El oficialismo define política judicial y acelera cambios

Entre otras iniciativas, la Cámara Alta debatirá modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación. La reforma del ordenamiento que concretó el kirchnerismo fue dejada sin efecto vía DNU, con respaldo del ministro Garavano.



Con acuerdos en marcha entre el oficialismo y parte de la oposición, el Senado comenzará a tratar varios proyectos sobre política judicial, entre los que se destacan la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), el nuevo régimen de subrogancias para magistrados, la designación de conjueces y la iniciativa para castigar la filtración de escuchas.
El articulado que actualiza el ordenamiento de rito sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, suspendido poco después de que asumiera Mauricio Macri, introduce leyes que se aprobaron recientemente, como la aprehensión en flagrancia y la figura del arrepentido.
El 29 de diciembre del 2015 se oficializaron varios decretos de Macri vinculados a la Justicia; entre ellos, el 257/15, que dejó sin efecto la reforma y suspendió la aplicación del nuevo CPPN.
En esa oportunidad, el ministro de Justicia Germán Garavano justificó la decisión y sostuvo que la implementación de la legislación era “imposible”.
El funcionario recordó que el DNU que desactivó el cambio -que fue uno de los caballos de batalla del colectivo Justicia Legítima- era una medida que la nueva Administración había anticipado y destacó que contaba con el apoyo de todos los actores del sector.
Paralelamente, señaló que el kirchnerismo “intentó apurar procesos” y que pretendió implementar mecanismo que en otros países llevaron entre seis y ocho años.
En octubre del 2016, el Gobierno presentó su propuesta de reforma, con modificaciones al ordenamiento de rito impulsado por el kirchnerismo y su fuerza de choque dentro del Poder Judicial. Si bien se mantiene el “espíritu” de aquel diseño legislativo (un código acusatorio, con protagonismo de los fiscales en la investigación), el texto contempla nuevas facultades para los jueces y, en general, es más “duro”.
Durante la última reunión del Consejo Consultivo y del Comité Social Impulsor de Justicia 2020, en diciembre del año pasado, Garavano adelantó que el proceso de cambios en el sistema judicial se afianzaría.
En esa inteligencia, propició que el 2018 “sea el año de la Justicia” y destacó la necesidad de “construir consensos”.
El funcionamiento del Poder Judicial se instaló como uno de los más importantes de la agenda del Gobierno a principios del 2017, luego de que Garavano anunciara que se buscaría limitar la duración de la feria y de que se oficializara la integración de la comisión de expertos que diseñó el proyecto de reforma del Código Penal.

Escuchas
Durante la sesión de hoy también se abordará la discusión del régimen para evitar que las escuchas sean filtradas a la prensa, un proyecto del peronista salteño Rodolfo Urtubey que cuenta con el respaldo de Miguel Pichetto y Federico Pinedo.
El texto contempla sanciones de hasta cuatro años de prisión para quienes filtren grabaciones y prevé someter a juicio político a los jueces y fiscales que faciliten su difusión.
Además, le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia estricta y la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte, de la cual depende.
Cabe recordar que luego de que la diputada Elisa Carrió ampliara su pedido de juicio político en contra del titular de la Máxima Instancia, Ricardo Lorenzetti, acusándolo de generar un servicio de inteligencia paralelo, se definió que las escuchas seguirán a cargo de la Corte.
La definición al respecto fue consensuada en una reunión entre Garavano, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los supremos Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Otro tema que será debatido es el régimen de subrogancias para jueces y la modalidad de designación de conjueces, una iniciativa aprobada por la Cámara Baja en noviembre del año pasado.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo luego de que el Alto Tribunal declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en el 2015.



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