Schiaretti (señal a Macri) elimina Ingresos Brutos de otras provincias

Córdoba es la primera provincia en anunciar la medida que tendrá un costo fiscal de $1800 millones. Compensarán con una suba del impuesto al juego y mejor administración financiera.

Por Gabriela Origlia

schiarettiCórdoba se convierte en el primera provincia del país en eliminar Ingresos Brutos de extraña jurisdicción. El gobernador Juan Schiaretti oficializó la medida que regirá a partir del 1 de enero de 2018 y que se incluirá en el proyecto del presupuesto que ingresará a la Unicameral; tendrá un costo fiscal anual de $1800 millones.
La decisión implica que a los productos industriales que vienen de otras provincias y que son insumos para la producción de Córdoba o para la venta por parte de comerciantes locales dejarán de tributar esta sobrealícuota.
Los costos fiscales serán compensados con un aumento del impuesto al juego y con mejoras en la eficiencia de la administración tributaria. “La medida sería más potente si otras provincias hacen lo mismo –dijo el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano-. Habíamos propuesto este esquema a la Nación a cambio de un incremento de la coparticipación del impuesto al Cheque”.
La resolución de Schiaretti puede ser interpretada como otra “señal” de buena voluntad hacia la administración nacional. El Gobernador entiende que en el diálogo con Macri deben avanzar en temas “fundamentales” para el país que requieren de consenso entre las diferentes fuerzas como son la reforma fiscal, la laboral y un “nuevo federalismo”.
Apenas asumió en su cargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, calificó al impuesto como “el más distorsivo de todos; grava con efecto cascada y tenemos que eliminar estas distorsiones coordinando el trabajo con los gobernadores”. Y el presidente Mauricio Macri, cada vez que tiene la oportunidad de hablar de la reforma tributaria, va contra el tributo.
Las “aduanas internas” generadas por este impuesto determinaron que la Corte Suprema de Justicia intervenga y se espera que en breve falle sobre la cuestión de fondo en la causa Bayer contra Santa Fe.
La Procuración General de la Nación ya dictaminó en la causa Bayer y dijo que el cobro de tasas diferenciales para industrias según el territorio crea aduanas interiores y lesiona la garantía de igualdad, ambas situaciones vedadas por la Constitución nacional. Fue clave que la Corte se declaró con competencia originaria en las causas contra las aduanas interiores.
La Corte a mediados de año falló en contra Córdoba y a favor de la empresa Monsanto, en una medida provisoria para que pague lo mismo que un productor local de ingresos Brutos por lo que fabrica en otros distritos. En el fallo (firmado por Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) se impone una medida cautelar que le prohíbe al fisco provincial reclamar “las diferencias pretendidas en concepto de impuesto” a los Ingresos Brutos, “así como aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad”.
La propuesta cordobesa analizada por los gobernadores en sus reuniones apuntaba a que haya una baja de la alícuota del impuesto al cheque, pero que se aumente su coparticipación -hoy se distribuye el 30% y las provincias reciben el 17%- y, a cambio, que las provincias eliminen Ingresos Brutos de extraña jurisdicción.
Una simulación teórica realizada para acompañar la propuesta señala que si la coparticipación del impuesto al cheque alcanzara el 50% compensaría el esfuerzo de eliminar una parte de Ingresos Brutos. Salvo Misiones y Tierra del Fuego, todos los distritos cobran por extraña jurisdicción.
El gobierno central, en cambio, propuso girar el 70% que recaudado por ese ítem -el tercer impuesto que más aporta al Tesoro- a la Anses. Para algunos funcionarios de distintas provinciales la iniciativa es “decepcionante” ya que esperaban “alguna señal” de parte de Hacienda. Lo enviado al Congreso prorroga por dos años el impuesto al cheque; para 2018 la recaudación proyectada es de $201.737 millones.
Los mandatarios –más allá de sus colores políticos- coinciden en que, para aprobar el presupuesto, la Nación debe aceptar algunas de sus propuestas y avanzar en un esquema más equitativo de distribución de recursos.