Si la participación público privada funciona, se podría cuadruplicar la inversión

Para el 2018 el presupuesto nacional prevé 21.000 millones de dólares de obras bajo este modelo; los primeros proyectos a licitarse son corredores viales y líneas de transmisión eléctrica.

El gobierno nacional impulsa la participación público privada (PPP). El Ministerio de Finanzas definió los primeros 52 proyectos de infraestructura con ese modelo para el 2018 que prevén una inversión de 21.000 millones de dólares y comenzó a publicar en su página web información y guías sobre cómo participar en las iniciativas dirigidas a empresas y particulares.

Entre los proyectos figuran la construcción de 2800 km de autopistas y 4000 km de rutas; el mejoramiento de vías de ferrocarriles de carga; la construcción y/o adecuación de Complejos Penitenciarios y Hospitales; la construcción de nuevas líneas de alta tensión; y la construcción de Soluciones Habitacionales a nivel nacional, entre otras.

El esquema establece una articulación del Estado con el sector privado diferente a los métodos de contratación tradicionales. El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Es decir, fija un objetivo y le da libertad al privado para que desarrolle el diseño del proyecto, el mecanismo de financiamiento, los métodos de ejecución y la forma de operar el servicio. El esquema busca inducir la innovación para un mejor diseño, ejecución y administración de los proyectos y un mayor compromiso del privado con los resultados.

La consultora Idesa da cuenta de que el modelo tienen una institucionalidad muy desarrollada en los países avanzados, donde se ejecutan contratos de largo plazo en proyectos muy variados que van desde obras viales a la construcción y mantenimiento de hospitales, cárceles y escuelas. En la región vienen siendo muy utilizados desde hace un par de décadas por Chile, Perú, Colombia, México y Brasil. Recientemente Uruguay los ha comenzado a usar en desarrollos para el servicio penitenciario, escuelas y hospitales.



En la Argentina recién se sancionó la ley regulando el esquema el año pasado y, según el proyecto de presupuesto 2018, en construcción de autopistas y mejoras en vías de transporte se invertirán unos U$S 50 mil millones; en obras para energía y manejo del agua se invertirán unos U$S 30 mil millones; en viviendas, hospitales y cárceles se invertirán unos U$S 17 mil millones.

Estos datos señalan que, en los próximos 3 años, se planea hacer inversiones con mecanismos de PPP por un total de U$S 97 mil millones. Idesa indica que, suponiendo que las inversiones se realizan a razón de U$S 32 mil millones por año, tomando como referencia que las inversiones por el mecanismo tradicional de contratación están presupuestadas en el orden de los U$S12 mil millones para el año 2018, esto implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadriplicar la inversión en infraestructura.

Concretar esta aspiración es un desafío estratégico. En primer lugar, porque es una forma rápida de reducir los déficits de infraestructura. En segundo, porque su versatilidad permite innovar en soluciones sociales como viviendas, hospitales, escuelas y áreas complejas como la gestión de cárceles.

El informe rescata que las PPP potencialmente tienen varias ventajas. Para la situación que atraviesa la Argentina una muy atractiva es que libera recursos del Estado. El privado es el responsable de financiar la inversión inicial y el Estado asume el compromiso de pagar un canon cuando comienza la provisión del servicio. Además en algunos proyectos existe la posibilidad de que los particulares aporten al financiamiento a través del pago por el uso del servicio. Por ejemplo, una ruta donde el privado recupera la inversión y los costos de mantenimiento a través de peaje y un canon del Estado. Aunque discutible, el compromiso del canon no se registra como deuda pública. Otro punto interesante es que el privado es inducido a optar por la mejor calidad en la inversión. Por ejemplo, al construir una ruta tendrá especialmente en cuenta que a su cargo estarán los costos de mantenimiento.

Su principal desventaja es que son instrumentos sofisticados, muy demandantes de calidad institucional y profesionalidad de los funcionarios del Estado. Hay estudios en el Reino Unido que señalan que la falta de conocimiento de los funcionarios públicos de ese país hizo fracasar los primeros contratos de PPP. La experiencia demostró que es crucial desarrollar capacidades técnicas y sentido de la ética en el sector público para diseñar correctamente los contratos, medir con precisión los resultados y establecer el canon en función de ellos.