“Paso al costado” de Gils Carbó abre camino para evaluar a su tropa

La procuradora se fue, pero hay fiscales designados o trasladados irregularmente en funciones. Uno es el cordobés Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a Procelac.

carbóAlejandra Gils Carbó renunció a su cargo como procuradora General luego de asegurar, hace dos semanas, que no se iba ni pedía licencia.
Lo hizo cuando quedó procesada por corrupción, en el marco de la causa por la compra irregular de un edificio para la repartición que comandará hasta el 31 de diciembre, ante un nuevo reclamo del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que diera un paso al costado, dada la gravedad institucional que suponía que un subordinado -en el caso, Eduardo Taiano- estuviera investigándola.
Al dictar la medida que, junto a otras novedades judiciales, selló la suerte de la carrera de Gils Carbó, el juez Julián Ercolini sostuvo que ideó un plan para gestionar la adquisición de inmueble en forma “direccionada”, violando “consciente y voluntariamente los deberes atinentes a su cargo”.
Días después, el juez en lo Contencioso Administrativo federal Pablo Cayssials declaró la inconstitucionalidad del juicio político como sistema de remoción del procurador. Gils Carbó dijo que recurriría, pero optó por dejar su despacho.
Cayssials se pronunció en el marco del expediente generado por la organización Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dos instituciones que, junto a otros actores del sistema de Justicia, cuestionan desde hace tiempo la gestión de Gils Carbó.
Con éxito, los reclamantes alegaron que la normativa consagra un privilegio. Cayssials coincidió y precisó que la reforma de 1994 no incorporó al jefe de los fiscales de la Nación en las previsiones del artículo 53, que enumera a los funcionarios que deber ser sometidos a aquel procedimiento, y advirtió que los convencionales buscaron limitar la participación política.
El decisorio ratificó la postura del oficialismo respecto a que la forma de remoción no está prevista constitucionalmente y Garavano confirmó que la reforma de la normativa que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) iba a ser prioritaria tras las elecciones legislativas.
Si bien los acontecimientos judiciales de octubre aceleraron la decisión de la mujer que salió de fuero Comercial para dirigir a los encargados de la persecución penal, lo cierto es que su desempeño comenzó a ser criticado antes de que el kirchnerismo dejara el poder.
A poco de asumir, en agosto del 2012, redactó de un nuevo reglamento de concursos y se arrogó la facultad de designar a los jurados que evaluarían a los candidatos a fiscales de manera discrecional, dejando sin efecto la manda que ordenaba que fueran sorteados. El nuevo modus operandi le permitió cubrir cargos estratégicos con miembros del colectivo K Justicia Legítima.
En diciembre del 2014 designó a 18 subordinados afines al kirchnerismo en todo el país y la Asociación de Magistrados alertó de que esa media podría encubrir la intención de controlar investigaciones penales en curso; especialmente, las que involucraban a funcionarios.
El freno para las designaciones (y traslados) a dedo llegó recién el febrero, cuando el juez Esteban Furnari admitió un amparo y concluyó que la modalidad no era objetiva ni transparente.
Con el cambio de Gobierno, la Justicia comenzó a avanzar en varios casos por corrupción resonantes y el rol de Gils Carbó como parte del “blindaje judicial” de Cristina Fernández de Kirchner, de sus funcionarios y allegados quedó en evidencia.
Los adelantos en la pesquisa por lavado de activos que involucra a Lázaro Báez fueron el puntapié inicial para que la cabeza del MPF comenzara a evaluar la retirada. Cabe recordar que mientras el patagónico estuvo arropado por el poder, Gils Carbó casi se lleva puesto a José María Campagnoli, quien trató de investigarlo.
Durante el 2016 se le hizo difícil monitorear la marcha de los intereses del anterior Gobierno. Se acumularon los pedidos de juicio político en su contra y entre las maniobras de pobre calidad institucional que le enrostraron, figuraron la presunta comisión de ilícitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos e instigación a cometer delitos y la colocación y movilización de inferiores siguiendo la agenda del Ejecutivo. El caso de Carlos Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fue citado reiteradamente.
Procesado desde el 2014, por prevaricato, en función de su deslucida actuación en “la ruta del dinero K”, el cordobés renunció en mayo del año pasado, luego de la detención de Báez, y volvió a los tribunales de Córdoba.
Días después del encarcelamiento de Báez, la Sala II de la Cámara Federal rechazó liberarlo y no olvidó a Gonella. Por el contrario, recordó que omitió incluir al ex bancario en el dictamen que presentó en el proceso y que no impulsó la producción de prueba alguna dirigida a esclarecer el origen de su inmensa fortuna.
Las novedades en el expediente expusieron la incriminación de Gonella por, supuestamente, amputar de la instrucción los temas sensibles para el titular de Austral Construcciones, que hasta ese momento había pasado desapercibida.
Entre otros, Juan Pedro Zoni es otro fiscal designado y trasladado irregularmente. Concursó para hacerse cargo de una sede de Santiago del Estero que aún no estaba funcionando, pero Gils Carbó le tomó juramento y lo asignó a la Fiscalía Federal Número 8, de Comodoro Py.
Poco después, pidió que llamaran a indagatoria por lavado de dinero a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman.