¿Adónde está el Estado?

En el día de ayer se conocieron las imágenes en que agentes públicos aceptan someterse al cacheo de los habitantes del territorio mapuche, lo que nos hace preguntarnos por la existencia misma del Estado.

Por Javier Boher
[email protected]

En el día de ayer se conocieron las imágenes de los momentos previos al ingreso de los equipos de búsqueda al predio ocupado por la comunidad mapuche de Cushamen. Sorprendentemente, agentes del Estado, en representación del mismo y cumpliendo con una orden judicial aceptaron someterse al cacheo de personas que no reconocen la autoridad de las instituciones nacionales.
Curiosamente, aquellos que reclaman territorio sagrado e instan a que se respete su posesión del mismo, lo hacen amparados en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional -que reconoce la preexistencia de las comunidades aborígenes y les garantiza el acceso a la tierra-. Estos grupos sostienen que el acceso a ese espacio actualmente en disputa es su derecho, a pesar de la violación al derecho a la propiedad y en contra de la igualdad ante la ley.
La patética imagen de los agentes del orden aceptando de manera sumisa el desafío a su condición de extensión misma del Estado, sumado al relato del bombero cordobés que participó del operativo del pasado martes, nos hacen dar una idea de la delicada situación en la que hemos recalado como sociedad.
Uno de los elementos por los que se reconoce un Estado es por poseer un territorio y ejercer soberanía sobre el mismo. Esto es tan sencillo como imponer el orden con fuerzas reconocidas por todos, en nombre de todos.
El reconocimiento de la autoridad mapuche sobre el territorio (que indudablemente responde a la necesidad política de evitar una escalada en el conflicto) es poner al resto de los habitantes a merced de las acciones que estos grupos pudieran ejercer para intimidar o perjudicar a otros ciudadanos que -al igual que ellos- tienen derecho a la justicia y a la seguridad encarnadas en las instituciones públicas.
Pensemos por un momento en el escándalo que se desató el año pasado por las denuncias por torturas en un convento de clausura en Entre Ríos. Por orden de un fiscal se allanó el inmueble -sagrado para la fe católica- y se secuestraron elementos que coincidían con los dichos de una víctima.
Si José López no era detenido en la puerta del convento y lograba esconder los bolsos con dinero con connivencia de la madre superiora, ¿ordenarían el allanamiento o también valdría la política del respeto por lo sagrado?.
En los dos casos antes mencionados, las fuerzas del Estado laico -en defensa de las leyes, protegiendo la igualdad de derechos y ejerciendo el poder de policía- intervinieron para detener lo que terminó constituyendo actos ilícitos que escandalizaron a la sociedad.
Ante la posición de grupos que operan al margen de la ley, el Estado debe resguardar aquellos elementos que garantizan su fuerza y primacía, respetando las creencias y valores de todas las comunidades que conviven en su interior pero resguardando los derechos de todos los ciudadanos. Porque -como le gusta repetir al oficialismo nacional en sus propagandas de gestión- el Estado es estar, no hacerse a un lado para que algunos no hagan berrinche.