Rectores se agremian por denuncia de Alonso

Los titulares de las universidades públicas discuten los pasos a seguir tras comprobar la falsedad de los dichos de la titular de la Oficina Anticorrupción.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, despertó un vendaval de fin de año en el sistema universitario, cuando publicó la semana pasada una catarata de mensajes en la red social Twitter con datos sobre supuestos incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios de las universidades.
La información difundida por Alonso era incorrecta en muchos casos (como, por ejemplo, en que sólo 3 de los 234 funcionarios obligados de la UNC habrían presentado su declaración patrimonial), según se puede chequear en las bases de datos cargadas en el sitio web de la propia Oficina Anticorrupción.
A pesar de alguna intermediación por parte de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), Danya Tavela, los rectores quedaron molestos por el actuar de Alonso, al que califican de irresponsable. Por ello, los llamados y mensajes entre los titulares de las universidades públicas han sido continuos en los últimos días, debatiendo la mejor forma de hacer frente a la situación.

Datos cruzados
La secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, popularmente conocida como Oficina Anticorrupción, está ocupada desde diciembre del 2015 por la ultramacrista Alonso. La politóloga supo ejercer como una de las mejores espadas del Pro en la Cámara Baja del Congreso durante el kirchnerato, con algunos episodios de resonancia en los que encabezó embestidas contra funcionarios del Frente para la Victoria por denuncias de corrupción.
La funcionaria amarilla es una asidua usuaria de la red social de los 280 caracteres, a través de la cual da a conocer diferentes tipos de novedades y avances de la gestión de su dependencia. Fue por este medio que eligió escrachar a algunas universidades nacionales, argumentando el incumplimiento de sus funcionarios a la obligación que impone la Ley de Ética Pública con relación a las declaraciones juradas patrimoniales.
Alonso publicó dos listas; una de ellas con las cinco universidades en las que ningún funcionario presentó declaración patrimonial, y otra con las cinco universidades en las que menos funcionarios lo hicieron. La Casa de Trejo fue incluida en esta última, dando por sentado que sólo el rector Hugo Juri, su predecesor Francisco “Pancho” Tamarit, y el ex secretario de Planificación y Gestión Institucional, Sergio Obeide.
Sin embargo, las bases de datos publicadas en el sitio web de la Oficina Anticorrupción exhiben que fueron 156 los funcionarios que cumplieron con la normativa en tiempo y forma, el 66 por ciento del total de los obligados. En todo caso, fueron algunas universidades las que no notificaron a tiempo a la secretaría de Alonso que sus funcionarios ya habían cumplido.
Este innecesario bluff de la macrista nubló los ánimos de los principales referentes del sistema de educación superior. Los rectores de las universidades públicas comenzaron el fin de semana conversaciones telefónicas y digitales en las que intercambiaron opiniones sobre distintas formas posibles de responder la afrenta de Alonso.
Los enojos rectorales motivaron a la titular de la SPU a realizar una visita a la Oficina Anticorrupción, con intenciones de aclarar la situación y calmar las aguas del conflicto. “Agradezco a Danya Tavela, la Secretaria de Políticas Universitarias, por haber venido a la Oficina Anticorrupción para conocer más sobre la situación de las Universidades públicas y el cumplimiento de la ley de ética pública. Tenemos un gran trabajo por hacer juntas!” tuiteó entusiasmada la macrista.
Algunos rectores habrían promovido que sea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que se expida al respecto, pero la diversidad de opiniones y posiciones políticas hacia adentro del cuerpo dificultarían la posibilidad de consensuar un texto único. El kirchnerismo mantiene una cuota de poder importante en el consejo de rectores de universidades públicas, que se expidió recientemente a favor del intendente bonaerense Mario Secco, quien intentó impedir el funcionamiento de la Legislatura de su provincia a través de la fuerza.



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