Jaime, implicado en fraude con seguros

Pidieron su indagatoria en una causa vinculada con Once. La fiscal del caso sostiene que participó de una maniobra que afectó al Estado y perjudicó a víctimas de siniestros ferroviarios a la hora de reclamar indemnizaciones mientras estuvo vigente la póliza.

jaimeLuego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anunciara que a fines de diciembre resolverá los recursos presentados por los condenados y por las querellas en el marco de las actuaciones por la tragedia de Once, Ricardo Jaime sigue recibiendo malas noticias vinculadas a la causa.
Ahora, la fiscal María Alejandra Mángano le solicitó a la jueza María Servini de Cubría que lo cite a declarar junto a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, en una pesquisa por la supuesta defraudación de la ex concesionaria de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre en la contratación del seguro de responsabilidad civil que regía al momento del accidente.
Al presentar su pedido, Mángano argumentó que hay pruebas suficientes para indagarlos por lo que definió como “una maniobra defraudatoria” que afectó tanto al Estado como a las víctimas de siniestros ferroviarios a la hora de reclamar indemnizaciones mientras estuvo vigente la póliza, que se firmó en abril del 2004 y fue renovada sucesivamente hasta febrero del 2012.
Según la fiscal, se incumplieron deliberadamente obligaciones y se generó un perjuicio económico a las arcas públicas a partir de la suscripción de una póliza “aparente”, que permitió frustrar los derechos de reparación de los afectados por distintos episodios dañosos.
Además, alegó que el ardid no hubiera sido posible sin la complicidad de los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del contrato, en referencia a la Secretaría de Transporte, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Superintedencia de Seguros de la Nación. Bajo es premisa, también peticionó que sean indagados los ex titulares de esas dependencias, Antonio Sícaro y Juan Antonio Bontemopo, respectivamente, además de los responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA).
Tomando como base una denuncia presentada por la Procelac en el 2016, Mángano precisó que aunque la concesionaria estaba obligada a contratar un seguro por el equivalente en moneda argentina a dos millones de dólares, pactó una póliza por dos millones de pesos y estimó que los encartados “actuaron maliciosamente”. En esa inteligencia, expresó que la maniobra “fue avalada por la ausencia de control de los diferentes agentes estatales” y que propició que las 800 demandas en contra de TBA -y, subsidiariamente, el Estado- se tramitaran en contra de empresas “insolventes para cubrir un episodio como Once”, una circunstancia que conocida por los involucrados.
La situación procesal del ex secretario de Transporte, que enfrenta varios procesos por corrupción y suma tres condenas, podría complicarse.
Si bien cuestionó su sanción por Once, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, dictaminó a favor de que se eleve la pena que se le impuso en el juicio. Cabe recordar que pese a que la acusación reclamó 11 años de prisión, al estimar que el ex funcionario debía responder administración fraudulenta y estrago culposo, el Tribunal Oral Federal 2 sólo lo sancionó por el primer delito y le impuso cinco años.
Al resolver un planteo de la querella encabezada por Paolo Menghini y María del Luján Rey, Plee dictaminó no sólo a favor de confirmar las penas que recibieron el resto de los condenados, sino en pos de que se revoque su absolución por estrago culposo.
Para Plee, Jaime sabía del deterioro del material ferroviario otorgado en concesión a TBA pero no tomó ninguna medida tendiente a resguardar su integridad.
Hasta el momento, todos los condenados por Once están libres. Jaime no es de la partida, pero está detenido por las derivaciones procesales de otros hechos.
En septiembre de 2013, fue condenado por el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba seis meses de cárcel en suspenso, por intentar robar pruebas durante un allanamiento en su domicilio en la ciudad, en el 2010, ordenado en la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra.
Luego, fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado en el cual reconoció haber recibido dádivas por parte de empresarios a los que debía controlar.
En tanto, en diciembre del año 2015 recibió cinco años de prisión por administración fraudulenta en el debate oral por la tragedia de Once. Unificando las dos condenas anteriores, el tribunal le impuso la sanción única de seis años.
Jaime fue arrestado el 2 de abril del 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini, quien lo procesó por administración fraudulenta agravada y cohecho, por la compra de trenes en desuso a España y Portugal.
En la previa del juicio por la Tragedia Ferroviaria de Once en contra de su consorte procesal en otros casos por corrupción, Julio De Vido, el cordobés reiteró su solicitud para acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria, un planteo que generó indignación ente los familiares de las víctimas.
Los abogados de Jaime presentaron el pedido ante el tribunal que debe juzgarlo por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, el TOF1, alegando que sufre de hipertensión, que no hay riesgo de que se fugue y que no podrá entorpecer la pesquisa porque las actuaciones fueron elevadas a debate. La fiscal Gabriela Baigún se opuso con éxito, ya que no se configura el requisito etario y porque puede tratar su cuadro de salud en Ezeiza.
Cuando Jaime fue arrestado, hace un año y medio, su defensa recurrió la medida, pero la Casación rechazó la objeción y remarcó que Ercolini analizó correctamente el riesgo procesal.
Entre otros fundamentos, tomó en cuenta que los delitos investigados hacen presumir la existencia de “relaciones residuales” que podrían posibilitarle a Jaime “vías de transporte para eludir la acción de la Justicia”. Baigún también citó esa posibilidad al cuestionar el último planteo de la defensa.