Reforma Civil “a lo Napoleón”, otra pesada herencia

En octubre del 2014, la tropa K en Diputados sancionó un proyecto salpicado por denuncias de irregularidad. El antipapismo que menos duró en la historia accedió a los pedidos de la Iglesia y, entre otras concesiones, borró el alquiler de vientres.

Ya está en marcha la revisión de la reciente reforma de la legislación común, cuestionada desde que Cristina Fernández de Kirchner la anunció espetando una frase caricaturesca, en marzo del 2012, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.
En esa oportunidad, la ex mandataria informó sobre la creación de la comisión para unificar los códigos Civil y Comercial y confesó sentirse “un poco Napoleón”.
El plan se cumplió el primer día de octubre del 2014, cuando el oficialismo aprobó la medida, en soledad. Fue una jornada escandalosa que comenzó con una denuncia por presunto abuso de poder en contra de las autoridades de la Cámara Baja.
Uno de los legisladres que se presentó en Comodoro Py fue Mario Negri, argumentando que como el Gobierno generaba un clima de violencia institucional no quedaba otro camino que acudir al Poder Judicial.
El planteo -que también firmaron Elisa Carrió y el massista Darío Giustozzi- fue el corolario de meses reclamos de la oposición, que el día de la votación dejó el recinto.
Horas antes de la sanción de la ley, sin éxito, Carrió había presentado un amparo para intentar frenar el tratamiento del nuevo ordenamiento.
La principal crítica que unió a referentes de distintos sectores, como Negri, Carrió, Federico Pinedo, Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, entre otros, fue que el proyecto carecía de dictamen, ya que en la Cámara Alta se le introdujeron variaciones.
En ese sentido, Pinedo recordó que ninguna comisión de la Cámara Baja pudo analizar las modificaciones y que, por ello, el procedimiento privó al 100 por ciento de los diputados de la chance de sugerir variaciones y a la mitad de participar en la discusión.
Camaño, por su parte, les dijo a sus pares que avalarían algo que no los iba a llenar de orgullo. “No han cumplido el paso de legalidad que corresponde, por lo que esta sesión está viciada de ilegitimidad”, disparó.
Stolbizer apuntó al contenido de la propuesta y aseguró que se quedaba “a mitad de camino”. Así, razonó que la violación de las reglas para sacar la ley “a los codazos” evidenciaba que el kirchnerismo no quería que se avanzara sobre el tenor del articulado, que obtuvo la media sanción en el Senado a fines del 2013, bajo el “efecto Francisco”.
Para capitalizar la reunión entre Bergoglio y Fernández de Kirchner en el Vaticano, la tropa aceleró los tiempos de la reforma “a lo Napoleón” e hizo concesiones; entre ellas, borrar del texto la figura del alquiler de vientres.
Otro reclamo de la Iglesia al que accedió de buena gana el antipapismo que menos duró en la historia podría complicar la legalización del aborto, ya que suprimió la expresión “en la entraña materna” del artículo referido al inicio de la existencia de las personas, dejando en pie solo la noción de que comienza desde la concepción.
Cuando se conoció la supresión de la maternidad subrogada, el ex secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y actual diputado por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, manifestó su descontento y destacó que el “progresismo” dejó sin instrumentos legales a muchas familias heterosexuales y homosexuales. “Es lamentable que un gobierno que se jacta de ser nacional y popular y se llena la boca hablando de igualdad e inclusión, excluya el alquiler de vientres de la reforma del Código Civil”, manifestó.
Lipovetzky es un pionero a la hora de promover la figura y, de hecho, hace cinco años impulsó un proyecto para facilitar la inscripción de niños gestados mediante esa técnica, mientras era legislador porteño.
El nuevo Código Civil entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 y la polémica continuó. Dos días antes, el diputado Pablo Tonelli afirmó que si bien iba regular la vida cotidiana de la gente, se aprobó en el marco de un trámite irregular. Además, señaló que el kirchnerismo no aceptó discutir las propuestas de la oposición ni analizar las casi 1200 ponencias que se presentaron en las audiencias públicas.
Ahora, con el fin de introducir aspectos que no fueron considerados – como el alquiler de vientres, que ocasiona constantes litigios porque, al no estar prohibida, la gente se vale de ella y luego debe accionar para determinar la identidad de los recién nacidos, entre otras cuestiones- el Poder Ejecutivo designó a una comisión para que lo revise parcialmente.
Entre los fundamentos del decreto dictado la semana pasada figura que el Programa Nacional de Derecho Privado, dependiente de la cartera de Justicia, estudió la aplicación del Código Civil y concluyó que es necesario hacerle “ajustes puntuales”