Movimiento de pinzas de UPC para retener el poder

Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia, y esta responsabilidad cuesta dinero.

Por Pablo Esteban Dávila

El gobernador Juan Schiaretti ha decidido (aunque se cuide de hacerlo público) permanecer cuatro años más en el poder. Para ello necesita ganar las próximas elecciones provinciales que, se descuenta, serán convocadas dentro del primer semestre de 2019.
La estrategia del oficialismo para lograr este propósito es doble. La primera, y tal vez la más evidente, es finalizar la mayor cantidad de obra pública antes que termine el presente año. Los frentes de trabajo son múltiples y, en muchos casos, se trata de iniciativas de fuerte impacto. El cierre de la avenida de circunvalación en la ciudad de Córdoba o la construcción de un vistoso puente sobre el lago San Roque son algunas de las cartas a las que el gobernador echará mano para vestir nuevamente su traje de candidato.
La segunda estrategia consiste en impulsar una serie de cambios en las leyes que rigen el sistema electoral en la provincia. Uno de ellos es la posibilidad –ya contemplada en la Ley Orgánica de Municipios N° 8.102 y de pacífico cumplimento en los últimos 25 años– de la doble candidatura ejecutiva y legislativa, esto es, que el aspirante a gobernador pueda, al mismo tiempo, revestir como cabeza de lista en el tramo de legisladores provinciales de distrito único de su fuerza.
La otra iniciativa es reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos que rige en el distrito. El pasado miércoles tomó estado parlamentario un proyecto que, en tal sentido, presentó Oscar González, la segunda autoridad provincial y fiel intérprete de los intereses del gobernador.
El proyecto es interesante y, hasta cierto punto, de incuestionable valentía cívica. Es un lugar común repetir la retahíla del fortalecimiento de los partidos políticos y perogrulladas por el estilo, pero no es tan frecuente que se tome el toro por las astas en un aspecto central que este fortalecimiento supone: el de su financiamiento.
Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia, y esta responsabilidad cuesta dinero. En la actualidad existe un consenso suficientemente afianzado sobre que es el Estado el que debe solventar parte de su funcionamiento (un tópico que es receptado tanto por la legislación nacional como la provincial) pero este acuerdo no es unánime cuando el apoyo económico proviene del sector privado.
En teoría, los aportantes privados deberían ser bienvenidos. El sociólogo alemán Max Weber, cuando analizaba la composición de los dos grandes partidos del Siglo XIX en Europa, los conservadores y los socialistas, enfatizaba el hecho que ambos se mantenían por la fortuna de sus integrantes (en el primer caso)y por los aportes de sus simpatizantes, mucho más numerosos, en el segundo. Los aportes del Estado llegarían mucho después, sobre finales del siglo pasado.
El financiamiento privado comenzó a tener mala prensa, un tanto paradójicamente, con las grandes democracias de masas. Una fuerte corriente de opinión se especializó en batir el parche sobre que las sumas de dinero de esta categoría de aportantes, especialmente los corporativos, podrían condicionar a determinado partido una vez llegado al poder. Desde esta perspectiva, los gobiernos surgidos de las urnas terminarían siendo meros títeres de egoístas intereses privados.
La prevención tiene sustento –especialmente cuando se la proyecta en abstracto–, pero rehúye lo principal: que de esto se trata, precisamente, el juego democrático. El voto, los aportes monetarios y hasta las ideas políticas representan intereses. Los privados tienen derecho a auxiliar de su propio bolsillo a los partidos que representan sus convicciones; negárselo no es democrático. El éxito de la República consiste en sintetizar el cúmulo de intereses dentro del cuerpo político de la Nación en gobiernos razonablemente transparentes y sujetos al escrutinio jurisdiccional y el de la prensa. Sin ser perfecto, el sistema parece funcionar, incluso en las latitudes sudamericanas. Los escépticos deberían preguntar por Odebrecht y por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski para obtener una perspectiva actualizada del problema.
La propuesta oficialista avanza sobre estos aspectos. Eleva el aporte de fondos públicos y también el margen de los aportes privados hacia los partidos. Al mismo tiempo, garantiza el financiamiento a cualquier fuerza que hubiere obtenido al menos el 1% en las elecciones, bajando el piso del 3% actualmente requerido. A partir de su sanción, muchas expresiones políticas que, en la actualidad, se encuentran limitadas por la ley para aceptar donaciones y aportes a sus campañas, podrán hacerlo en un marco de mayor liberalidad, lo cual significa un avance en términos de transparencia. Mucho peor que el aporte de un privado es no saber quién está dispuesto a hacerlo a pesar de las restricciones impuestas.
El proyecto avanza, asimismo, sobre el reparto de la publicad en las campañas electorales. En este sentido, establece una asignación de fondos públicos entre los medios gráficos y electrónicos que, con buen criterio, fortalece el rol de la prensa escrita por constituir ésta –dentro de la panoplia de medios de comunicación existentes, inclusive las redes sociales– la que expresa con mayor claridad y seriedad conceptos, ideas y agendas públicas, elementos esenciales al debate político.
La oposición, aunque se encuentre vedada de elogiar la iniciativa de González, no debería encontrarle demasiados reparos. Cualquier norma que genere más recursos y que les brinde mayor transparencia es bienvenida. Claro que siempre podrá decirse que será el oficialismo el que más jugo saque de su aprobación (es probable que sean más los dispuestos a aportar a quienes ya se encuentran en el poder), pero esto forma parte de las reglas de juego, en la Argentina o en Francia. También podrá reprocharse el oportunismo de la doble candidatura, un verdadero caballo de Troya para la unidad opositora, pero nadie podrá negar que, en su aplicación al mundo municipal, este instituto ha demostrado un funcionamiento correcto y la incorporación de dirigentes valiosos a los sistemas políticos locales que, de la manera tradicional, hubieran quedado relegados tras perder la carrera por el Departamento Ejecutivo.
El movimiento de pinzas de Unión por Córdoba se encuentra, por lo tanto, plenamente a la vista: por un lado, una ordalía de obra pública como pocas veces se ha visto; por el otro, una reforma política tendiente a minar los incentivos opositores para unificarse e incrementar los recursos partidarios, tanto los propios como los del resto. Aunque el poder del corte de cintas sea, en sentido estricto, autosatisfactivo, pues se explica en sí mismo con innegable eficacia, la apuesta política es la más interesante. De su éxito o su fracaso sólo podrá hablarse, en propiedad, cuando las urnas den su veredicto. En tal momento se sabrá si tanto ruido habrá retribuido una simétrica cantidad de nueces.



