Cordobeses K se suben a iniciativa popular contra reforma previsional

El kirchnerismo vernáculo no quiere que se diluya el peso relativo ganado a nivel nacional tras los resultados de los comicios legislativos de octubre.



reformaLa reforma previsional, que monopolizó el escenario político en diciembre pasado, continúa siendo eje de la acción política en algunos sectores de la oposición al gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri.
Mientras la gestión cambiemita ya tiene la mira puesta en lograr avances con su proyecto de reforma laboral, el que sería dividido en etapas que garanticen su aprobación en el Congreso, el kirchnerismo no pierde de vista su derrota, en la que los legisladores nacionales modificaron, entre otras cosas, la fórmula con la que se actualizan las jubilaciones.
La última esperanza del espacio que conduce la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner­ es lograr cumplir con los requisitos que activen el sistema de “iniciativa popular”, un mecanismo de participación social establecido en el artículo 39 de la Constitución nacional.
La estrategia consiste en obtener un millón de firmas avalando un proyecto de derogación de la reforma sancionada en diciembre, visto que la carta magna garantiza que “los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados”.
En semanas recientes, el proyecto delineado en el instituto Patria, base de operaciones de la ex mandataria, recibió el apoyo de referentes del Partido Justicialista como José Luis Gioja, quien preside el partido a nivel nacional, y Gustavo Menéndez, quien encabeza la filial bonaerense del PJ.
Esta semana, la campaña comenzó a tomar vuelo en Córdoba, de la mano de las tribus K locales. Gracias a la sintonía que el justicialismo cordobés mantiene con Macri, el espacio kirchnerista tendrá la posibilidad de monopolizar la recolección de firmas.
Si bien no hubo demasiado entusiasmo inicial por parte de los dirigentes cordobeses, los apoyos a la campaña comenzaron a visibilizarse en los últimos días. Entre otros, la diputada nacional Gabriela Estévez, el Plenario Provincial de la Militancia Nacional y Popular, Nuevo Encuentro Córdoba, y el colectivo Más Democracia hicieron expreso llamado a adherir a la iniciativa popular.
La demorada adhesión cordobesa habría tomado vuelo en pos de la intención del kirchnerismo local de no licuar el capital político obtenido en el 2017, cuando logró colocar a Pablo Carro en un escaño de la cámara baja.
El desempeño del Frente Córdoba Ciudadana superó las expectativas de sus propios dirigentes, quienes se esforzaron en recotizar sus acciones a través de fotografías del nuevo legislador con Fernández de Kirchner y otros referentes nacionales del kirchnerismo.
Los líderes locales saben que el próximo año se planteará un escenario complejo en el distrito cordobés, donde la intención de voto del presidente Macricontinua siendo alta (en el balotaje de noviembre de 2015 obtuvo el 70 por ciento de los sufragios) y en el que la disputa por la Gobernación podría polarizarse entre Unión por Córdoba y Cambiemos.
Para intentar disputar con algún grado de incidencia, el kirchnerismo cordobés necesitará el apoyo político, logístico y presupuestario de su estructura nacional, elementos que le fueron esquivos en el proceso electoral del año pasado.

Iniciativa popular
La ley 24.747, que reglamenta la puesta en práctica de la iniciativa popular fija las condiciones a cumplirse para que el mecanismo se active. Las mismas consisten en la recolección de una cantidad de firmas de ciudadanos mayores de edad no menos al 1,5 por ciento del padrón que se utilizó en los últimos comicios de diputados nacionales.
Asimismo, la normativa fija que las mismas deben proceder de al menos seis distritos electorales del país, lo que abarca tanto a las 23 provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras su presentación, las firmas son verificadas por la justicia nacional electoral, utilizando para ello un muestreo aleatorio que no debe ser inferior al 0,5 por ciento de las firmas presentadas. Por cada firma falsa que se detecte, la justicia descarta del número total una cantidad proporcional de acuerdo al tamaño de la muestra.
Si la justicia da el visto bueno a la iniciativa, ésta ingresa a la Cámara de Diputados y el Congreso tendrá la obligación de tratarla (someterla a votación) durante los siguientes 12 meses.
Si la iniciativa que promueve el kirchnerismo terminase siendo aprobada por el Congreso, podría tener un costo para las arcas del Estado estimado en 60 mil millones de pesos sólo durante el primer año.
Si bien en diciembre el Gobierno logró reunir el apoyo de más de la mitad de los legisladores de cada Cámara, el respaldo mediático que constituiría un millón de firmas a la derogación de la reforma laboral podría hacer tambalear la adhesión de aliados peronistas de distintas provincias.



1 Comentario

  1. Esto aleja las intenciones de VIGO de «infiltrar» a los K, para sumarlos para si. Resulta inevitable ver a Vigo y no remitir a su marido en tan estrecho vinculo con Macri, incluso mayor que el de muchos Radicales socios de CAMBIEMOS. Los que soñaban con un «peronismo» unido con vistas al 2019, van a tener que cambiar de «sueño». No estrañaría que en Còrdoba, UPC propiciara la ruptura de CAMBIEMOS, apostando a un apoyo a MACRI asociado con el PRO. Despuès de todo, muchos de sus militantes acompañaron a De La Sota cuando Kammerath era el «referente local».

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