Organismos nacionales exigirán a empresas tener “programas de integridad”

Son los que figuran en el proyecto de ley Penal Empresaria que se aprobaría el próximo 1 de noviembre. La CNV y la Afip se sumarían a la tendencia internacional de controlar que las compañías cuenten con un esquema de control interno de corrupción.

Por Gabriela Origlia

afipLa Comisión Nacional de Valores (CNV), la Afip y los bancos podría ser los primeros en empezar a exigir que las empresas cuenten con programas de “integridad” que derivan del cumplimiento del proyecto de ley Penal Empresaria que se trataría -y aprobaría- en Diputados el próximo 1 de noviembre. La norma establece la obligación de que todas las compañías instrumenten estos programas; de no hacerlo no podrán ser proveedores del Estado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una de las principales interesadas en la aprobación de la norma (de hecho, es una exigencia para que el país pueda integrarla). Funcionarios de la institución especializados en corrupción se reunieron hace unas semanas con diputados, senadores y funcionarios del Gobierno. Buscaron (y lo consigueron) incorporar en el marco legal a los “terceros” o “intermediarios” que tengan participación en actos de corrupción por parte de las empresas, ya sean grandes o pymes. Ese fue uno de los cambios que introdujo el Senado.

Entre esas modificaciones también se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos (quedó fijada en seis años) y se acotaron las multas al daño producido; se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción.

La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Este punto incluye a quienes hubieran actuado en beneficio o interés de la persona jurídica, aún cuando fuesen terceros desvinculados pero que hayan beneficiado a las empresas con su actuación dolosa.

La corrupción puede aumentar entre 5% y 30% los costos de una empresa y varía en función de los rubros. La construcción está entre las áreas de más sobrecostos, cerca del 20% mientras que en otras representa el 10% estructural. Argentina tiene un nivel similar al de México, entre los más altos de la región. En ese marco, avanzan los países con legislación anticorrupción; Estados Unidos, la OCDE y Naciones Unidas presionan para que más se sumen.

La ley de Responsabilidad Penal Empresaria es la clave para incorporarse a la tendencia. Manuel De Allende, socio de la consultora Transparencia Latam, planteó que hay empresas de determinados países que no invierten en Argentina desde hace décadas por la falta de seguridad jurídica y por los sobrecostos que genera la corrupción. “No vienen aun en sectores donde las condiciones económicas son mejores, como el minero”, explicó Paula Cortijo, otra de las socias y agregó que los empresarios empezaron a tomar en cuenta que no sólo están bajo la mirada de la justicia local sino de decisiones de jueces y fiscales de diferentes partes del mundo con acciones interjurisdiccionales.

En la región fue Chile, en 2009, el primero en legislar sobre el tema. Se sumaron después Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica: “El cono nos presiona para que nos incorporemos”, graficó Cortijo. Contar con legislación de este tipo es clave para integrar organismos internacionales.

Desde la consultora insistieron en que las empresas empiezan a tomar nota de la importancia de medir los riesgos económicos y penales de las irregularidades, además del costo reputacional. “Cuesta mucho construir una marca para que pueda ser dañada por un solo titular de medios”, explicó Cortijo.

“La transparencia en los negocios es una exigencia y un beneficio; empiezan a cambiar las reglas de juego. Es un proceso largo, también cultural”, aportó Germán Gianotti, otro socio de la consultora. No sumarse a las exigencias tendrá costos económicos porque, en primer lugar, no se podrán hacer negocios con el Estado pero, además, “será un condicionante para toda la cadena de valor”.

El Estado no será el encargado de controlar directamente el cumplimiento -sí, a partir de exigencias de sus organismos- sino que la norma apunta a la autoregulación. Llegado el caso a la justicia, se prevén sanciones que van hasta la liquidación de la empresa; además se crea la figura del acuerdo de colaboración eficaz (podría asimilarse a la del “arrepentido”. Para De Allende ese esquema es clave.



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