4 Comentarios

  1. Es necesario utilizar palabras como retahíla, panoplia y ordalia?…que quiere expresar el periodista???…hasta me parece que en algún caso fue desafortunada su utilización. Hay sinónimos para expresarse de una forma más clara y cercana a cualquier lector. Con respeto…me parece…

  2. «Por el rastro se conoce al bicho». Mas que nunca tiene vigencia esta expresión para los CORDOBESES. Con la MISMA GENTE DIRIGIENDO NO HAY NADA NUEVO PARA OFRECER. UPC, o JUSTICIALISMO, está perdiendo una OPORTUNIDAD DE ORO para renovarse EN SERIO Y PROFUNDAMENTE con vistas a 2019. Ya conocemos las habilidades manipuladoras del «arquitecto politico» González, ya conocemos el EFECTISMO del Gringo, que luego NO CONSOLIDA, pues considera que hacer POLITICA es «MOSTRAR NOVEDADES», aunque despuès NO LAS SOSTENGAN EN EL TIEMPO. Excepto el camino al cuadrado, que fuè un perno para los CONTRIBUYENTES y un negoción para las constructoras viales. En fin. NO GENERARON REFORMAS POLITICAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEMOCRATICA. Todo lo contrario ahora proponen una artimaña para envilecer aún mas la «carrera politica», generando el «premio consuelo» pra que el que pierda como Gobernador le queda el ser Legislador Nacional. ¡Basta de crear meandros de politiquería de baja estofa, ESTAMOS EN SIGLO XXI!

  3. Este pelon le quedó la guita encerrada en CBI y para colmo ahora Desfenestrari no podrá dársela. Todo esto me hace acordar al mejunje del otrora Juez Faggionatto Marquez (poli-caco) con los Mexicanos, pa un lado y pal otro

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