Round decisivo en la guerra por la basura

Mestre firmó el decreto de aceptación de las tres ofertas técnicas. Ante la inminente adjudicación del servicio y datos que revelan inconsistencias en las propuestas, representantes de las tres oferentes que siguen en carrera asistirían al Concejo Deliberante para explicarlas y defenderlas.



Por Felipe Osman

El Concejo Deliberante trató, en la sesión de ayer, un proyecto de resolución presentado por el bloque Vamos (ex ADN), presidido por Tomás Méndez, para que el cuerpo invite a los representantes de cada una de las oferentes a explicar sus propuestas. Más aún, a defenderlas.
En rigor, lo que el Concejo aprobó ayer fue un “pedido de preferencia” para tratar, en la sesión del 12 de abril, el proyecto que impulsa el bloque comandado por Méndez. Pero dado que esa preferencia fue votada favorablemente por unanimidad, se descuenta que el cuerpo legislativo aprobará también la solicitud de resolución, y que los representantes de las oferentes asistirán a la cita con los ediles durante la segunda quincena del mes próximo.
Ahora bien, ¿por qué deberían los representantes de Lusa, la UTE Solvi-Caputo y el tándem Urbaser-Cotreco comparecer ante el Concejo? En rigor, no tienen el deber de hacerlo. Pero a la luz de nuevos datos -recabados por un informe solicitado por Esteban Dómina al Ejecutivo municipal- que revelan serias inconsistencias en las propuestas, esta instancia podía resultar determinante para las competidoras, que tendrían la oportunidad de defender de sus ofertas.
Domina, presidente del bloque Unión por Córdoba, explica que ninguna de las oferentes reúne las condiciones económicas ni financieras exigidas por el pliego de contrataciones, aunque Cotreco supera, en parte, este inconveniente, por concurrir a la licitación junto a la gigante española Urbaser, que se encuentra a cargo del servicio en grandes capitales europeas. Aunque no sucede lo mismo con las otras competidoras.
Lusa, por ejemplo, incumple las exigencias requeridas por los pliegos en relación al Capital de Trabajo y al Patrimonio Neto. Respecto del primer ítem, la empresa presenta un capital de trabajo de $ 108.665.180,05 contra un mínimo necesario de $ 250.000.000. Además, cuenta con un patrimonio neto de $ 80.2186.571,07, menos de la mitad de los $ 200.000.000 requeridos.
La UTE Solvi-Caputo también presentaría fisuras en sus condiciones económicas. Según los números del informe en cuestión, su capital de trabajo es de $ 140.559.380,80, muy por debajo de los $ 250.000.000 que el pliego de condiciones establece como mínimo.
Aún así, y sin quitar importancia a estos indicadores, este no sería –en absoluto- el principal problema que deberá enfrentar la UTE Solvi-Caputo (y del que probablemente necesite rendir cuentas al Concejo) para sostenerse como candidato a lograr la adjudicación del servicio.
Es que la compañía brasileña que pretende hacerse con el negocio de la basura en Córdoba enfrenta, además, serios problemas legales en su país de origen. Tal es así que documentos que forman parte de una investigación realizada por la justicia del país vecino revela que se encuentra implicada en la mega causa de corrupción conocida como Lava Jato. Esta documentación demostraría que el ex ministro brasileño José Dirceu y a su consultora recibieron, entre 2007 y 2009, aproximadamente 488.000 reales -más de 2,5 millones de pesos argentinos- de Solvi para “aceitar” negocios del grupo empresario. Actualmente, pesa sobre Dirceu una condena a prisión.
Adicionalmente, artículos difundidos por la prensa brasileña en las últimas semanas del año pasado , informaron que el Tribunal de Justicia de Estado de Pará negó la excarcelación de dos altos ejecutivos del grupo Solvi (Lucas Feltre, Director Administrativo y Financiero de “Revita Engenharia” y Diego Nicoletti, director Regional de “Solvi Participações”) quienes se encuentras siendo investigados por los delitos de polución atmosférica, polución hídrica, construcción de obras potencialmente contaminantes sin licencia ambiental, y elaborar un estudio ambiental total o parcialmente falso o engañoso.
Finalmente, un descargo presentado por Cotreco indica que el propio presidente de Solvi, Carlos Leal Solvi, es investigado por múltiples delitos económicos y ambientales en Brasil, e incluso fue condenado, en 2015, por “improbidad administrativa”, por fraude en el pesaje de los residuos en la ciudad de Alegrete, Río Grande del Sur.
El ordenamiento legal municipal prescribe que no podrán participar en licitaciones de servicios públicos quienes se encuentren procesados por delitos de esta naturaleza.



1 Comentario

  1. ¿En que quedamos si los INFORMES TECNICOS dicen que NINGUNA DE LAS TRES OFERENTES cumple con los requisitos licitatorios, PARA QUE INVITARLOS A EXPONER? ¿Porqué hay que COMPLICAR lo sencillo? ¡O SE AJUSTAN A LOS REQUISITOS O SE LLAMA A UNA NUEVA LICITACION CUANTO ANTES hasta dar con un oferente QUE RESPETE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO!

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