Desacuerdo por “gatillo 2017” obstaculiza paritaria

La primera reunión de la comisión técnica concluyó en un claro desacuerdo entre el Gobierno y los gremios al respecto de cómo calcular el aumento retroactivo.

La semana pasada, los gremios universitarios llegaron a la primera reunión de la negociación paritaria con un reclamo claro: no avanzarían con un nuevo esquema salarial para el 2018, hasta tanto el Gobierno cumpla con la cláusula gatillo que figura en el acuerdo paritario del 2017.
Al margen de no esbozar una propuesta de aumentos para el nuevo período, los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) accedieron al reclamo gremial, y propusieron constituir una comisión técnica mixta que acuerde los mecanismos.
Lo que podía ser un primer paso para sintonizar intereses de las distintas partes, se estaría convirtiendo, en cambio, en un obstáculo mayor para el progreso de la negociación. La primera reunión de la comisión técnica, el lunes pasado, resultó en un desacuerdo entre el Gobierno y los gremios.
Mientras unos pretenden abonar el porcentaje faltante sobre la base de un sueldo básico de noviembre, otros reclaman que sea sobre el último salario percibido. La forma en la que se resuelva esta discusión, además, sentará el punto de partida para la negociación paritaria de este año.

2,77 por ciento
Cuando el lunes 19 las distintas partes conformaron la comisión técnica, sólo pudieron confluir en el porcentaje que debe ajustarse: 2,77 por ciento. Este guarismo surge de la diferencia entre la inflación del “año paritario” (de marzo 2017 a febrero 2018) y los incrementos percibidos por los docentes en el mismo período.
Ese fue el único acuerdo de la comisión técnica, puesto que la cartera educativa nacional y los representantes gremiales proponen distintas formas de aplicar dicho porcentaje.
Los técnicos de la SPU promueven que el monto a abonar se calcule en base al sueldo básico de noviembre, que fue el mes en el que se realizó el último incremento escalonado del acuerdo salarial 2017.
Las centrales gremiales que participan de la negociación (Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Fedun, UDA y Ctera) consideran que dicha propuesta es injusta para los profesores puesto que no toma en cuenta los conceptos de jerarquización y nomenclador, disminuyendo lo percibido por los docentes. Por ello es que exigen que el 2,77 por ciento se aplique sobre el último salario percibido (febrero 2018).
Esta discusión no sólo afecta cuánto deberá desembolsar el Gobierno de manera retroactiva, sino que además tendrá un efecto claro sobre la negociación para los aumentos del 2018. Sucede que, de una u otra manera, el pago de la cláusula gatillo repercutirá en el salario que se tome de base para la discusión hacia adelante.
Además, una demora sustancial en resolver el pago de la cláusula gatillo repercutirá en los tiempos del resto de la negociación, provocando una mayor “irritabilidad” de los gremios frente a las posiciones del Gobierno.

Plan de lucha
Conadu y Conadu Histórica son las dos centrales de mayor peso en el universo de representantes gremiales de los docentes universitarios, puesto que entre ambas abarcan el 80 por ciento del cuerpo de profesores. Tras el fracaso de la primera reunión paritaria, las dos organizaciones fijaron sendos congresos extraordinarios para blindar con sus gremios de base una estrategia combativa, con un plan de lucha para los próximos meses.
Mientras Conadu Histórica reunirá a sus congresales en la jornada de hoy, Conadu ya hizo lo propio el martes, fijando dos medidas de fuerza concretas.
Por un lado, los miembros de Conadu decidieron realizar un paro de actividades de 48 horas de duración, durante las jornadas del 10 y 11 de abril, época en la que todas las instituciones de educación superior hayan comenzado el dictado de clases.
Además, de continuar irresuelta la negociación, plantean realizar una Marcha Nacional Universitaria, que genere visibilidad en todas las provincias y muestre un apoyo más contundente a sus reclamos.
Previendo que el conflicto podría extenderse más allá de mayo, como ya sucedió el año pasado, ambas centrales deslizan que la conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria podría ser un escenario en el que poner incómodo al Gobierno frente a referentes nacionales e internacionales.



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