalado por la Justicia, en el caso de que los gremios planteen ante los tribunales el choque de esta facultad sancionatoria con el derecho a huelga, consagrado en la Constitución Nacional.



1 Comentario

  1. ¡Basta de vueltas, corten con los PRIVILEGIOS OBTENIDOS por el gremio durante la dictadura! Acá nadie pide la DEROGACION de decretos de los violadores de la Constitución. Cuando es para la obtención de PRIVILEGIOS, “fué un acto de justicia”, cuando se trata de otros temas “violadores sistematicos de los ddhh”. ¿Como es la cosa? ¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? ¡Es una EMPRESA PUBLICA no una empresa privada que TIENE QUE DAR RENTABILIDAD! Los VECINOS, necesitamos SERVICIOS EFICIENTES Y AL COSTO, de lo contrario ¿Cuál es la diferencia con una privada? ¡Basta de ciudadanos de 1ª que viven a costa de los otros ciudadanos!

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