Sin impuestos, los servicios costarían hasta 27% menos

Un trabajo privado establece que en caso que fuera necesario aún el incremento de las tarifas, se tiene que por ejemplo ante una suba del 100% de la tarifa, si se eliminara completamente la carga tributaria indirecta, el valor de a pagar subiría el 46%.



La quita de subsidios al gas y a la luz más la suba de precios terminó en un planteo político de los propios aliados del PRO en Cambiemos; el punto es que se trata del esquema que permite reducir el déficit y si no es por ese lado tienen que buscar otra manera de bajar el gasto. El debate volvió a poner en el escenario el peso de los impuestos en las facturas de servicios. En Córdoba, por ejemplo, la de gas incluye : IVA (21%), Impuesto a los ingresos brutos provincial (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica (10%). Es decir, el 37% del total, sin incluir cargas directas como Ganancias ni impuestos al trabajo.
Nadin Argañaraz y Ariel Barraud del Iaraf proponen diferentes reducciones de 25%, 50%, 75% y 100% sobre las facturas. Por caso, si las tarifas no crecieran más de aquí en adelante, la eliminación de la carga tributaria indirecta permitiría una reducción del 27% del valor que paga el usuario.
En caso que fuera necesario aún el incremento de las tarifas, se tiene que por ejemplo ante una suba del 100% de la tarifa, si se eliminara completamente la carga tributaria indirecta, el valor de a pagar subiría el 46%.
Por ejemplo, de $700 mensuales ($511 de tarifa básica más $189 de impuestos indirectos) ante un incremento de las tarifas del 100% eliminando los impuestos el consumidor pagaría $1.022 (sólo aumentaría alrededor del 46%)
Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el incremento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa. Mientras menor es el alza de la tarifa, más potente es la reducción de la carga tributaria.
Esto obedece al hecho de que la carga tributaria sobre la tarifa original es relativamente significativa en comparación con la carga tributaria total de la nueva tarifa. A mayor aumento de tarifa menos potente es la reducción de impuestos.
La propuesta del Iaraf para lograr el menor impacto de la suba de tarifas en las facturas que paga el consumidor es poner en 0% la alícuota del IVA por dos años (2018 y 2019). A partir del tercero iniciar el restablecimiento gradual de la alícuota. Una posibilidad sería que en 2020 el IVA sea del 5%, en 2021 del 10%, en 2022 del 15% y retorne al 21% recién en 2023. De esta manera la alícuota de IVA empezaría su restablecimiento en años donde la inflación haya llegado a un dígito y la suba de tarifas solamente necesite seguir a la inflación (no recuperar atraso).
También impulsa desde este año la eliminación de tasas municipales específicas a la distribución de servicios públicos como energía eléctrica y gas natural por redes en todo el país. Esta propuesta es la de mayor costo fiscal directo, dado que elimina toda la carga tributaria. Con la reducción de impuestos indirectos se establece un nuevo subsidio a la energía. La particularidad es que se lo brindaría resignando recaudación. A nivel de provincias y municipios el pacto fiscal ya establecía la eliminación.
En función del costo fiscal directo que se esté dispuesto asumir, deberá ser la reducción de carga tributaria, señala el trabajo que considera cómo se distribuiría el costo fiscal de las medidas.
Si bien el IVA se recauda a nivel nacional, luego a través del mecanismo de la coparticipación lo recaudado “baja” a provincias, y en virtud de los arreglos de coparticipación entre éstas y sus municipios, una parte también llega a ellos. En el caso de Ingresos Brutos, la recaudación también es compartida en general entre provincias con sus municipios.
Así el impacto de la eliminación de la mochila tributaria indirecta sobre los servicios se repartiría de manera bastante “pareja” entre los distintos niveles de gobierno: los municipios serían los que mayores ingresos resignarían (13,2% de la tarifa), seguidos de las provincias (12,7% de la tarifa) y finalmente la Nación, que resignaría los 10,2 puntos de IVA que le quedan netos de coparticipación.



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