Cambio de agenda: edad de imputabilidad, para el segundo semestre

El Gobierno nacional logró separar la discusión parlamentaria del proceso electoral. Ahora, busca postergar el debate unos meses. Pese a los planteos de varios referentes del arco político, la Provincia fijó postura y criticó propuestas de “mano dura”.

Un año atrás, luego de que Sergio Massa le reclamara desde la costa atlántica al Poder Ejecutivo que convocara a sesiones extraordinarias para que el Congreso abordara la baja de la edad de imputabilidad, Mauricio Macri anunció que en días impulsaría el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil.

En una conferencia de prensa, el mandatario se refirió al crimen de Brian Aguinaco, asesinado por un adolescente en el barrio porteño de Flores a fines del 2016. También citó el homicidio de un jubilado de 87 años sucedido en la localidad bonaerense de Villa Ballester, un hecho en el cual habrían participado dos chicos de 14 y 16 años, y valoró que ambos casos obligaban a “encontrar otras herramientas” para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

“No somos innovadores, el mundo ya avanzó hace rato en tener códigos penales juveniles”, aseguró. También sostuvo que se imponía evitar “el avance de los niños como herramientas del crimen”.

El oficialismo se colocó en la misma sintonía que el Frente Renovador, cuyo fundador, partidario de la “mano dura”, estima que, entre otras medidas, el país debe contemplar en su presupuesto fondos para construir más cárceles e institutos de menores.

En ese contexto, Córdoba fijó postura. El ministro de Justicia, Luis Angulo, criticó la propuesta. Opinó que bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para hechos graves no será una solución para la inseguridad y puso el foco de la discusión en los flagelos de la pobreza y la marginalidad.

Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia local marcaron otro punto de diferencia entre Unión por Córdoba y el espacio que comanda Massa.

En tanto, con Angulo como portavoz, el Gobierno cordobés, aliado táctico de muchas iniciativas nacionales, tomó distancia de la idea oficialista, partiendo de la premisa de que se trata de un asunto muy complejo que exige análisis profundos. En ese sentido, Angulo citó estudios en materia judicial que revelan que un 90 por ciento de los jóvenes que delinquen provienen familias excluidas. Además, recordó el caso de las denominadas “leyes Bloomberg” y destacó que se trató de “una seguidilla de normas jurídicas” que no resolvieron el problema de la seguridad.

Así las cosas, aunque la Administración macrista se mostró abierta a la posibilidad de discutir la legislación, desde un primer momento dio señales de que su agenda era menos frenética que la de parte del arco opositor.

De esa manera, conformó una comisión multidisciplinaria que trabajó a lo largo del 2017 sobre la legislación vigente y cumplió su meta: separar la discusión parlamentaria del proceso electoral.

El debate se postergó para este año, pero podría tardar más de lo esperado. Ayer, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, declaró que si bien la sanción de la nueva normativa es “un objetivo del Gobierno”, aclaró que Macri “cree que sería bueno que el Congreso lo empiece a abordar en el segundo semestre”.

Según Garavano, la meta es lograr “una ley integral que vaya más allá de la reducción de la edad de imputabilidad”.

El año pasado se realizaron varios encuentros con expertos para definir, en el marco del programa Justicia 2020, los lineamientos de un nuevo sistema de responsabilidad.



Dejar respuesta