Uber pedirá regulación (Córdoba, próximo destino)

La firma anunció que aceptará operar bajo un sistema de licencias o afines. Los taxistas locales ya anunciaron que no dialogarán y que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

El ex juez y coordinador general de la iniciativa gubernamental “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, abogado del CEO de Uber en Argentina, Mariano Otero, adelantó en marzo que la estrategia de la firma para poder operar sin inconvenientes sería ir por la regulación del servicio.
En en marco de la batalla judicial que enfrenta la compañía con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde que llegó al país, en el proceso que involucra a Otero el letrado alegó que el procedimiento contravencional está hecho para otros casos y que intentan “deformar” faltas para prohibir a Uber.
Ahora, Justin Kintz, director de Asuntos Regulatorios de América Latina para UBER, confirmó que la empresa planea quedarse en el país y expandirse a otros distritos.
Entrevistado por Infobae, Kintz valoró que la sucesión de problemas que Uber enfrentó en la CABA es la consecuencia de no haber dialogado con el sector público y otros actores del sistema de transporte antes de poner en marcha la aplicación. “Fuimos muy ansiosos con el lanzamiento en Argentina. Comenzamos sin antes haber construido, como se debe, las relaciones que debíamos generar”, dijo.
Además, aseguró a partir de ahora buscará “enmendar el error” y demostrar que la solución es que la prestación que brinda Uber este “debidamente regulada”, con el objetivo de repetir ese esquema Córdoba.
Como paso previo a comenzar a reclutar choferes en la ciudad, apuntó a la necesidad de regularizar la situación en la Capital Federa, cumpliendo con las etapas que corresponden, y con el permiso de las autoridades.
Así, con el fin de abrirse camino y hacer más negocios en el país, Uber decidió adaptarse y bajar el nivel de conflictividad.
En la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña hay un proyecto de ley para regular la actividad y la firma ya adelantó que se adaptaría a la norma que se apruebe; incluso, si se trata de una regulación estricta como la que rige en Montevideo, Uruguay, que la obliga a pagarle un canon mensual al Gobierno y lo autoriza a cobrarle impuestos a los conductores. Además, prevé que cada uno debe ser el dueño de su vehículo y registrarse como empresa unilateral, lo que impide la creación de flotas y resguarda la competencia.
La novedad generó la reacción de los taxistas cordobeses. Lidio Soriano, del Sindicato de Conductores de Taxi, declaró ante medios periodísticos locales que el sector “bajo ningún punto de vista llegará a un acuerdo” para que Uber trabaje en Córdoba.
Soriano indicó que la ordenanza municipal 10.270 no estipula otro tipo de servicios de traslados de pasajeros que no sean los ya establecidos y disparó: “No hay apertura y vamos a ir hasta la últimas consecuencias. No vamos a permitir que ingrese a Córdoba”. En tanto, vaticinó que quienes quieran manejar sus autos para Uber “van a terminar presos”.
El dirigente omitió referirse a varios fallos que, junto con un sistema de licencias o afines, validarán la pretensión de Uber para radicarse en la ciudad.
Hay un precedente favorable para la intención de Uber de reclutar conductores en Córdoba. En febrero, la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil determinó que cada jurisdicción debe resolver qué hace con los conflictos que puede suscitar la actividad de la empresa.
Recientemente, la Justicia dio otra señal que podría alentar a Uber cumplir con su agenda de expansión. Mediante un fallo novedoso, en agosto, las asociaciones de propietario de taxis fueron multadas por haber cortado el centro porteño, en protesta por el desembarco de la firma, a principios del 2016.
En tanto, cabe recordar que a fines del año pasado, en primera y en segunda instancia, la Justicia de la CABA consideró que manejar un auto a través de la aplicación web no es una conducta criminal y desestimó una denuncia penal del gremio que nuclea a los taxistas en contra de 33 choferes de Uber, por la presunta comisión de los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia y asociación ilícita.
La sentencia del juez de Instrucción Luis Zelaya fue apelada por la entidad, pero la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó lo decidido.
En su momento, Zelaya sostuvo que quienes manejan vehículos para la empresa desarrollan una actividad comercial lícita y que, en todo caso, podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.
Además, determinó que no es lógico presumir que la intención de los particulares que conducen para Uber esté dirigida a entorpecer el sistema de transporte. Por el contrario, razonó que pretenden sumar sus servicios.
“No se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro”, consignó.
En resumen, Zelaya opinó que la presentación se basó en la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial.
Luego, por unanimidad, la Alzada también descartó que hubiera un supuesto de competencia desleal o de instigación a cometer delitos, subrayando que Uber busca desarrollar una actividad lícita, bajo un modo de asociación con fines legítimos.
En ese sentido, argumentó que transportar pasajeros sin habilitación oficial no configura una conducta tipificada.
“No se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado, ni los crímenes indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita”, agregó, concluyendo también que la pretensión del sindicato revelaba su disgusto por tener competidores.
Si bien el decisorio no legalizó las operaciones de la compañía, le dio una especie de protección a los choferes, que no podrían ser detenidos.