Concejales UPC preparan bloqueo judicial a la licitación

Nadia Fernández y Pablo Ovejeros, ediles del bloque UPC, estudian el expediente de la licitación de la basura, y diseñan un planteo judicial para derribarla.



Por Felipe Osman

El bloque de Unión por Córdoba en el Concejo Deliberante se sumó, hace tiempo, al coro de los que señalan serias irregularidades de la licitación de la basura. Ya lo hizo en conjunto, cuando a fines de marzo presentó un pedido de informe en el que afirmó “ninguna de las tres empresas reúne las condiciones económicas ni financieras necesarias”. En aquella ocasión Esteban Dómina, presidente del bloque, dio a conocer detalles sobre la situación financiera de las oferentes. Específicamente, de los rubros “capital de trabajo”, “ventas” y “patrimonio neto”, y cómo estos números resultaban insuficientes para satisfacer las exigencias del pliego de contratación.
Ahora Nadia Fernández y Pablo Ovejeros –los dos ediles de la bancada peronista que integran la comisión de “Salud Pública y Medio Ambiente”- estudian el expediente administrativo que reúne todas las actuaciones del proceso licitatorio, mientras diseñan un plan de acción para detenerlo. A primera vista, la vía judicial parecería ser el camino elegido, y la nulidad del proceso, el objetivo.
Y aunque la iniciativa está aún en una fase muy primigenia, una de las objeciones más fuertes en que la presentación judicial se fundaría serían las numerosas inconsistencias de la oferta técnica presentada por tándem empresario Solvi-Caputo. Recuérdese que la compañía brasileña se encuentra procesada –y en algunos casos, incluso condenada- por la Justicia brasileña, por delitos económicos (defraudación al Estado) y ambientales; y que se dispuso sobre la firma una inhibición de cinco años para obtener contratos con el Estado.
Pero más allá de los cuestionamientos a esta oferente, resulta también difícil de entender, para los concejales, por qué el Palacio 6 de Julio permitió que una empresa que no reunía los requisitos mínimos necesarios para participar del proceso llegara hasta la instancia final de la licitación, cuando no debería haber pasado la apertura del primer sobre, continente de la propuesta técnica.
Algunos ediles sostienen que cualquier falencia en las propuestas técnicas ya no podría ser invocada para separar a las competidoras del concurso, dado que el decreto que determinó la admisión de todas las para presentar la oferta económica colocaría al primer sobre como “cosa juzgada”.
En el caso que una presentación judicial “tumbara” la licitación de la basura, ¿a quién resultaría esto funcional?
Ramón Mestre llegó a la Intendencia prometiendo poner en orden el municipio, y el camino que eligió para hacerlo, en relación al servicio de recolección y barrido, fue la privatización. Redujo la Crese a su mínima expresión, dejándola sólo a cargo de la disposición final de los residuos, e instruyó a la empresa estatal para que cediera su posición contractual a Lusa y Cotreco, que pasaron a hacerse cargo de la recolección y el barrido.
En 2016 dio un paso atrás, retomando el servicio de barrido mediante el Esop, con lo que se debió además indemnizar a todos los empleados de las privadas que cambiaron de empleador, dado que una disposición del convenio colectivo del Surrbac así lo dispone.
Mestre se vería perjudicado ante un nuevo fiasco en la licitación del servicio. El Surrbac, por otro lado, lograría conjurar una amenaza que desvela a Mauricio Saillen, su secretario general: el regreso de los Moyano a Córdoba. Solvi ha anunciado que aplicará el convenio colectivo de Camioneros de hacerse con la prestación del servicio en la ciudad.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la relación entre Juan Schiaretti y Ramón Mestre se ha vuelto particularmente tensa durante los últimos meses. Discusión por recursos, pelea por las tasas en las facturas de los servicios y los roces propios de dos actores políticos centrales a nivel provincial en un año pre electoral.
Luego de la derrota en las elecciones legislativas del año pasado, a manos de Cambiemos, el mensaje que se difunde desde el Panal es abrir el juego hacia todos los sectores del peronismo, incluidas las tribus “k”. Y Mauricio Saillen es uno de sus caciques: pata importante del sindicalismo en la provincia, titular de la CGT Rodríguez Peña.
El peronismo provincial necesitará del sindicalismo en las próximas elecciones, y se encuentra avocado a la tarea de reconstruir sus relaciones con el sector. Entre otros, con Saillen, que el pasado 1 de mayo festejó el día del trabajador con un costosísimo evento, al que asistieron varios enviados de UPC: Claudia Martínez (presidenta del PJ capital), Juan Domingo Viola (Agencia Córdoba Deportes), Amelia López (Defensoría de Niños y Niñas), Gastón Massimino (Dirección Provincial de Rentas) y la concejala Nadia Fernández.
Un bloqueo judicial de la licitación sería funcional al Surrbac, y costosa para Mestre.



Dejar respuesta