“Plancha” legislativa demora cambios en el Ministerio Público

No habrá llamado a extraordinarias y el Congreso retomará su actividad recién en marzo. Comenzará a sesionar con una agenda repleta y la reforma podría tardar más de lo esperado. Casal seguirá a cargo del área mientras se normaliza la actividad parlamentaria.

Si bien se esperaba que el Gobierno convocara a sesiones extraordinarias para mediados del mes que viene, con el fin de que el Congreso tratara varios proyectos de ley, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el Parlamento retomará su tarea recién en marzo.

Tras una reunión de ministros en la Casa Rosada, Peña detalló que el presidente Mauricio Macri tomó la decisión de propiciar que el calendario legislativo sea “regular” y así, según aseguró, “trabajar en la normalización de la actividad parlamentaria en sesiones ordinarias”.

La medida implica que se postergue el tratamiento de iniciativas clave impulsadas por el oficialismo; entre ellas, la reforma de la ley que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal.

El debate se reactivó luego de que la procuradora Alejandra Gils Carbó presentara su renuncia, en octubre.

A fines de noviembre, el tema se perfiló como prioritario, ya que Gils Carbó adelantó su alejamiento de la función. Aunque su dimisión iba a hacerse efectiva el 31 de diciembre la funcionaria dejó su despacho antes de tiempo, vía licencia por “enfermedad de largo tratamiento”. En ese contexto, Eduardo Casal tomó el control interino del área y dispuso cambios en la estructura, para facilitar la conducción en la etapa transitoria.

La reforma parecía inminente y se especulaba que el proyecto iba a ser sancionado antes de fin de año; en especial, porque fue elaborado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto y contaba con el aval de Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey. Sin embargo, quedó paralizado. El punto crítico fue la eliminación de las procuradurías especiales.

El complejo escenario que se dio en el Congreso a fin de año también influyó para que se desactivara el debate sobre el articulado, que contaba con el visto bueno de la Casa Rosada y apuntaba centralmente a desmantelar la estructura de nombramientos de la cofundadora del colectivo afín al kirchnerismo Justicia Legítima.

Pese a las trabas para avanzar con la modificación normativa, la asunción de Casal aceleró los pases de factura entre los agentes. En diciembre, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, Carlos Rívolo, hizo duras declaraciones y aseguró que la militancia política dentro del Ministerio Público no debe existir, un mensaje que se direccionó principalmente a los integrantes de Justicia Legítima.



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