Con el pacto fiscal en marcha, quiénes ganaron y perdieron en enero

Ya rigen las compensaciones y sanciones a las provincias que sancionaron la ley de adhesión y a las que no. Porteños y bonaerenses, a la cabeza de los envíos recibidos.

En enero los envíos por coparticipación alcanzaron los $78.554 millones, el 36,6% más que en igual mes de 2017. Ya con el pacto fiscal en vigencia, la compensación recibida por las provincias fue de $776,9 millones; sin ese monto el incremento en la coparticipación hubiese sido del 35,. Además, por el acuerdo entre los gobernadores y la Nación se redujo el porcentaje de participación de la Ciudad de Buenos Aires para mantenerla alineada con el resto, pero en el primer mes del año esa modificación no operó. San Luis s la única que no firmó.
Hay que recordar que hasta diciembre Ganancias figuraba por fuera de la coparticipación, lo que cambió con el pacto. Con el nuevo esquema, Caba y Buenos Aires figuran a la cabeza de los envíos recibidos. En el primer caso la coparticipación aumentó 59,7% interanual, consecuencia de no haberse corregido todavía su coeficiente de participación. Buenos Aires mejoró 50,5%, en línea con el cambio producido en la asignación de Ganancias.
El resto de las jurisdicciones presentaron un alza promedio de 37,1% interanual en sus ingresos. Sin la compensación, el crecimiento sería del 33,2% interanual. En promedio, la compensación representó el 2,9% de los ingresos de este grupo. Un informe del Iaraf, dirigido por Nadín Argañaraz, apunta que en casos como Salta y Misiones ese segmento llegó a representar el 6,7% y el 5,8%, respectivamente. En el otro extremo, se ubican en las que significó menos del 1%, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Catamarca.
El último grupo está conformado por las provincias que no sancionaron el Consenso en sus parlamentos. A raíz de esto, nueve jurisdicciones sufrieron el recorte de envíos por compensación. La Rioja sancionó en los últimos días, por lo que se espera que recupere los fondos. El resto, de no sancionar la ley, mantendrá las penalizaciones previstas.
Una sanción clave es la no recepción de los fondos destinados a compensar la pérdida que surge para las jurisdicciones a raíz de la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias y el aumento de la asignación específica de cheque. Aquella jurisdicción que no tenga sanción legislativa no va a recibir recursos que, en caso de no existir el pacto, sí tendría. No es dinero adicional al que le correspondería.
En Corrientes y Santiago del Estero la pérdida de recursos podría llegar a significar un 8,6% y 7,6% de la coparticipación que recibirían sin el Consenso Fiscal, respectivamente. Dada la magnitud de la pérdida, es lógico el apuro por la sanción de parte de las jurisdicciones que todavía no lo han hecho. Seguramente se buscará el acuerdo político necesario con la oposición de cada provincia.
Un capítulo aparte son las disputas que ya empiezan a verse -como en Córdoba- entre gobiernos provinciales y municipios. El pacto establece que los montos compensatorios por la pérdida de recursos coparticipables deben ser administrados por cada jurisdicción y destinada a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial (en sus ámbitos rurales o urbanos).
Esos dineros son una compensación de coparticipación, los municipios perderían recursos que de otro modo recibirían. Este tema seguramente va a generar una intensa discusión política en aquellas Provincias que opten por no coparticiparla. Para el Iaraf una salida sería que esos recursos se coparticipen con igual destino que el mencionado en el Consenso.
Así los municipios evitarían verse perjudicados recibiendo menos recursos que los que les correspondería según lo que establezca la ley de coparticipación municipal.
En Córdoba este esquema implica 80,5% entre municipios, y 3% entre comunas. Un 1,5% se destina a fondos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Otro 3% para la constitución de un fondo para financiar gastos de capital de las Municipalidades y Comunas. Finalmente un 12% para la constitución de un fondo para el financiamiento de la descentralización del Estado. El conflicto por el reparto de fondos se reavivó a fines del año pasado como consecuencia de la firma del pacto fiscal.



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