Entre tasas y subsidios, EPEC es la sospechosa de siempre

La política del gobierno nacional de terminar con los subsidios a la energía está obrando como un disparador de debates largamente postergados. No sólo el relativo al costo de sincerar las tarifas de los servicios públicos (el más evidente) sino de discutibles herramientas de recaudación “prendidas” de las facturas que pagan los usuarios.

Por Pablo Esteban Dávila

La práctica es muy simple y se extendió como reguero de pólvora en los años del kirchnerismo. Muchos municipios -y también ciertos gobiernos provinciales- crearon tasas o impuestos que colgaron a las boletas emitidas por las distribuidoras de servicios públicos. Como la propensión al pago de estos servicios es más fuerte que la verificada al momento de cumplir con las obligaciones tributarias (si no se paga, se corta el suministro), los intendentes se aseguraban una recaudación importante sin tener que mover un solo músculo de sus organismos fiscales.
Este tipo de agregados sumaban costos a los usuarios, pero, cuando lo que se pagaba por la luz, el gas o el agua era irrisorio, mucho no importaba. Tampoco parecía relevante que muchas de estas tasas municipales fueran un porcentaje del total facturado, pues el valor de una pizza era a menudo mayor que el de un bimestre del servicio.
La combinación entre subsidios nacionales y picardías locales mantuvo esta situación durante mucho tiempo, en una estabilidad de cosa juzgada. Sin embargo, la necesidad de terminar con la sangría de recursos por culpa del atraso tarifario elevó el asunto a la categoría de los grandes temas públicos.
La polémica, aunque insinuada en Córdoba el año pasado, terminó por estallar en los últimos días, cuando EPEC comenzó a distribuir sus boletas con sustanciales aumentos. Esto produjo un “efecto exégesis” sobre los conceptos facturados, ya de por sí bastante complejos. Un ítem que creció recíprocamente fue la tasa que impone la Municipalidad de Córdoba, que impacta con un 10% sobre el valor total a pagarse. Era de esperarse que la ira de un usuario promedio se incrementara en relación directamente proporcional. Una cosa es pagar un porcentaje de poco y otra muy distinta es hacerlo sobre mucho.
El gobernador -jefe nominal de EPEC- reaccionó con rapidez frente a la ola de críticas por los aumentos. A través de canales discretos, solicitó al ERSEP que pusiera un poco de orden en el aquelarre en que se había convertido la factura que llega a los usuarios, tanto las eléctricas como las de aguas. Solícitos, los reguladores dispusieron el fin de las tasas municipales adheridas al precio de estos suministros.
El más afectado por la medida fue Ramón Mestre, quién salió a criticar a Juan Schiaretti por la decisión. Palabras más, palabras menos, sostuvo que él está obligado a cobrar esos estipendios porque la provincia no coparticipa parte de los ingresos públicos que corresponden a los municipios. De paso, fustigó la ineficiencia de EPEC como la verdadera razón del costo de la energía eléctrica en la provincia.
Luz y Fuerza relevó al Centro Cívico de responderle. El gremio atacó al intendente con sus aburridas monsergas: que la empresa es muy eficiente y que, detrás de sus ataques, se esconden intenciones privatistas del tipo que tuvo su padre, el fallecido exgobernador Ramón Bautista Mestre.
Dejando de lado el hecho de que quién efectivamente estuvo a un tris de privatizarla fue José Manuel de la Sota en el año 2000 (y que lamentablemente no lo hizo), el episodio dará pie para que el radicalismo vuelva a agitar las banderas del centralismo schiarettista en su reunión anual en Villa Giardino el próximo fin de semana. Curiosamente, el cónclave tendrá lugar en el hotel de Luz y Fuerza que, vaya paradoja, se encuentra concesionado. Los radicales podrían argumentar que los lucifuercistas borran con el codo lo que escriben con una mano: si un privado maneja más eficientemente el hotel que les pertenece, ¿no podría hacerlo mejor con la propia EPEC?
Lamentablemente, ni Mestre ni sus correligionarios dirán nada favorable a la privatización. Es un tema tabú. No porque no lo piensen -toda la clase política sensata de Córdoba estaría encantada de privatizarla- sino porque, debido a la década de extravío kirchnerista, cualquier sugerencia en este sentido sufriría la anatema de los medios y de buena parte de la opinión pública, la misma que se queja de los altísimos costos de EPEC.
Lo curioso es que, en términos prácticos, la empresa ya está concesionada. Hace rato que Luz y Fuerza interviene, tanto por sugerencias internas inapelables como mediante un poder de veto implícito, en las decisiones de EPEC. Sus afiliados gozan de prerrogativas irritantes, como jornadas laborales reducidas y una Bonificación Anual por Excelencia (BAE), que todo el mundo cobra sin importar la real calidad de sus servicios. EPEC es de sus empleados que, sin embargo, jamás se harán cargo del déficit que arrastra ejercicio tras ejercicio, un hándicap reservado sólo a los contribuyentes provinciales. Es la privatización más vergonzosa que existe en la Argentina.
Claro que al radicalismo le faltarán agallas en Villa Giardino para decir esto. Fiel a su historia, culpará a Unión por Córdoba por los costos de la empresa y la carga que supone para sus usuarios. Reclamará más inversiones y cosas por el estilo. El Centro Cívico se escudará enumerando todo lo que se ha hecho en estos años y que las verdaderas causas del problema se reducen al fin de los subsidios dispuestos por Macri y a la avivada de los intendentes de pretender de que otros hagan el trabajo sucio de cobrarles sus tasas. Todo seguirá igual.
Los subsidios K distorsionaron hasta tal punto la economía y la política que, a pesar de que cualquiera sabe que EPEC es ineficiente, nadie conoce exactamente cuánto. Para colmo de males, el gremio bloquea cualquier intento de racionalización. Uno de sus berretines es el de “una empresa estatal e integrada”, que combine tanto la generación como el transporte y la distribución eléctrica a sus usuarios finales. A contramano del mundo, posee plantas de generación (marginalmente más costosas que otras similares en el país, en manos privadas o en competencia) y distrae recursos de los que debería ser su principal negocio, esto es, brindar un servicio de calidad a sus clientes. Parecería como si nada de esto pudiese ser discutido públicamente, a la usanza de una sociedad anónima al sólo arbitrio de sus accionistas.
Las tarifas, no obstante, son obstinadas y continuarán incrementándose. Y cuando los subsidios desaparezcan totalmente y las tasas de Mestre sean historia, pues tendrán que hacerlo para cubrir el déficit operativo que Luz y Fuerza pretende justificar como resultados de los políticos y no de sus propias desmesuras. Total, es “estatal e integrada”, lo que significa que la pagamos entre todos, con las facturas del servicio y también con los impuestos, aunque todavía no sepamos exactamente en qué proporcio