Garavano espera que 2018 sea “el año de la Justicia”

La reforma del Código Penal es un tema central. Macri presentará el proyecto elaborado por expertos en marzo. La reforma de Consejo de la Magistratura es otro tema central.

Durante la última reunión del Consejo Consultivo y del Comité Social Impulsor de la iniciativa gubernamental Justicia 2020 el ministro Germán Garavano aseguró que el proceso de cambios en el sistema judicial se afianzará.
En esa inteligencia, propició que el 2018 “sea el año de la Justicia” y destacó la necesidad de “construir consensos”.
El tema “Justicia” se instaló como uno de los más importantes de la agenda del Gobierno a principios del 2017, luego de que Garavano anunciara que se buscaría limitar la duración de la feria y de que se oficializara la integración de la comisión de expertos que diseña desde hace diez meses el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación.
La lista -que incluye al juez cordobés y presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez- la “armó” Mauricio Macri, con el asesoramiento del ministro.
A su turno, Garavano estimó que era vital una modificación profunda del sistema; en especial, porque “Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad de la región y del mundo”.
A lo largo del año, el grupo que encabeza el vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky redactó el articulado para sistematizar y ordenar la normativa criminal.
La tarea -central para la transformación judicial que pretende la Administración macrista- está casi terminada. El director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal y miembro de la comisión, Carlos González Guerra, precisó que los cambios que se introdujeron son “sustanciales e históricos”.
Sin embargo, aunque el 90 por ciento de la propuesta ya se definió, es la única iniciativa que se mantendrá abierta en la plataforma virtual de Justicia 2020 durante el verano, con el fin de recibir más aportes de la sociedad civil.
Se estima que el nuevo texto será presentado en marzo, cuando se inauguren las sesiones legislativas.
El proyecto contempla la figura de la asociación ilícita en el deporte, para sancionar a barras bravas y directivos de clubes. También incursiona en delitos novedosos como el phishing (suplantación de identidad), el hackeo y otros ilícitos que no figuran en la legislación vigente. En relación con los delitos de tránsito, introdujo la figura del “conductor temerario” para quienes manejen a altas velocidades.
En tanto, agregó al Código Penal el título de Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos e incrementó todas las escalas; en particular, para el cohecho, el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito.
En cuando al lavado de activos, la comisión siguió los estándares internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con el objetivo de tipificar mejor la figura. Paralelamente, decidió endurecer las sanciones por narcotráfico.
Otra novedad es la tipificación de delitos relacionados con ataques al medio ambiente y la fauna. Luego de recibir asesoramiento de algunas ONG relacionadas con la temática, como Greenpeace, los juristas introdujeron en el nuevo código delitos como la deforestación de campos, la contaminación y el manejo irregular de residuos peligrosos.
En la agenda de reformas figura la Justicia Federal y durante el 2018 se buscará avanzar con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, para que se implemente el sistema acusatorio, que le da más responsabilidad a los fiscales.
Otro proyecto que podría definirse en los próximos meses es el de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, para delitos graves.
Además, se buscará avanzar con la reforma del Consejo de la Magistratura. En lo medular, la intención del Poder Ejecutivo es conformar un cuerpo que tenga mayor participación de jueces y abogados, para colocar a los estamentos en paridad y romper la hegemonía de la política.
La iniciativa eleva el número de miembros de 13 a 16 y propone que el consejo esté integrado por cuatro jueces elegidos por el sistema D´Hont, garantizando la representación igualitaria de camaristas y magistrados de primera instancia; seis representantes del Poder Legislativo; cuatro abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito académico y científico.
El articulado ingresó a la Cámara Baja el 13 de diciembre, pero no fue incluido en el temario para el período de sesiones extraordinarias. Así, se espera que comience a ser debatido en febrero, en un nuevo llamado a extraordinarias, o bien en marzo.
Entre los fundamentos de la iniciativa se señaló que su propósito es modificar aspectos estructurales y de funcionamiento, con el objetivo de atribuirle operatividad y agilidad al consejo, para que pueda cumplir el rol constitucional para el que fue creado.



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