El ahorro en subsidios a energía fue a más gasto público

Las transferencias por ese rubro se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016; el resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.

Los subsidios empezaron a bajar con la gestión de Cambiemos, pero los ahorros logrados por esa vía fueron a a mayor gasto en otros subsidios y en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. Precisamente, la aceleración de la inflación en 2017 se explicó por los ajustes en las tarifas pero su efecto no se registró –como debería- en las cuentas públicas.
Los ajustes fuertes en los precios relativos de algunos bienes –como las tarifas de energía– no son estrictamente inflación en la medida que sean por única vez. De aquí que lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aún sin considerar el ajuste de tarifas.
Para entender porque la “inflación núcleo” sigue siendo muy alta vale analizar la evolución de algunos componentes claves del gasto público. La consultora Idesa lo hizo en base a la información publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada a noviembre: los subsidios a la energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016; el resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.
Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil millones.
Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que cumplen funciones ya previstas por otras jurisdicciones.
Idesa sostiene que, si a esto se suma la expansión de los gastos de la Anses, se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal.
“El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal. El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Caba y el conurbano bonaerense”, señala el documento.
En esa línea plantea que urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la Anses. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas.
La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.
“Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso. A noviembre del 2017, el déficit fiscal creció en $88 mil millones respecto al 2016, explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda”, agrega el análisis.
Y continúa: “Querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos”.



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