La baja de la inflación no llega y hay preocupación política

De la meta ya nadie se acuerda; era poco creíble en diciembre y lo es menos después de los datos del primer trimestre. Ahora el Gobierno cree que habrá menos presión porque se acabarán los tarifazos. 



Por Gabriela Origlia

Más allá de que la insistencia del ministro Nicolás Dujovne sobre el “proceso de desinflación” siguen siendo optimistas y que siempre encuentra una explicación para los índices inflacionarios que superan sus propias expectativas, lo cierto es que los números muestran que los precios siguen comiendo capacidad de compra a los salarios en un país donde los sueldos no se mueven atados a la productividad. Y que, fuera de los micrófonos, al Gobierno le preocupa porque es un tema con impacto en lo político y electoral.

Hace un trimestre el Gobierno decidió cambiar la meta inflacionaria y subirla de 12% a 15% y –aunque ahora no lo dicen explícitamente- ya trabaja con un piso del 18%. Pero contar con una “meta” y anular, al mismo tiempo, la suba de tasas no parece tener mucho sentido. Eso es lo que pasa desde diciembre.

El economista Juan Carlos de Pablo afirmó con su tradicional ironía: “Las metas de inflación funcionan donde también funciona todo lo otro. La credibilidad de la meta tiene que existir, sino es contraproducente. Lo peor es inventar certezas donde sólo puede haber incertidumbre”.

Dujovne, por ejemplo, insiste en que las paritarias –con excepciones- se siguen cerrando en alrededor del 15%. Lo que no menciona es que todas incluyen algún tipo de cláusula para actualizar la suba una vez que cierre el año. La prueba cabal que esa “meta” no era creíble.

De 180 países que releva Naciones Unidas, 170 tienen una inflación anual menor al 10%. Es decir, no es un problema para el mundo. Con diferentes herramientas los que registraban índices más altos, lograron bajarlos. Los datos transparentan lo improcedente de mencionar que “hasta Bolivia o Paraguay” tienen menos inflación.

De Pablo insiste: “El enfoque de metas supone que vos tenés un modelo macroeconométrico bien estimado por el cual tenés una idea de demanda de dinero, etc., y en base a eso vas a hacer una conexión entre emisión monetaria y tasa de inflación. No existe nada parecido en la Argentina. En el Gobierno dicen que fijando y enunciando las metas generan credibilidad. Yo creo que generan incredibilidad, porque la gente dice, ‘esto es ridículo’. El 8/12% fijado para el 2017 era una ridiculez, y el 15% para este año es otra ridiculez”.

En los próximos meses –con la mayor parte de las paritarias cerradas- es probable que el consumo no se resienta tanto porque la gente está recibiendo más dinero, pero transcurrido ese paso vendrán de nuevo tiempos duros en materia de compras.

La promesa, hacia adelante, es que las tarifas ya no subirán tanto; que queda menos. De todos modos, el dolor de cabeza lo tienen con la inflación núcleo (no relacionada con los precios relativos) y la que, usualmente, se ataca con la tasa de interés, el instrumento que el ala política del gabinete decidió anular.

La insistencia del impacto de la suba de tarifas parece olvidar que todavía hay una brecha significativa entre los servicios que pagan los argentinos del interior y los que viven en Caba y Buenos Aires cuando, claramente, la diferencia de ingresos no es esa. Para ejemplo, alcanza el transporte, que –alzas mediantes- todavía permite cruzar media ciudad a un porteño pagando el 50% menos que un cordobés.

Ni siquiera la importación –que desde los sectores industriales se denuncia como “alarmante”-logra estabilizar los precios de ropa y calzado; se trata del rubro que más se incrementó en marzo. Le siguieron los alimentos y ahí la “explicación” pasa por la suba de combustibles, de servicios, por los acuerdos salariales. En síntesis, interpretaciones que no aclaran nada.

La sensación es que el equipo y las recetas siguen muy fragmentadas; que cada cual atiende su juego y sigue faltando un programa integral que marque que hay políticas e instrumental consensuado. La política contra la inflación no va un lado y el resto por el otro y, en definitiva, todos los actores creen no en lo que dicen los funcionarios sino en lo que efectivamente hacen.Más allá de que los comentarios del ministro Nicolás Dujovne sobre el “proceso de desinflación” siguen siendo optimistas y que siempre encuentra una explicación para los índices inflacionarios que superan sus propias expectativas, lo cierto es que los números muestran que los precios siguen comiendo capacidad de compra a los salarios en un país donde los sueldos no se mueven atados a la productividad.

Hace un trimestre el Gobierno decidió cambiar la meta inflacionaria y subirla de 12% a 15% y –aunque ahora no lo dicen explícitamente- ya trabaja con un piso del 18%. Pero contar con una “meta” y anular, al mismo tiempo, la suba de tasas no parece tener mucho sentido. Eso es lo que pasa desde diciembre.

El economista Juan Carlos de Pablo afirmó con su tradicional ironía: “Las metas de inflación funcionan donde también funciona todo lo otro. La credibilidad de la meta tiene que existir, sino es contraproducente. Lo peor es inventar certezas donde sólo puede haber incertidumbre”.

Dujovne, por ejemplo, insiste en que las paritarias –con excepciones- se siguen cerrando en alrededor del 15%. Lo que no menciona es que todas incluyen algún tipo de cláusula para actualizar la suba una vez que cierre el año. La prueba cabal que esa “meta” no era creíble.

De 180 países que releva Naciones Unidas, 170 tienen una inflación anual menor al 10%. Es decir, no es un problema para el mundo. Con diferentes herramientas los que registraban índices más altos, lograron bajarlos.

