Deplorable estado de los hoteles de Embalse

El complejo hotelero formó parte de la política justicialista de turismo social de los años 40 y 50, que en estos tiempos el gobierno nacional no puede ni soñar. Más realista sería su privatización, pero se tropieza aquí con una inoportuna e inconsecuente “condecoración”: en 2013, el gobierno de la inefable Cristina de Kirchner lo declaró monumento histórico.



Por Gabriel Osman

El complejo turístico de Embalse de propiedad del Estado nacional, con 3.500 plazas de alojamiento, es para la economía del Valle de Calamuchita lo que el complejo metalmecánico para Córdoba. Más allá de la correspondencia lineal de la escala, esta es una verdad meridiana. Por esto, lo que se discutió el lunes pasado en la reunión de la Comisión de Turismo de la Legislatura en la localidad Embalse es un problema de máxima importancia para la zona. El traslado de esa comisión legislativa al lugar es una manera de merituar la pertinencia del tema.
El relato de los legisladores de Cambiemos (macristas y radicales) sobre la puesta de un acting peronista que motivó que se retiraran de la reunión, es un relato probable; descalificar la importancia del evento por posibles excesos escenográficos, es cosa bien distinta. Y algo más: el complejo hotelero de Embalse es responsabilidad del Estado nacional, por lo que sólo incidentalmente toca a la actual administración de Mauricio Macri.
El actual Presidente está hace 26 meses en el gobierno y el problema tiene tres décadas o más, cruzando todo el espectro político que pasó por el poder en esos años. Adicionalmente, el ministro de Turismo de la Nación es el cordobés Gustavo Santos, del que se desconoce públicamente algún interés por el desdichado destino de esta infraestructura hotelera en estado de abandono enclavada en uno de los valles más hermosos de las sierras de Córdoba.
No debería descartarse un exceso de susceptibilidad al portazo de los legisladores de Cambiemos. Atribulados como están en esta semanas por serios problemas políticos, es probable que tomaran el atajo de retirarse para no sufrir nuevos reproches.
Igual, el problema sigue existiendo. Después del portazo de Cambiemos, la reunión de la comisión de turismo de la Legislatura siguió su curso. Fue ruidosa pero pacífica. Claro, la importancia del destino del complejo hotelero fue muy convocante, con la participación de comerciantes, vecinos y algún touché de militancia PJ. El clamor fue “no nos dejen solos”. Es que muchas personas y la industria turística en general con todos sus actores directos e indirectos, está aludida.
El complejo hotelero, al igual que el de Chapadmalal (sobre la costa atlántica, a 23 kilómetros de Mar del Plata), formó parte de la política justicialista de turismo social de los años 40 y 50, que en estos tiempos el gobierno nacional no puede ni soñar. Más realista sería su privatización, pero se tropieza aquí con una inoportuna e inconsecuente “condecoración”: en 2013, el gobierno de la inefable Cristina de Kirchner lo declaró monumento histórico. Increíble leer la norma que lo declara monumento y ver cómo lentamente se va convirtiendo en una gran tapera .

Comunicado
El bloque de UPC en la Legislatura emitió ayer un comunicado en el que en el que da su versión sobre el portazo cambiemita. Dice que “desconoce” los motivos por los cuales los legisladores de la oposición que integran la comisión que sesionó el lunes en Embalse, decidieron retirarse del recinto y no participar en el debate. “El resto de la comisión, como debía, siguió sesionando para lograr encontrar una solución pronta al deplorable estado en que se encuentra los hoteles de Embalse”, remata.



1 Comentario

  1. Evidentemente, la Pcia tiene “intereses ocultos” en los HOTELES DE EMBALSE. ¿Pretenden que pase a la PROVINCIA para ser CONCESIONADOS Y PONER CASINO Y TRAGAMONEDAS? ¿Ya tienen “algún candidato” hablado? ¿Es el mismo grupo Roggio (CET) asociado a algún lavador, perdón, quise decir, “inversor” foráneo que maneja el juego en la Pcia? Es cierto que están abandonados, pero dado el estado de la ECONOMIA, ¿les parece SENSATO dirijir FONDOS PUBLICOS para esto, cuando hay muchísimas otras prioridades de caracter SOCIAL, EDUCATIVO Y SANITARIO? ¿No son JUSTICIALISTAS los reclamantes por lo que se supone que la JUSTICIA SOCIAL es su norte?

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