Gobernadores PJ endurecen relación con la Rosada

La intervención judicial del Partido Justicialista y la detención de Eduardo Fellner provocaron la reacción de los jefes territoriales peronistas. Mediante un comunicado se solidarizaron con el ex mandatario jujeño y responsabilizaron tácitamente al oficialismo.



Por Marcos Duarte

“Cuando no hay explicación desde lo jurídico, las explicaciones uno las encuentra desde lo político”. Con esta frase, Liliana Fellner resumió la lectura que el peronismo hizo sobre la detención de su hermano Eduardo, ex gobernador de la provincia de Jujuy.
Si bien solo duró 36 horas, la prisión preventiva dictada contra el último mandatario peronista jujeño parece haber iniciado un período distinto en la relación entre el gobierno nacional y los jefes territoriales nucleados en el PJ Federal.
Hasta el momento, este sector del peronismo no se había pronunciado en relación a los procesos judiciales que enfrentan los ex funcionarios kirchneristas acusados de diversos delitos. Salvo algunas expresiones aisladas, los principales referentes habían mantenido el tema fuera de su agenda política.
Esta actitud mostró un cambio radical cuando se conoció la noticia del pedido de detención de Eduardo Fellner. Una decena de gobernadores justicialistas hicieron conocer un comunicado en el que se solidarizan con su ex colega y condenan en duros términos la decisión de la justicia jujeña.
“La intempestiva detención se ordena sin indagatoria ni procesamiento y no habiendo ningún nuevo elemento en la causa que la justifique. Creemos fuertemente que el funcionamiento autónomo y transparente del sistema judicial es central para la consolidación de nuestra democracia”, reza el texto que hicieron conocer.
Más allá de los términos del documento, las firmas que lo rematan constituyen una novedad política importante. Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos)conforman el sector considerado más distanciado del kirchnerismo y con mejor relación institucional con el gobierno de Mauricio Macri.
Al mismo tiempo, son quienes aportan su capital político al armado del PJ Federal que orientan Miguel Pichetto y Carlos Caserio desde el interbloque de senadores denominado Argentina Federal y su homólogo en la Cámara de Diputados. De hecho, Fellner se desempeña como asesor del Bloque Justicialista que preside el urtubeísta Pablo Kosiner.
El gobernador de Córdoba se manifestó en forma contundente por medio de su cuenta en la red social Twitter. “Quiero adherir al documento de los gobernadores justicialistas en el que manifiestan su preocupación por la detención de Eduardo Fellner. Esperamos que esta causa se resuelva rápidamente”, escribió Schiaretti con un tono desacostumbrado en lo que hace a causas judiciales.
En el análisis de los mandatarios peronistas, la orden del juez jujeño se combina con la sorpresiva intervención del Partido Justicialista por parte de la magistrada con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría.
Algunos de los firmantes del documento ya habían hecho conocer su posición crítica a la resolución que designó a Luis Barrionuevo como encargado de la normalización partidaria. Los senadores que les responden, aunque se mantuvieron críticos de la gestión del presidente saliente José Luis Gioja, también se distanciaron del fallo judicial.
Por ahora, el mensaje de los gobernadores del peronismo federal parece ser en tono de advertencia. Tácitamente, exhiben que su fuerza legislativa es imprescindible para que las iniciativas gubernamentales tengan buen destino en el Congreso de la Nación.
De todos modos, la inminencia del comienzo de la carrera electoral de cara a la elección presidencial de 2019, la dura pelea que darán por mantener el gobierno de cada uno de sus distritos y la competencia que los enfrenta a los sectores afines al kirchnerismo por la supremacía en el electorado peronista son factores que auguran una relación más tensa con el oficialismo nacional.
Si bien no pretenden una ruptura total con el ejecutivo nacional, que pondría en riesgo la gobernabilidad en las provincias que conducen, los gobernadores justicialistas empiezan a fortificar sus posiciones en plena conciencia de que la etapa de las relaciones cordiales se acerca a su inevitable final.



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