Control de daños vía Ley de Ética Pública

Con el flanco PRO del Gobierno bajo la mira por los casos Triaca y Díaz Gilligan, el radicalismo difundió su propia iniciativa. El autor de la propuesta, Mario Negri, quiere que los candidatos para encabezar ministerios, entre otros cargos, pasen por un “chequeo previo”.

A dos semanas de que la Oficina Anticorrupción (OA) confirmara que había finalizado el borrador del proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri, presentó una iniciativa de su autoría, para darle más protagonismo al área que conduce Laura Alonso a la hora de designar funcionarios.
El texto que promueve el radical -que cuenta con la firma de sus pares Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze- busca que la OA actúe preventivamente; es decir, antes de la jura de los cargos.
La novedad trascendió horas después de que el ex subsecretario general de la Presidencia, Valetín Díaz Gilligan, quedara imputado por omitir declarar una cuenta en Andorra.
El caso de Díaz Gilligan se sumó al del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el debate por la transparencia y los conflictos de intereses en el Gobierno se instaló; especialmente, en el flanco Pro.
Ante ese panorama, encabezado por Negri, el radicalismo tomó cartas en el asunto. “Proponemos que se capitalice la experiencia de la OA para que su intervención sea temprana”, plantearon los referentes el partido que integra Cambiemos.
En ese sentido, Negri explicó que la idea es que quienes resulten designados comparezcan a una suerte de “chequeo previo”, para que la OA determine si hay contradicciones entre su función anterior y el puesto que van a asumir.
La iniciativa plantea que aquellas personas cuyo acceso a la función no sea resultado del sufragio deban incluir en una declaración jurada sus antecedentes laborales y profesionales, a efectos de facilitar un mejor control respecto de posibles conflictos de intereses -actuales o potenciales- u otros “riesgos éticos”.
Además, para evitar colisiones con las reglas y principios de integridad, establece que la oficina deberá analizar aquella información y “los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos”, para formular las indicaciones y recomendaciones que estime pertinentes.
Con ese cometido, entre otras medidas, faculta al organismo para que acuda a las fuentes de información disponibles y para requerirle precisiones complementarias a los postulantes.
Los cargos que abarca la propuesta son los de ministro, jefe de Gabinete, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y titulares o integrantes de los órganos de Gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.
Cabe recordar que antes de que Díaz Gilligan terminara renunciando, , a través de su cuenta de Twitter, Negri le reclamó que diera un paso al constado y sostuvo que debía comparecer ante la Justicia y aclarar su proceder.
“No es condena, la ‘vara’ sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo”, escribió el cordobés luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificara el respaldo oficial al funcionario, que no declaró haber sido director hasta noviembre de 2014 de la empresa Line Action, una sociedad relacionada con el negocio del fútbol y radicada en el Reino Unido, con 1,2 millones de dólares en la banca de Andorra.
Peña apoyó a Díaz Gilligan argumentando que se trataba de una discusión sobre el patrimonio que tenía antes de entrar al Gobierno. “No estamos hablando de fondos públicos o de corrupción”, sostuvo.
El lunes, la fiscal federal Alejandra Mangano abrió formalmente una pesquisa y le solicitó al juez Claudio Bonadio las primeras medidas de prueba; entre ellas, que la OA remita las declaraciones juradas de Díaz Gilligan.



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