Basura: Cotreco “emplaza” al Municipio

La actual prestadora del servicio de recolección de residuos en la zona norte de la ciudad jugó una variante de su estrategia inicial. Decidió interponer una denuncia de irregularidades ante el intendente, mostrando las cartas que tiene para dejar fuera de juego a Solvi, su principal competidora.



Por Felipe Osman

El equipo jurídico que asesora a la Ute conformada por la gigante española Urbaser y la cordobesa Cotreco ha decidido introducir una variante a la estrategia legal que sostuvo hasta principios de la semana pasada. Este cambio apunta a mostrar a la Municipalidad las armas con las que cuenta para conseguir que Solvi sea apartada de la licitación, solicitando al Palacio 6 de Julio que así lo resuelva.
El mecanismo elegido para lograrlo fue una denuncia de irregularidades ante el intendente, en la cual demanda el apartamiento de Solvi de la licitación. El peso de esta denuncia está dado, principalmente, por la documentación que adjunta como prueba: una sentencia firme condenatoria a directivos de Solvi por defraudación al Estado, por violar el sistema de pesado de basura en un predio de disposición final de Rio Grande do Sul; y una sentencia condenatoria por la comisión de múltiples delitos ambientales. Ambas provenientes de la Justicia brasileña.
En la primera de ellas existe, además, una inhibición de cinco años para contratar con el Estado. Los abogados de Cotreco entienden que esta inhibición no sólo obstaría a que la empresa contrate con el Estado brasileño, sino que tampoco podría obtener contratos en otros países.
El artículo 17 del pliego de condiciones establece que no podrán participar del proceso licitatorio “las sociedades cuyos accionistas, directores, apoderados o representantes hayan sido condenados por delitos económicos y/o ambientales con sentencia firme”. La ordenanza de contrataciones municipales, que opera como legislación supletoria del pliego, extiende este impedimento al simple hecho de encontrarse procesados.
Por lo tanto, todas las oferentes, al momento de presentar sus propuestas técnicas, deben expedir una declaración jurada manifestando no encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el pliego como inhibitorias para participar. Solvi presentó esa declaración jurada. Mintió.
Esta especie de “instancia intermedia” que viene a representar la denuncia de irregularidades ante el intendente busca la exclusión del Solvi con fundamento en la falsedad de la documentación por ella presentada. Así lo prescribe el artículo 26 del pliego, que dispone que “el falseamiento de datos determinará el rechazo de la oferta”.
Pero los fundamentos sobre los que se asienta la denuncia de Cotreco no terminan allí. Además, la empresa señala la existencia de graves irregularidades en el proceso que, según integrantes de su equipo legal, demandan la atención del intendente.
Mientras esta denuncia se encuentra en consideración del jefe comunal, Cotreco continua preparando el siguiente paso de su estrategia legal. Este sería, ahora sí, una impugnación administrativa, que llegaría si el intendente no consiente en apartar a Solvi de la licitación.
Pero esta impugnación estaría fundada ya no sólo en las inhabilidades de la compañía brasileña para participar del proceso licitatorio, sino que también señalaría graves irregularidades en su sustanciación.

Irregularidades
Según el procedimiento de selección de oferentes, establecido por el derecho administrativo, después de que las competidoras presentan sus ofertas técnicas éstas deben ser revisadas por una comisión de evaluación que emite un dictamen, que una vez realizado puede ser observado por cada oferente. Después, y en base a este dictamen y las referidas observaciones, el intendente debe expedirse admitiendo o rechazando las propuestas técnicas, para luego pasar a la instancia posterior, en la que se presentan y abren los sobres que contienen las ofertas económicas.
En este caso -según afirman miembros del equipo legal de Cotreco- no fue así. El intendente habría encargado un segundo dictamen a la comisión evaluadora sin que ello estuviera estipulado por el pliego, y sobre este segundo dictamen habría dictado el decreto de preselección de oferentes.
En segundo lugar, también se afirma que la comisión evaluadora habría enviado circulares (notas aclaratorias que pasan a integrar el pliego de condiciones) diferentes a cada oferente, lo cual repugna a los principios del derecho administrativo y violenta la igualdad de condiciones en que debe desarrollarse el proceso.



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