Sucesión cordobesa en la Procelac no mejoró su desempeño

El área estuvo bajo el mando del fiscal Gonella, actualmente procesado. Cuando renunció lo reemplazó el ex juez provincial Pérez Barberá, ambos integrantes de Justicia Legítima.

Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial.


Desde su creación, en el 2012, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es comandada por cordobeses.
El primero en encabezar la dependencia fue el fiscal federal Carlos Gonella. Llegó allí amadrinado por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pese a que carecía de antecedentes académicos de peso y no tenía nada escrito sobre criminalidad económica.
Renunció en abril del año pasado, salpicado por el escándalo que se generó con la detención del empresario Lázaro Báez.
El funcionario quedó bajo la lupa de la Justicia por su deslucida actuación en el tramo inicial de la instrucción de la causa conocida como la “ruta del dinero K” y dejó el cargo procesado. Se le atribuye haber monitoreado el expediente como guardián de los intereses del Gobierno anterior y lograr que el ex bancario ni siquiera figurara en la carátula, una maniobra que dejó al descubierto el fiscal Guillermo Marijuán y que le valió su incriminación por prevaricato.
La sucesión en el organismo llevó a otro cordobés al puesto de mayor jerarquía. Se trata de Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial.
Al igual que su antecesor, Pérez Barberá integra el colectivo afín al kirchnesimo Justicia Legítima, pero tiene más credenciales. Se recibió de abogado y se doctoró en Córdoba tras completar cursos en Alemania junto al célebre profesor Claus Roxin. Luego, obtuvo la beca Von Humboldt de posdoctorado, una de las más prestigiosas del mundo.
Antes de llegar a la Procelac fue fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico, en Buenos Aires. Desembarcó en ese tribunal en el marco de las designaciones masivas que concretó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en junio del 2015. Cabe recordar que, ya en retirada, el anterior Gobierno colocó a jueces, conjueces, defensores y fiscales en diferentes provincias, en un contexto de tensión con el Poder Judicial.
Los 66 nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial mientras el kirchnerismo confrontaba con la Corte.
Pérez Barberá fue uno de los pocos funcionarios provinciales que adhirió a Justicia Legítima y es probable que su pertenencia a ese espacio haya definido su mudanza a la capital federal.
El nuevo “jefe” de la Procuraduría Antilavado fue el único judicial cordobés que concurrió al encuentro que Justicia lLgítima realizó en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, en marzo del 2013. Luego de esa reunión, la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba expresó en un comunicado su desacuerdo con el tono agresivo de las manifestaciones, pero el entonces magistrado respaldó a Gils Carbó, quien en poco tiempo se convirtió en su superior.
Mientras Gonella y Gils Carbó deben sendas explicaciones por el rol que cumplió la Procelac en el caso Báez, el desempeño del área generó polémica otra vez, tras la detención del capo narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, del cartel Caucasia, la semana pasada.
El megaoperativo -que incluyó allanamientos de oficinas, viviendas, bancos y empresas de cajas de seguridad privadas e inhibiciones de inmuebles- fue el resultado de la primera operación de investigación conjunta por lavado de activos proveniente del narcotráfico llevada a cabo entre fiscales colombianos, la DEA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional. La Procelac brilló por su ausencia.
Apenas trascendió la noticia de la aprehensión del narco -actual dueño del tradicional bar porteño “Café de los Angelitos”- varios medios de la ciudad de Buenos Aires destacaron la inacción del organismo creado para desarrollar, justamente, estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de Justicia en hechos vinculados a la criminalidad económica -en especial, con el lavado-. Según consignó Infobae, las reparticiones que participan de la lucha contra el tráfico de drogas y aquel delito comenzaron a exigir una “evaluación de logros”.



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