De Pablo insiste: “El enfoque de metas supone que vos tenés un modelo macroeconométrico bien estimado por el cual tenés una idea de demanda de dinero, etc., y en base a eso vas a hacer una conexión entre emisión monetaria y tasa de inflación. No existe nada parecido en la Argentina. En el Gobierno dicen que fijando y enunciando las metas generan credibilidad. Yo creo que generan incredibilidad, porque la gente dice, ‘esto es ridículo’. El 8/12% fijado para el 2017 era una ridiculez, y el 15% para este año es otra ridiculez”.

En los próximos meses –con la mayor parte de las paritarias cerradas- es probable que el consumo no se resienta tanto porque la gente está recibiendo más dinero, pero transcurrido ese paso vendrán de nuevo tiempos duros en materia de compras.

La promesa, hacia adelante, es que las tarifas ya no subirán tanto; que queda menos. De todos modos, el dolor de cabeza lo tienen con la inflación núcleo (no relacionada con los precios relativos) y la que, usualmente, se ataca con la tasa de interés, el instrumento que el ala política del gabinete decidió anular.

La insistencia del impacto de la suba de tarifas parece olvidar que todavía hay una brecha significativa entre los servicios que pagan los argentinos del interior y los que viven en Caba y Buenos Aires cuando, claramente, la diferencia de ingresos no es esa. Para ejemplo, alcanza el transporte, que –alzas mediantes- todavía permite cruzar media ciudad a un porteño pagando el 50% menos que un cordobés.

Ni siquiera la importación –que desde los sectores industriales se denuncia como “alarmante”-logra estabilizar los precios de ropa y calzado; se trata del rubro que más se incrementó en marzo. Le siguieron los alimentos y ahí la “explicación” pasa por la suba de combustibles, de servicios, por los acuerdos salariales. En síntesis, interpretaciones que no aclaran nada.

La sensación es que el equipo y las recetas siguen muy fragmentadas; que cada cual atiende su juego y sigue faltando un programa integral que marque que hay políticas e instrumental consensuado. La política contra la inflación no va un lado y el resto por el otro y, en definitiva, todos los actores creen no en lo que dicen los funcionarios sino en lo que efectivamente hacen.

Más allá de que los comentarios del ministro Nicolás Dujovne sobre el “proceso de desinflación” siguen siendo optimistas y que siempre encuentra una explicación para los índices inflacionarios que superan sus propias expectativas, lo cierto es que los números muestran que los precios siguen comiendo capacidad de compra a los salarios en un país donde los sueldos no se mueven atados a la productividad.

Hace un trimestre el Gobierno decidió cambiar la meta inflacionaria y subirla de 12% a 15% y –aunque ahora no lo dicen explícitamente- ya trabaja con un piso del 18%. Pero contar con una “meta” y anular, al mismo tiempo, la suba de tasas no parece tener mucho sentido. Eso es lo que pasa desde diciembre.

El economista Juan Carlos de Pablo afirmó con su tradicional ironía: “Las metas de inflación funcionan donde también funciona todo lo otro. La credibilidad de la meta tiene que existir, sino es contraproducente. Lo peor es inventar certezas donde sólo puede haber incertidumbre”.

Dujovne, por ejemplo, insiste en que las paritarias –con excepciones- se siguen cerrando en alrededor del 15%. Lo que no menciona es que todas incluyen algún tipo de cláusula para actualizar la suba una vez que cierre el año. La prueba cabal que esa “meta” no era creíble.

De 180 países que releva Naciones Unidas, 170 tienen una inflación anual menor al 10%. Es decir, no es un problema para el mundo. Con diferentes herramientas los que registraban índices más altos, lograron bajarlos.

De Pablo insiste: “El enfoque de metas supone que vos tenés un modelo macroeconométrico bien estimado por el cual tenés una idea de demanda de dinero, etc., y en base a eso vas a hacer una conexión entre emisión monetaria y tasa de inflación. No existe nada parecido en la Argentina. En el Gobierno dicen que fijando y enunciando las metas generan credibilidad. Yo creo que generan incredibilidad, porque la gente dice, ‘esto es ridículo’. El 8/12% fijado para el 2017 era una ridiculez, y el 15% para este año es otra ridiculez”.

En los próximos meses –con la mayor parte de las paritarias cerradas- es probable que el consumo no se resienta tanto porque la gente está recibiendo más dinero, pero transcurrido ese paso vendrán de nuevo tiempos duros en materia de compras.

La promesa, hacia adelante, es que las tarifas ya no subirán tanto; que queda menos. De todos modos, el dolor de cabeza lo tienen con la inflación núcleo (no relacionada con los precios relativos) y la que, usualmente, se ataca con la tasa de interés, el instrumento que el ala política del gabinete decidió anular.

La insistencia del impacto de la suba de tarifas parece olvidar que todavía hay una brecha significativa entre los servicios que pagan los argentinos del interior y los que viven en Caba y Buenos Aires cuando, claramente, la diferencia de ingresos no es esa. Para ejemplo, alcanza el transporte, que –alzas mediantes- todavía permite cruzar media ciudad a un porteño pagando el 50% menos que un cordobés.

Ni siquiera la importación –que desde los sectores industriales se denuncia como “alarmante”-logra estabilizar los precios de ropa y calzado; se trata del rubro que más se incrementó en marzo. Le siguieron los alimentos y ahí la “explicación” pasa por la suba de combustibles, de servicios, por los acuerdos salariales. En síntesis, interpretaciones que no aclaran nada.

La sensación es que el equipo y las recetas siguen muy fragmentadas; que cada cual atiende su juego y sigue faltando un programa integral que marque que hay políticas e instrumental consensuado. La política contra la inflación no va un lado y el resto por el otro y, en definitiva, todos los actores creen no en lo que dicen los funcionarios sino en lo que efectivamente hacen.



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