Una reforma necesaria y varios dislates argentinos

Afortunadamente el martirologio policial no resultó en vano. La sesión de Diputados pudo llevarse adelante a pesar de la refriega y el presidente obtuvo una clara victoria legislativa, trabajosamente negociada con los sectores más responsables de la oposición.

Pablo Esteban Dávila

La polémica reforma previsional convertida en ley durante la madrugada de ayer es consecuencia de un original dislate kirchnerista: haber jubilado a 4 millones de personas que nunca habían realizado un aporte.
Con un total de 7,5 millones de jubilados (3,5 millones “normales” y el resto metidos por la ventana K) la relación entre aportantes y jubilados en Argentina apenas llega al 1.1, cuando el nivel de equilibrio se ubicaría en torno a los 2.5. La diferencia entre la actual relación y el punto de equilibrio la pone el Estado; de hecho, la seguridad social se lleva casi el 60% del presupuesto nacional. No hay mucho más que decir excepto que, con semejante ratio, el pronóstico sobre el futuro del sistema es más que sombrío.
Sólo los suicidas o los irresponsables rehúyen hacer frente a los problemas cuando los conocen. La señora Cristina Fernández lo hizo durante gran parte de su mandato, con las consecuencias a la vista. Por consiguiente, Mauricio Macri sabe que tiene por delante desafíos brutales que, en la mayoría de los casos, encierran malas noticias. Calcular las jubilaciones mediante una nueva fórmula forma parte de este tipo de novedades desagradables.
La legitimidad del presidente para llevar adelante sus planes reformistas no puede ser puesta en duda. Al depositarlo en la Casa Rosada, el pueblo de la Nación le otorgó un mandato de reparación ética y económica que clausurara los desaguisados del pasado reciente. Parte de este trabajo consistía en sincerar la economía y solucionar sus extravagantes asimetrías, una tarea bien a tono con el contenido de la flamante ley.
Para llevar adelante este proyecto, Macri tuvo que vérselas con distintos escenarios tácticos. El primero fue el Congreso. Con su coalición en minoría parlamentaria, tuvo que pactar acuerdos mínimos con gobernadores opositores. Lo logró. El segundo resultó en el control de la calle, otros de los salvajes desatinos del pasado gobierno.
“La calle” consiste, para la liturgia del Kirchnerismo y su izquierda merodeadora, en una especie de altar en cuyo nombre es posible sacrificar personas, instituciones y gobiernos al margen de la ley. Para sus adoradores, el hecho de ganar elecciones transparentes o recurrir a los procedimientos constitucionales de sanción de las leyes son apuntes bobos de la democracia burguesa. Por tal razón, cuando alguno de ellos sostiene que “la calle habla”, significa que todo debe detenerse a la espera que alguien descifre el contenido de este gorgoteo, especialmente si de lo que se trata consiste en bloquear el trabajo de los diputados electos por el pueblo. La amenaza es siempre la misma: que esta deidad Ctónica emerja desde el asfalto caliente y se devore a quienes osen desafiarla.
El planteo es de un alto nivel de delirio, pero justo es decir que el periodismo afincado en la ciudad de Buenos Aires tiene una genuina pasión por las imágenes que devuelve la turbamulta procurando boicotear sesiones a piedrazo limpio. Este fenómeno es comprendido por el gobierno, por lo que ha intentado diferentes aproximaciones, dentro de la lógica de la prueba y del error, para amortiguar sus consecuencias. La semana pasada probó con la gendarmería, haciéndola responsable de impedir que la izquierda y los grupos de choque K pudieran copar el Congreso y detener el debate previsional. Aunque efectivamente lo evitó, la sesión fue sin embargo levantada culpa de un imprudente y desafortunado impulso de la diputada Carrió, aliada nominal de la Casa Rosada.
La estrategia de control de la calle fue posteriormente modificada para evitar más excusas del tipo “represión” o “dictadura” presuntamente encarnadas por los gendarmes. Para ello se comisionó a la policía de Rodríguez Larreta para que contuviera democráticamente a los exaltados. Pero, no conforme con esta mudanza en el operativo de seguridad, la jueza Patricia López Vergara dispuso, a instancias de un diputado K, que la Metropolitana se limitara con el uso de gases lacrimógenos y se abstuviera de portar armas de fuego.
La impertinencia de este nuevo dislate corre por partida doble. No sólo es una invasión del Poder Judicial a facultades exclusivas del Ejecutivo sino que, además y como pudo advertirse en la imágenes de la Plaza de los dos Congresos, dejó a la policía inerme, a manos de forajidos que intentaban noquearlos por todos los medios a su alcances.
Afortunadamente el martirologio policial no resultó en vano. La sesión de Diputados pudo llevarse adelante a pesar de la refriega y el presidente obtuvo una clara victoria legislativa, trabajosamente negociada con los sectores más responsables de la oposición. Si dentro de la ecuación que produjo este resultado se sacara el término de la violencia callejera, la conclusión más justa sería que, por primera vez en mucho tiempo, el sistema político argentino funciona dentro de una lógica colaborativa sobre una agenda pública de un gobierno que no ostenta mayorías legislativas propias.
Cualquier observador, acostumbrado a las hegemonías kirchneristas, podría deducir que nada de esto es poca cosa. Y tendría razón. Pero en este país el árbol tapa al bosque con incomprensible naturalidad. Quinientos facinerosos arrojando proyectiles en nombre de afiebradas revoluciones terminan siendo el eje del debate cuando, en realidad, la verdadera noticia debería haber sido la decisión legislativa de acabar con la demagogia de un sistema jubilatorio diseñado para hacer del ANSES una cajita feliz desde la cual financiar locuras varias.
Claro que no habría que apresurarse a brindar por esta original muestra de madurez política. Es altamente probable que aparezca algún juez, al estilo de la jueza López Vergara, que conceda alguna expeditiva medida de no innovar y detenga el proceso de aplicación de la ley. Los jueces que hacen política con sus decisiones forman parte de esquizoide escenario institucional argentino, y nada hace suponer que esta vez no será igual.
Frente a esta segura posibilidad, asaz costosa en términos de tiempo y dinero, el gobierno tendrá dos caminos: seguir el tortuoso meandro de apelaciones ante diferentes instancias jurisdiccionales o recurrir al instituto del per saltum, que permitió a Carlos Saúl Menem destrabar valiosas iniciativas de su programa económico frente a la metódica obstaculización de múltiples estrados judiciales. Está será una nueva batalla a librar dentro del mar de dislates argentinos que, alguna vez, tendrán que empezar a ser llamados por su nombre, sin eufemismos ni hipocresías de los políticamente correcto.