Uber insiste: es legal trasladar a otro pago mediante

La Justicia ratificó una cautelar y le ordenó al Gobierno de la CABA que suspenda las actividades de la firma. No obstante, la compañía anunció que continuará operando. Siguen en pie los planes de expansión a otros distritos, Córdoba incluído.

Aunque la Justicia porteña ratificó una cautelar del 2016 y le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que suspenda cualquier actividad de Uber y de sus “conductores socios” en la jurisdicción, la firma anunció que continuará operando con normalidad porque no fue prohibida, suspendida ni dada de baja.
La empresa, que sigue resistiendo pese a la verdadera batalla judicial que enfrenta, encabezada por los gremios que nuclean a taxitas y remiseos y respaldada por buena parte de la clase política, sostiene que la medida no tiene efectos porque no fue demandada y no hay una sentencia de fondo sobre el tema.
En un comunicado, reiteró uno de los argumentos que plantea desde que empezó a trabajar en el país y aseguró que el servicio que presta es legal y que su giro está respaldado por el Código Civil y Comercial, que regula la figura del contrato de transporte.
Así, insistió con que “una persona puede transportar a otra a cambio de un pago” y expresó que Uber, en su rol de intermediario tecnológico, permite conectar a dos particulares (usuario, de un lado, y socio, del otro). Además, destacó que la empresa está registrada en el exterior.
La reciente decisión vinculada a la compañía la tomó el juez Víctor Trionfetti, quien en abril del 2016 dictó la cautelar que, según expresó, tendría validez hasta tanto se dictara un fallo definitivo. Ahora ratificó la medida y opinó que Uber infringe el sistema jurídico debido a una serie de “posibles violaciones a normas constitucionales y leyes locales”. En tanto, destacó que a lo largo de casi dos años “mutó la calidad” de los intervinientes en el proceso, ya que los conductores se definen como socios y en los escritos iniciales se refirieron a Uber como una “aplicación móvil”.
A principios del 2017, el ex juez y coordinador general de la iniciativa gubernamental “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, abogado del CEO de Uber en Argentina, Mariano Otero, adelantó que la estrategia de la firma será ir por la regulación del servicio.
En en marco de uno de los frentes que pelea la empresa -el enfrentamiento con las autoridades de la CABA en el proceso por faltas que involucra a Otero- el letrado alegó que el procedimiento contravencional está hecho para otros casos y que intentan “deformarlo” para prohibir a Uber.
En septiembre del año pasado, Justin Kintz, director de Asuntos Regulatorios de América Latina para UBER, confirmó que la empresa planea quedarse y expandirse a otros distritos; Córdoba incluido.
Kintz valoró que la sucesión de problemas que Uber enfrentó en la CABA es la consecuencia de no haber dialogado con el sector público y otros actores del sistema de transporte. “Fuimos muy ansiosos con el lanzamiento en Argentina. Comenzamos sin haber construido las relaciones que debíamos generar”, dijo. Además, aseguró que se buscará “enmendar el error” y demostrar que la solución es que la prestación que brinda Uber esté “debidamente regulada”.
Como paso previo a comenzar a reclutar choferes en ciudades importantes como Córdoba, Rosario y Mendoza apuntó a la necesidad de regularizar la situación en la Capital Federal, Uber decidió bajar el nivel de conflictividad. La Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña tiene a la vista un proyecto de ley para regular la actividad y la firma afirmó que se adaptará a la norma que se apruebe; incluso, si se trata de una regulación estricta como la que rige en Montevideo, Uruguay, que la obliga a pagarle un canon mensual al Gobierno y lo autoriza a cobrarle impuestos a los conductores.
La novedad generó la reacción de los taxistas cordobeses. Lidio Soriano, del Sindicato de Conductores de Taxi, declaró que el sector “bajo ningún punto de vista llegará a un acuerdo” para que Uber trabaje en Córdoba.
Soriano indicó que la ordenanza municipal 10.270 no estipula otro tipo de servicios de traslados de pasajeros que no sean los ya establecidos y disparó: “No hay apertura y vamos a ir hasta la últimas consecuencias. No vamos a permitir que ingrese a Córdoba”. En tanto, dijo que quienes quieran manejar sus autos para Uber “van a terminar presos”.
No obstante, hay varios fallos que, junto con un sistema de licencias o afines, podrían validar la pretensión de Uber para radicarse en la ciudad.
Hay un precedente favorable para la intención de Uber de reclutar conductores en Córdoba. En febrero del 2017, la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil determinó que cada jurisdicción debe resolver qué hace con los conflictos que puede suscitar la actividad de la empresa.
Luego, la Justicia dio otra señal que podría alentar a Uber cumplir con su agenda de expansión. Mediante un fallo novedoso, en agosto, las asociaciones de propietario de taxis fueron multadas por haber cortado el centro porteño, en protesta por el desembarco de la firma, a principios del 2016.
En tanto, cabe recordar que en primera y en segunda instancia la Justicia de la CABA consideró que manejar un auto a través de la aplicación web no es una conducta criminal y desestimó una denuncia penal del gremio que nuclea a los taxistas en contra de 33 choferes de Uber, por la presunta comisión de los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia y asociación ilícita.
La sentencia del juez de Instrucción Luis Zelaya fue apelada por la entidad, pero la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó lo decidido.
En su momento, Zelaya sostuvo que quienes manejan vehículos para Uber desarrollan una actividad comercial lícita y que, en todo caso, podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.
Además, determinó que no es lógico presumir que la intención de los choferes esté dirigida a entorpecer el sistema de transporte. Por el contrario, razonó que pretenden sumar sus servicios y que la presentación se basó en la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial.
Luego, por unanimidad, la Alzada también descartó que hubiera un supuesto de competencia desleal o de instigación a cometer delitos, subrayando que Uber busca desarrollar una actividad lícita, bajo un modo de asociación con fines legítimos. En ese sentido, argumentó que transportar pasajeros sin habilitación oficial no configura una conducta tipificada.



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