Pánico en judiciales por la feria

Nuevamente, el gremio local cuestionó que se debata la duración de las vacaciones. Pide más recursos, pero según el último informe de Idesa la Justicia contó con un presupuesto consolidado equivalente al 1,2% del PBI en el 2015 (el último disponible).

Por María Viqueira

judicialesUna vez más, la Asociación Gremial de Empleados de Poder Judicial (Agepj) lanzó un duro comunicado cuestionando anuncios del Gobierno nacional.
Lo hizo el lunes, horas después de que Mauricio Macri confirmara que su Administración impulsará reformas tributarias, previsionales, laborales y en la Justicia, enmarcadas en el “plan de consensos básicos” que presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Durante su exposición, al abordar el eje denominado “la República y la calidad institucional”, el mandatario alentó a la ciudadanía a respetar al Poder Judicial. También se refirió a la feria y estimó que se trata de “un régimen de licencias muy generoso”.
Aunque todavía no hay mayores precisiones sobre los cambios que se analizarán, el gremio local reaccionó con vehemencia e interpretó los dichos de Macri como la puesta en marcha de una suerte ajuste. “Una Justicia ágil y moderna no se logra recortando derechos adquiridos”, alegó la entidad, que definió los planteos de Macri como “pretextos cercanos al marketing político” y pidió más recursos.
Como es sabido, la mera sugerencia tendiente a que se analice la duración de la feria genera pánico entre los judiciales.
En enero, cuando el ministro de Justicia Germán Garavano precisó que se buscaría debatir el sistema de vacaciones de la Justicia, la Agepj puso el grito en el cielo.
El funcionario sostuvo que era necesario evaluar qué medidas son conducentes para que el trabajo no se paralice 45 días al año, partiendo de la premisa de que un plazo tan extenso perjudica a los ciudadanos. Además, adujo que sería conveniente ampliar los horarios de atención al público, implementando turnos.
Si bien en esa oportunidad el Gobierno aclaró que el asunto pertenecía a la agenda del 2018 y que la Corte y el Ministerio Público Fiscal definirán la cuestión, el gremio cordobés se pronunció con beligerancia. Vía comunicado, sin predisposición para el intercambio de ideas, se opuso rotundamente a la iniciativa; adujo que era una “intromisión” del Poder Ejecutivo y denunció que “Justicia 2020” -la plataforma que contempla el debate sobre la feria- busca “avasallar derechos adquiridos”.
El argumento de los “derechos adquiridos” se reitera pero es discutible, ya que la tradicional feria se instauró en beneficio de los litigantes, en otra época, para que pusieran en orden sus oficinas atestadas de papeles, y no en favor de los dependientes de la Justicia.
Por otra parte, el punto de vista de la Agepj no es compartido por expertos en la materia a nivel nacional, quienes se mostraron permeables a la necesidad de dar una discusión sobre un asunto que, en última instancia, se puso válidamente a consideración de la sociedad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) declaró que lo ideal sería generar licencias para que el sistema funcione todo el año. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fue más allá y manifestó que la feria carece de sustento legal, que no es razonable y que “es una forma de denegación de Justicia”.
Torcuato Sozio, titular de la ADC, vaticinó que la propuesta generaría polémica. “La corporación judicial, integrada por jueces, empleados y abogados, va a a resistirse”, dijo. “Es el momento de que el propio Poder Judicial se cuestione”, disparó, además.
La postura del gremio local en cuanto a los recursos también es debatible. Cabe recordar que en septiembre el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundió un lapidario informe sobre la actuación de la Justicia en el país y sostuvo que sus problemas no se deben a la insuficiencia de dinero, sino a la falta de gestión, de transparencia y de responsabilidad.
Así, especificó que según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, en el 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año, y que en el 2015 (el último disponible) llegó al 1,2% del PBI.
El grupo precisó que el gasto público en el sector creció al triple de lo que aumentó la producción, enfatizando que fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor.
“Puede ser que haya más demanda de intervención judicial, pero no alcanza para justificar semejante incremento. Por el contrario, la enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión”, detalló.
Para Idesa, un factor clave que explica el mal funcionamiento del Poder Judicial es “el apego a estilos de trabajo obsoletos que facilita su captura por parte de intereses espurios”, ya que “se usan mecanismos presenciales y manuales, sin control de gestión y sin sanción por las demoras”.

Sumar beneficios
Además, consignó que esa situación está asociada a que “uno de los principales y recurrentes temas de agenda sea sumar beneficios a sus empleados, a pesar de que cuentan con sueldos superiores al resto de los trabajadores, de que no pagan el impuesto a las ganancias y de que tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso”.
“Ante la acumulación de expedientes, demoras y falta de respuesta, la reacción más común es clamar por más presupuesto, incremento que generalmente se destina a contratar más empleados seleccionados de manera discrecional o comprar nuevos edificios con dudosos procedimientos de contratación”, resaltó.
Finalmente, opinó que “la degradación del sistema judicial es otro caso en el que aplicar gradualismo en la modernización es una decisión arriesgada”.