Reforma fiscal: más de la mitad de los impuestos son muy distorsivos

El nuevo pacto fiscal que se analiza incluye el compromiso de reemplazar gradualmente estas cargas por tributos más neutrales y progresivos. Ingresos Brutos, por ejemplo, representan el 4% del PBI.

Por Gabriela Origlia

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Nicolás Dujovne

Aunque todavía no se llegó a un acuerdo con los gobernadores –ayer los mandatarios ratificaron su posición y hoy se encuentran con los funcionarios de la Rosada- ya ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria. La Nación confía en que sólo falta “afinar la letra chica” para que se firme un nuevo pacto fiscal. Aunque con las provincias, un nudo del conflicto era el Fondo del Conurbano, hay varios aspectos más a tratar relacionados con lo impositivo; las provincias no están dispuestas a tocar Ingresos Brutos para 2018 en la magnitud que lo pide Nicolás Dujovne y entienden que los cambios más significativos serían en 2019.
Desde la consultora Idesa señalaron la importancia de eliminar juicios entre jurisdicciones y plantearon que si hay un nuevo pacto fiscal se abre una “muy interesante” oportunidad para una “reformulación fiscal más integral y audaz”.
Un aspecto clave es la baja calidad del sistema tributario argentino. El IVA es un impuesto neutral para la producción y tiene ventajas como permitir su devolución a los exportadores y a quienes invierten (no dañando la competitividad) y a la población más vulnerable (dando progresividad a la distribución del ingreso).
También el trabajo destaca los impactos positivos sobre la distribución del ingreso de los impuestos a las ganancias y a la propiedad. Pero el resto de los impuestos tienen asociados altas consecuencias distorsivas tanto porque desalientan la producción y el empleo como porque aportan regresividad a la distribución del ingreso.
En base a información publicada por el Ministerio de Hacienda, se puede desagregar la recaudación según esta clasificación de los impuestos. En 2016 ese esquema fue: el IVA recaudó 7% del PBI; Ganancias e impuestos a la propiedad recaudan igual porcentaje y el resto de los impuestos, 17% del PBI, entre los cuales se destacan las cargas al trabajo (7%), Ingresos Brutos (4%) y al cheque (1,6%).
Los datos muestran que del 31% del PBI que la Nación y las provincias cobran de impuestos más de la mitad los recaudan con impuestos muy distorsivos. “Esto es producto de que al no poder cubrir el gasto público con IVA, Ganancias e impuestos a la propiedad se apela a impuestos de mala calidad.
El sentido estratégico del Consenso Fiscal que la Nación propone a las provincias pasa entonces por el compromiso de reemplazar gradualmente impuestos distorsivos por tributos más neutrales y progresivos”, sostiene el informe.
Por eso, Idesa entiende que uno de los aspectos medulares del acuerdo entre Nación y provincias es la propuesta de aumentar la recaudación de Ganancias e impuestos jurisdiccionales a la propiedad y reducir Ingresos Brutos y el impuesto a los sellos.
En esa línea se enmarcan la intención de eliminar las exenciones de ganancias que no tengan rango de ley y/o que se apliquen sobre determinados tipos de gastos, la unificación entre todas las provincias de las valuaciones inmobiliarias, la reducción de Ingresos Brutos a las ventas finales y su eliminación a las ventas intermedias y el tope al impuesto a los sellos. El punto menos consistente –para la consultora- es prorrogar el impuesto al Cheque (uno de los más distorsivo), aunque está prevista la posibilidad de utilizarlo como pago a cuenta de ganancias.
Para que los avances en el sistema tributario sean más rápidos y consistentes, el pacto “debería ser más audaz en el abordaje de los excesos de gasto público”. Por ejemplo, se propone un cambio en la regla de movilidad previsional, lo cual es imprescindible pero “insuficiente”.
Más allá de que una reforma previsional requiere consensos más amplios y estudio más profundos, el pacto podría revisar también los requisitos de acceso a las pensiones que han quedado desactualizados y llevan a masivas duplicaciones de beneficios.
En la misma línea, así como se corrige la discriminación que genera la desactualización del tope del Fondo del Conurbano, el pacto debería contemplar la “eliminación del privilegio que tienen la provincia de Buenos Aires y CABA de recibir fondos nacionales para subsidiar infraestructura y servicios públicos, algo que no disfrutan los habitantes del resto del país”.
El reporte enfatiza que el hecho de que en la Corte se tramiten 64 causas judiciales por conflictos entre las provincias y la Nación desnuda un enorme fracaso político: “Por eso un acuerdo que permita superar las controversias y avanzar hacia un sistema tributario de mejor calidad es un hecho muy auspicioso. Las probabilidades de éxito aumentarían si, además, se contemplaran acciones más ambiciosas de control del crecimiento del gasto público nacional y provincial”.