Dieron media sanción a la ley de subrogancias

La propuesta del cordobés obtuvo media sanción en Diputados y fue girada a la Cámara Alta. Hay un vacío legal en la materia desde noviembre del 2015, cuando la Corte declaró que la normativa dictada por el kirchnerismo era inconstitucional.

El diputado Diego Mestre celebró la media sanción del proyecto de ley que busca que los jueces subrogantes de los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación sean designados siempre por sorteo.
Como presidente de la Comisión de Justicia e impulsor de la norma -que logró dictamen en abril y se aprobó con 169 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones – el cordobés tuvo protagonismo durante la jornada legislativa y aseguró que con el paso que dio la Cámara Baja se terminará la discrecionalidad en la materia y se garantizará la independencia de poderes.
“El proyecto trata de armonizar la designación de subrogantes con la Constitución y, por ende, que no sea una facultad del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que ni la Carta Fundamental ni la jurisprudencia de la Corte le otorgan esa potestad”, precisó.
La propuesta que se giró al Senado le da a las Cámaras competentes las herramientas necesarias para que procedan a designar subrogantes.
En el caso de los magistrados de primera instancia e integrantes de tribunales orales, privilegia que la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados que encabezan no tengan atrasos significativos.
En tanto, para los supuestos en los cuales no sea posible cubrir transitoriamente el cargo con aquel mecanismo, la nueva legislación establece sistemas para la designación de conjueces y regla cómo deberán conformarse las listas.
Además, establece pautas objetivas para la subrogancia de las distintas Cámaras Federales y Nacionales de Apelaciones del país, así como para la Cámara Nacional Electoral, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El avance del articulado que Mestre elaboró junto con su par Jorge D’Agostino se direcciona a cubrir el vacío legal que hay en la materia desde noviembre del 2015, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el régimen que aprobó el kirchnerismo a través de la ley 27.145 y fijó pautas para el consejo hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo marco.
Por unanimidad, el Alto Cuerdo sostuvo que la normativa no era válida porque afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, al permitirle al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin darle prioridad a los magistrados designados mediante el procedimiento constitucional.
Además, cuestionó que la legislación permitiera que los subrogantes pudieran ser nombrados con una mayoría inferior a la requerida para los magistrados titulares.
De esa manera, concluyó que la ley iba en sentido contrario a la jurisprudencia que fijó en los precedentes “Rosza”, “Rizzo” y “Aparicio”, tendiente a asegurar el derecho de los justiciables a contar con un juez independiente e imparcial.
En ese sentido, la Corte advirtió que aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y federales estaban vacantes en forma permanente y que, en los hechos, la regla era designar subrogantes y la excepción nombrar a jueces mediante el procedimiento constitucional.
Por ello, concluyó que las disposiciones de la ley 27.145 permitían que, en forma paralela a los jueces designados de acuerdo con las reglas de la Constitución, se conformara un “cuerpo de conjueces para cada fuero, instancia y jurisdicción” y cuyo nombramiento para un tribunal o, incluso, para una causa concreta, era definido en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura.
“Los propios órganos a los que la Constitución les asigna la función de designar jueces no sólo no cubrieron, en tiempo y forma, el importante porcentaje de cargos vacantes sino que, además, dictaron normas por las que habilitaron a designar funcionarios al margen del procedimiento, creando una Justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural ni de independencia judicial”, sostuvo la Corte.

Casación Penal
La situación que dejó en evidencia el Máximo Tribuna comenzó a corregirse en febrero, cuando concluyeron las polémicas subrogancias aplicadas por el kirchnerismo.
Vencido el plazo otorgado por la Corte, el consejo aprobó un nuevo listado para los puestos vacantes.
Como derivación del acuerdo al que llegó el cuerpo, el abogado Roberto Boico, vinculado a Madres de Plaza de Mayo, quedó excluido de la Cámara Federal de Casación Penal.
Cabe recordar que en enero del 2014 el Ejecutivo oficializó vía decreto la designación de 10 conjueces en la Casación, todos afines al kirchnerismo y miembros del colectivo Justicia Legítima.
Tres fueron nombrados en junio del 2015 para reemplazar a subrogantes. Boico integró esa nómina y estuvo a cargo de la vocalía de la Sala IV de la Máxima Instancia Penal del país, que subrogaba el camarista Gustavo Hornos.
Su caso generó mucha polémica ya que no sólo era un activo militante kirchnerista, sino que también era socio del letrado ultra K Eduardo Barcesat. Además, fue patrocinante de Hebe de Bonafini y de Madres de Plaza de Mayo.
Entre otras maniobras que se desplegaron en aquel entonces sobre la Justicia, la colocación de Boico en el tribunal que define la suerte de las causas por corrupción fue interpretada como uno de los tantos intentos de anterior gobierno por controlarlo.