Los detractores de Zaffaroni sacan la munición gruesa

Mientras se ponen en evidencia las contradicciones de uno de los referentes de Justicia Legítima y la condescendencia de sus seguidores, cabe razonar que si el punto de vista de la cofundadora del grupo, Gils Carbó, sobre el exabrupto del fiscal Senestrari se aplicara a los dichos del ex supremo, su cargo en la CIDH pendería de un hilo.

zaffaroniLas declaraciones de alto voltaje político y partidario de los funcionarios judiciales que integran o apoyan al grupo Justicia Legítima son moneda corriente.
Un ejemplo de falta de mesura y decoro es el accionar del fiscal federal Enrique Senestrari, sumariado en noviembre del año pasado por las declaraciones radiales que hizo cinco meses antes, cuando manifestó su ferviente deseo de que “cayera” Mauricio Macri.
En el marco de lo que configuró el más grave de sus muchos deslices verbales, el agente fue más allá y le pidió a la sociedad que “reaccionara” para evitar que “voltearan” a Nicolás Maduro en Venezuela, mientras el régimen chavista masacraba a civiles en las calles.
Para sorpresa de muchos, Alejandra Gils Carbó, una de las máximas referentes del colectivo afín al kirchnerismo, ordenó que se instruyeran actuaciones administrativas.
Mientras tuvo margen de maniobra, la superior del cordobés desoyó la catarata de críticas provenientes de distintos sectores. De hecho, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, solicitó la suspensión de Senestrari días después de la transmisión del programa. Como no obtuvo respuesta, presentó un pronto despacho y aseguró que Gils Carbó demoraba injustificadamente su decisión.
Sin opciones, antes de dejar su cargo como procuradora General de la Nación puso en marcha en mecanismo disciplinario en contra de uno de sus admiradores incondicionales.
En su momento, Senestrari ensayó una defensa alegando que habló “a título personal” y en ejercicio de su libertad de expresión. Sin embargo, al dictar la medida, Gils Carbó le puso los puntos. “En una sociedad democrática los funcionarios están más expuestos al escrutinio del público que los demás ciudadanos”, recordó, explicando que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate social.
De esa manera, destacó que al asumir sus cargos se someten voluntariamente a recibir más críticas y aclaró que el sumario es un modo de llevar a cabo un control que se fundamenta en el sistema republicano.
Además, la cofundadora de Justicia Legítima estimó que en el caso no estaba en juego la libertad de expresión, ya que Senestrari pudo explicitar sus ideas. “Lo que se someterá a discusión es el alcance de su eventual responsabilidad ulterior”, precisó.
Recientemente, otro gurú de aquel espacio, el ex juez de la Máxima Instancia Eugenio Zaffaroni, volvió a inmiscuirse en asuntos de política interna.
A poco menos de un año de decir que si el fiscal Alberto Nisman estuviera vivo lo ahorcaría “por obligarlo a leer su denuncia”, propaló que el actual Gobierno no llega al 2019, entre otras polémicas declaraciones.
Como era previsible, llueven las críticas y se reeditan los reclamos para que sea apartado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del Tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad, y aunque Zaffaroni viola sistemáticamente esas disposiciones desde que asumió, hasta el momento el organismo ignoró los pedidos para que sea apartado.
Paradójicamente, si el punto de vista de Gils Carbó en el “caso Senestrari” se aplicara a los muchos episodios que protagonizó su compañero de militancia, otro sería el escenario para el jurista.
Sin éxito, la Asociación Civil Usina de Justicia ya reclamó dos veces que la Corte Interamericana tome medidas y que frene a Zaffaroni, al estimar que no cumple con los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad que su puesto le impone.
En su última presentación, recordó que despliega una intensa actividad tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina; que actúa en forma ostensible como asesor legal particular de la ex mandataria en causas criminales; que descalifica al actual presidente y denosta su elección democrática y que desautoriza públicamente lucha contra la corrupción.
Ahora, la ONG fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest volvió a la carga. En un comunicado, expresó que si bien se supone que la CIDH es integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, ese no es el caso de Zaffaroni.
A continuación, el grupo sacó la munición gruesa y recordó que el gurú del abolicionismo actuó como juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y que jamás otorgó hábeas corpus que hubiesen permitido salvar vidas durante esos años oscuros.
Por su parte, el fiscal Marcelo Romero hizo lo propio. En una carta abierta, criticó varios fallos del ex supremo y definió a sus teorías como “pseudo doctrinas berretas que han perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia”.
En tanto, el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” que “cree en los derechos humanos, pero no de todos los seres humanos”.
Además, escribió que aunque Zaffaroni dedicó “gran parte de su obra a criticar el derecho penal del enemigo” no tuvo empacho en utilizarlo contra acusados de delitos de lesa humanidad que intentaron estudiar en el programa UBA XXI, a pesar de que varios ni siquiera habían sido condenados. “Zaffaroni, de hecho, preparó un documento con el cual la UBA trató de justificar jurídicamente el rechazo al ingreso de los acusados de delitos de lesa humanidad con argumentaciones que, en el mejor de los casos, eran políticas”, resaltó también.



1 Comentario

  1. Zaffaroni, no solo logró contaminar a cátedras y profesionales de la abogacía, sino que hace gala de impunidad. Lo viene haciendo desde que era juez durante la dictadura, lo hizo, cuando se «olvidó» de informar de dineros en el exterior, como así tambièn de cuando sus inmuebles eran locados para el ejercicio de la prostitución. Respecto a la anomía que viene asolando a la Argentina, en todos los niveles sociales incluidos los gubernamentales (caso Triacca por ej.), mucho se debe a la conciencia de IMPUNIDAD instalada en el inconsciente Argento. Zaffaroni, está lejos de representar VALORES HUMANOS y menos los vinculados a la JUSTICIA.

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